El Supremo retrasa la sentencia del chivatazo a ETA por su complejidad

El Tribunal Supremo necesita más tiempo para decidir el futuro de los dos mandos policiales que fueron condenados por la Audiencia Nacional a un año y medio de cárcel por dar un chivatazo a un miembro de ETA de que iba a ser detenido. Los magistrados tienen que decidir si confirman la condena, si les absuelven o si aumentan la pena. El fallo es complejo, porque esa alerta se produjo en el marco de una negociación del Gobierno con la banda terrorista y el propio fiscal ya sostuvo en la vista que el objetivo de los dos acusados era que no se rompiera el entonces denominado proceso de paz.

La Sala Segunda del alto tribunal acaba de acordar una prórroga de un mes para dictar la sentencia debido a la “complejidad y el volumen de la causa”, según comunica mediante un auto. Fue el pasado 13 de mayo cuando se celebró la vista de los recursos en el Supremo. El Ministerio Público defendió entonces la tesis fijada por la Audiencia Nacional y sostuvo que el chivatazo al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, en mayo de 2006 no fue un acto de colaboración con banda terrorista por parte de Enrique Pamies y José María Ballesteros, sino un mero delito de revelación de secretos.

Las defensas de los acusados van más allá y piden su absolución, precisamente porque en caso de que fueran ellos los que ayudaron a que Elosúa huyera, alertándole de que iba a ser detenido en una inminente operación contra la red de extorsión de ETA, lo hicieron cumplien órdenes y por un bien superior.

La decisión del Supremo no es sencilla en un momento en el que la banda está prácticamente inactiva y la lucha armada ha cesado. Es más, esta semana la Audiencia Nacional ha absuelto a 40 miembros de la organización juvenil Segi, conocidos como los cachorros de ETA, al entender que sus actividades no se enmarcan dentro de la jerarquía de la banda. Además, la Fiscalía ya ha anunciado que no va a recurrir la sentencia.

[Te interesa leer: La Fiscalía indica al Supremo que el objetivo del 'chivatazo' era acabar con ETA]

También está a punto de conocerse la sentencia, también de la Audiencia Nacional, sobre las 'herriko tabernas', a través de las cuales se financiaba a la organización terrorista. La macrocausa, iniciada en 2002 por el ahora exjuez Baltasar Garzón, fue uno de los grandes triunfos de la lucha antiterrorista en aquellos momentos. De hecho, en la investigación se llegó a detener al que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. Sin embargo, el proceso se ha juzgado casi 12 años después y muchas fuentes jurídicas consideran que, en el caso de que haya condena para los acusados, será con una pena baja, debido las dilaciones indebidas sufridas en la causa.

Aun así, las acusaciones siguen insistiendo en que estos procesos deben seguir siendo perseguidos por su connivencia con ETA. En el caso del chivatazo, por ejemplo, mantienen que los ya condenados por la Audiencia Nacional colaboraron con la banda, porque con esa llamada de teléfono se abortó la operación preparada por el juez Fernando Grande-Marlaska y las autoridades francesas.Dos policías condenados

Según quedó probado en la sentencia que ahora está recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones, Ballesteros entró aquel 4 de mayo al bar Faisán en Irún (Guipúzcoa) y entregó un teléfono móvil a Elosúa. Al otro lado de la línea telefónica, se encontraba Pamies, quien le alertó de su inminente detención por formar parte de la red de extorsión de la banda.

El soplo provocó que Elosúa huyese, aunque tiempo después fue detenido e imputado. Esta semana, la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por la causa que llevó al arresto del dueño del Faisán. En él pide entre seis y ocho años de cárcel para siete acusados, entre los que no está Elosúa, que falleció hace unos meses.

El caso del 'chivatazo' tuvo en su momento una gran expectación, porque desde que se descubrió que habían sido dos cargos policiales quienes habían evitado que se llevara a cabo una operación antiterrorista, el PP lo utilizó como arma arrojadiza contra el Gobierno socialista y particularmente contra Alfredo Pérez Rubalcaba, que en ese momento era el ministro del Interior.

Es más, durante las comparecencias parlamentarias, los diputados del PP le apuntaban a él como el ideólogo de esta operación, que tenía el fin –según el portavoces populares– de evitar un fracaso en las negociaciones con la banda, que finalmente fueron rotas por la propia organización al colocar una bomba en el aparcamiento de la Terminal 4 del madrileño aeropuerto de Barajas que acabó con la vida de dos personas.

Sigue @Segytribunales//