La consecución de la primera vacuna efectiva contra la Covid-19 se ha convertido en un capítulo más dentro de la guerra comercial que mantienen desde hace tiempo Washington y Pekín.
El último episodio ha sido el cierre del consulado chino en Houston decretado por la administración Trump, que llega horas después de que el Departamento de Justicia acusara formalmente a dos piratas informáticos, al servicio del Ejecutivo de Pekín, de sustraer información confidencial sobre el desarrollo de las distintas vacunas contra la Covid a empresas de trece países distintos, España entre ellos.
Según el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John C. Demers, "China ahora ha tomado su lugar, junto con Rusia, Irán y Corea del Norte, en ese vergonzoso club de naciones que proporcionan un refugio seguro para ciberdelincuentes a cambio de que esos delincuentes estén 'de guardia' para trabajar en beneficio del estado, en este caso para alimentar el hambre insaciable del partido comunista chino por la propiedad intelectual ganada con esfuerzo por las compañías estadounidenses y otras empresas no chinas, incluida la investigación de la Covid-19".
Poco después los medios locales informaban de la quema de cientos de documentos en el interior del consulado de China en Houston, lo que hizo que acudieran los bomberos, que no pudieron acceder al recinto. El episodio pronto se vio acompañado de la denuncia de Pekín, que aseguraba que se le exigía el cierre inmediato. Horas más tarde el Departamento de Estado de EEUU ponía blanco sobre negro al confirmar la orden dada a las autoridades chinas sobre la citada sede diplomática, relacionándola directamente con el proceso judicial por espionaje informático.
Según la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, el cierre se decreta para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los ciudadanos de EEUU. La Convención de Viena establece que los diplomáticos deben "respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor" y "tener el deber de no interferir en los asuntos internos de ese Estado", continuó Ortagus, citada por la cadena CNBC.
Agregó que Washington "no toleraría las violaciones de la República Popular de China a la soberanía estadounidense y la intimidación de nuestro pueblo", del mismo modo "que no hemos tolerado las prácticas comerciales injustas de este país, el robo de empleos estadounidenses y otros comportamientos atroces", cita la cadena.
Compra millonaria
Casi al mismo tiempo que se desataban las nuevas tensiones entre EEUU y el gigante asiático, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y de Defensa por 1.950 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus para los estadounidenses.
Bajo el acuerdo, el Gobierno recibiría en primer lugar 100 millones de dosis de BNT162, el proyecto de vacuna en el que trabajan conjuntamente ambas compañías, una vez fuese aprobado por al Administración de Alimentos y Fármacos de EEUU. Posteriormente, podría adquirir 500 millones de dosis más.
Por su parte, el secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, destacó que con este acuerdo "se amplían las probabilidades de que tendremos una vacuna segura y efectiva tan pronto como a final de año".
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