Más de 300 fallecidos, entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y al menos 15.000 heridos, convierten seis semanas de protestas populares en Irak en un baño de sangre. Los últimos datos de la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos de Irak, dejan atrás el balance ya alarmante de Amnistía Internacional, y alertan sobre la violencia policial contra los civiles que, desde el 1 de octubre, han tomado las calles para denunciar las condiciones de vida en el país.
El Observatorio Iraquí de Derechos Humanos informó de que las fuerzas de seguridad habían lanzado este sábado gases lacrimógenos y disparos al aire para dispersar a los manifestantes en diferentes puntos de la capital donde están concentrados y se han enfrentado a los uniformados repetidamente. La ONG aseguró entonces que seis personas habían muerto durante la jornada en las plazas Tahrir, epicentro de las protestas, y Al Jilani, auqnue la cifra no ha llegado a verificarse independientemente.
Desde el primer momento, los manifestantes han arremetido contra el sectarismo y la deficiencia de servicios públicos, así como por la falta de un horizonte económico de Irak, incluso en el sur rico en petróleo. Según las fuentes de Amnistía, este sábado cuatro manifestantes fueron asesinados a tiros y otros dos murieron a causa de las heridas resultantes de las granadas de gas lacrimógeno que impactaron en su cabeza.
Sobre los datos de Amnistía, que cifraban en 264 los civiles fallecidos, en su gran mayoría debido a la actuación policial, durante las manifestaciones que comenzaron con la llegada del mes de octubre contra el desempleo, la corrupción y la ausencia de servicios básicos.
La reacción de los dirigentes
El primer ministro iraquí, Adel Abdelmahdi, anunció este sábado una serie de reformas, incluida la reducción del sueldo de los altos cargos gubernamentales en un 50 %, para tratar de aplacar las protestas que sacuden el país. En un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, el jefe del Gobierno dijo que esas reformas se suman a las ya aprobadas por el gabinete, que por ahora no han desactivado las movilizaciones en las calles, que se han recrudecido desde finales de octubre después de un primer estallido a principios de mes.
El pasado 25 de octubre supuso un punto de inflexión en las protestas. Desde entonces, Amnistía Internacional ha documentado al menos otros nueve casos de uso de gases lacrimógenos para uso militar contra la población civil y pide la suspensión inmediata de su empleo para controlar multitudes, al ser un instrumento letal en el caso de que impacte contra un cuerpo humano.
Abdelmahdi admitió que las manifestaciones han presionado a las fuerzas políticas y a las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas para "corregir el camino y aceptar los cambios", aunque los manifestantes exigen reformas profundas en todo el sistema de poder, que consideran corrupto y sectario.
En la nota, también calificó las actuales protestas como "los acontecimientos más destacados en Irak desde 2003", cuando el régimen de Sadam Husein colapsó tras la intervención militar de Estados Unidos, dando comienzo a años de conflicto armado e inestabilidad política cuyas consecuencias aún se hacen sentir a día de hoy.
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