Las dos caras de la política en Colombia

Primero está el ejercicio de manual básico de democracia: el 30 de octubre los colombianos acudirán diligentemente a las mesas electorales para elegir a gobernadores, alcaldes y concejales.

Pero después está la realidad.

En los meses previos a las elecciones más de dos docenas de candidatos colombianos han sido asesinados. Y se sospecha que hay cientos de ellos que colaboran con guerrillas marxistas y traficantes de drogas. Además, el proceso electoral está plagado de compra de votos y de clanes políticos arraigados que no dejan espacio a los nuevos que llegan con ideas reformistas.

"En algunas zonas del país el proceso electoral es un ritual vacío. Uno ya sabe quiénes van a ganar, y por qué van a ganar", dice Felipe Jiménez, de la Misión de Observación Electoral, una entidad independiente con sede en Bogotá. "No se puede hablar realmente de democracia en estos lugares".

Al igual que la mayoría de las naciones de latinoamericanas, Colombia ha celebrado en las últimas décadas numerosas elecciones presidenciales relativamente limpias, que han despertado gran interés internacional y son difíciles de manipular. A lo largo de este tiempo, Colombia ha logrado avances gracias a una mejoría en sus relaciones con Washington, ha logrado disminuir la criminalidad y abierto las puertas a las inversiones extranjeras, el turismo y el crecimiento económico.

Pero a nivel estatal y local, las autoridades no han logrado garantizar unas reglas de juego equitativas y unos comicios exentos de fraude. El resultado es lo que los analistas llaman "la otra Colombia", zonas en donde la política es brutal y sucia, el dinero público para viviendas y carreteras desaparece sistemáticamente y los niveles de salud y educación son muy bajos.

Ese es el motivo por el que un nuevo informe sobre las elecciones realizado por el International Crisis Group predice que los colombianos se enfrentan a "cuatro años más de gobernanza municipal pobre, altos niveles de corrupción y violencia".

Estos mismos problemas afectan a los vecinos del norte de Colombia, con los cárteles mexicanos intentando afianzar su control sobre América Central. En Guatemala, que celebró elecciones generales este mes, el aumento de asesinatos políticos y homicidios relacionados con drogas es tan alarmante que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha incrementado (hasta 300 millones de dólares) la ayuda destinada a combatir el crimen organizado en América Central.

El año pasado las elecciones primarias para gobernador en el estado mexicano de Tamaulipas fueron anuladas por las denuncias de vínculos de los narcotraficantes con las campañas.

Pero como la atención se concentra en las elecciones presidenciales, pocas personas fuera de la región se dan cuenta de lo que está ocurriendo. "La mayor parte de la comunidad internacional cree que América Latina se ha 'licenciado'" y que ahora es democrática, asegura Nelly Saleh-Ramírez, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, un grupo sin ánimo de lucro con sede en Washington que fomenta las elecciones limpias. "Pero definitivamente hemos visto un deterioro de la democracia en algunas partes".

A diferencia de las elecciones presidenciales, las estatales y locales movilizan a miles de candidatos, incluyendo a algunos con pasados dudosos. En Colombia, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció recientemente que 13.833 de los candidatos que se presentan el próximo mes (un 10 por ciento del total) tienen historial delictivo.

Sus campañas suelen tener lugar en zonas remotas en donde la presencia del ejército y de la policía es mínima, y los rebeldes y las organizaciones criminales abundan. En las zonas apartadas las fuerzas de seguridad son débiles y existe poca vigilancia de los medios o control sobre aspectos como la financiación electoral.

Las personas de estas regiones son a menudo pobres y prácticamente analfabetas, lo que las hace susceptibles de caer en la compra de votos. Este mes el gobernador del empobrecido estado selvático de Guainia fue declarado culpable de comprar votos en las elecciones de 2007. Pagó a los votantes unos 30 dólares por cabeza, y en algunos casos regaló motores para barcos de pesca. (A los candidatos al congreso en las elecciones del año pasado les salió aún más barato el fraude, ya que algunas personas llegaron a vender sus votos por 10 dólares y un bocadillo, según la Misión de Observación Electoral).

Los grupos armados intentan elegir a políticos que miran hacia otro lado en lo que se refiere a sus actividades criminales, y que conceden contratos de obras públicas a sus amigos y parientes, según Ariel Ávila, de la Corporación Nuevo Arco Iris, de Bogotá.

En el estado de Aruca, rico en petróleo, los políticos por ejemplo han dilapidado millones de dólares de royalties en proyectos como un velódromo de tamaño olímpico, aún cuando en esa región apenas hay ciclistas.

En otros casos se han puesto de acuerdo con políticos locales para bloquear iniciativas gubernamentales nacionales, como la campaña para devolver a los pequeños campesinos las tierras robadas por los paramilitares, guerrilleros y narcos.

El principal candidato gubernamental en Arauca, por ejemplo, ha sido repudiado por su propio partido debido a su estrecha relación con un ex gobernador encarcelado por sus vínculos con los escuadrones de la muerte paramilitares.

También hay muchos rumores sobre los posibles vínculos con la guerrilla de otro candidato a gobernador, Facundo Castillo. "Tengo un historial limpio", ha declarado a GlobalPost. "Nadie puede demostrar que jamás me haya reunido con un grupo armado".