El nuevo Parlamento de Venezuela adoptó el pasado jueves la primera medida a favor de lo que la oposición considera "presos políticos". En este sentido, la Audiencia Nacional (AN) aprobó, con los votos de la mayoría opositora, un acuerdo que insta al Estado a acatar las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos referidas a opositores presos.
La medida fue rechazada, como era previsto, por el bloque chavista de la AN, que afirmó que este acuerdo viola "las normas básicas del derecho internacional público", al interferir con el principio de la "no injerencia en asuntos internos de los países". Sin embargo, según recogen medios venezolanos como El Nacional,Leopoldo López saldría en libertad "de manera inminente" si se acata el acuerdo del Parlamento.
El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que el proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones dictadas por Organismos Internacionales de Derechos Humanos, aprobado en la Asamblea Nacional, permitirá exigir en tribunales la liberación inmediata de los presos políticos.
"La AN ratificó la necesidad de que se protejan los DD HH y de que se cumpla lo establecido en los pactos internacionales", declaró. El abogado también aseguró que la Constitución consagra que las decisiones emanadas de organismos internacionales de DD HH son de carácter vinculante. "El cumplimiento del acuerdo podría llevar a la liberación de Leopoldo López", afirmó.
El texto aprobado exhorta al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que instó a poner en libertad a López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó con la muerte de tres personas.
Asimismo, el documento pide cumplir la recomendación de Naciones Unidas de liberar al exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron con esa marcha y que acabaron con 43 muertos.
También llama a responder un requerimiento similar del grupo de trabajo de la ONU sobre el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también arrestado en su residencia pero, en este caso, acusado de "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El acuerdo parlamentario incluye cumplir con recomendaciones similares del grupo de trabajo sobre los detenidos de esas protestas, entre ellos el dirigente Rosmit Montilla, quien fue elegido diputado en las pasadas legislativas y que permanece en prisión.
Además, solicita garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la exjueza María Lourdes Afiuni Mora, a la que ha instado el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Afiuni está siendo procesada por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño -procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales-, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.Los caminos judiciales y la Ley de Amnistía
La mayoría calificada opositora, aglutinada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene previsto debatir en el pleno en pocos días una ley de "amnistía y reconciliación" con la que pretenden poner en libertad a los opositores encarcelados, una medida que Maduro ha rechazado y que ha advertido que vetará.
El jefe del Ejecutivo venezolano propuso al presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, que "frente a la injusticia del perdón de los victimarios" se proteja a "las víctimas, a todas", y las reivindiquen "estén donde estén".
Maduro señaló que con una ley de amnistía la oposición estaría "clavándole un puñal a la paz del país", al conceder libertad a los opositores encarcelados que, dijo, cometieron un "error político", al "tratar de forzar la historia a través de la violencia".
El Presidente, una vez que reciba el texto aprobado por la Asamblea, puede vetarlo. Es decir: puede formular observaciones para que la Asamblea decida si las considera o no. Una vez que la Asamblea remita de nuevo el texto aprobado al Presidente, éste sólo tiene una opción: promulgar la Ley.No obstante, Maduro también podría considerar que el texto aprobado por la Asamblea -en este caso, la Ley de Amnistía- es violatorio a la Constitución, caso por el que requerirá la opinión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí está el principal obstáculo:Si la Sala Constitucional opina que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea esa violatoria de la Constitución, podría frenar el acuerdo.
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