Los diamantes son el mejor amigo de un dictador

(Harare, Zimbabue). Activistas de derechos internacionales han recibido con cautela la decisión del Consejo Mundial de Diamantes para permitir que diamantes procedentes de las polémicas excavaciones en Chiadzwa, al este de Zimbabue, puedan ser exportados bajo la supervisión del Proceso Kimberley.

Advierten que será necesaria una inspección rigurosa de todo el proceso de extracción, para asegurar que el gobierno de Robert Mugabe no incumpla lo pactado tras semanas de intensas negociaciones.

Las minas en la zona de Chiadzwa, cerca de la frontera con Mozambique, han estado rodeadas de polémica, organizaciones locales e internacionales como Global Witness o Partnership Africa Canada han lanzado graves acusaciones por abusos de los derechos humanos.

El activista zimbabuense Farai Maguwu fue puesto en libertad a mediados de mes tras pasar tres semanas encarcelado, gran parte de ese tiempo sin tener acceso a familiares o abogados.

Maguwu había sido acusado de "difundir falsedades perjudiciales para el estado" tras facilitar material confidencial a un inspector del Proceso Kimberley, el sudafricano Abbey Chikane, en el que se detallaban matanzas, secuestros y otros abusos por parte de los militares zimbabuenses.

La detención de Maguwu generó una oleada de indignación, que retrasó las negociaciones para encontrar una solución a la situación en el país africano.

Finalmente hace unos días se llegó a un acuerdo en la ciudad rusa de San Petersburgo.

"La pelota está ahora firmemente sobre el tejado de Zimbabue para que cumpla sus promesas y actúe para poner fin a uno de los casos más notorios de violencia vinculada a los diamantes en muchos años", asegura Annie Dunnebacker, de Global Witness.

Los grupos de activistas esperan que el acuerdo, si se cumple en su integridad, sirva para acabar con los ampliamente documentados abusos en las minas de diamantes de Zimbabue.

En un punto del proceso de negociación, Abbey Chikane llegó a asegurar que sus maletas habían sido abiertas por agentes de la inteligencia "malvados". Poco después, correspondencia entre él y autoridades de EEUU apareció publicada en los medios de comunicación controlados por el gobierno de Mugabe, anticipando un resultado negativo del acuerdo.

Australia, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos se han opuesto a levantar las restricciones a la venta de lo que se conocen como "diamantes de sangre".

El acuerdo alcanzado en Rusia ha sido celebrado en Zimbabue como un triunfo de su diplomacia. El ministro de Minas, Obert Mpofu, había llegado a decir que la hostilidad de occidente al levantamiento de sanciones formaba parte de una conspiración para acabar con el régimen de Mugabe.

El gobierno de Mugabe ha acumulado en los últimos años diamantes valorados por encima de 1.300 millones de euros. Con el acuerdo alcanzado, Zimbabue podrá exportar una cantidad limitada de los diamantes extraídos desde el 28 de mayo en dos minas del distrito de Marange, en donde está Chiadzwa. Zimbabue podrá exportar además un lote de diamantes adicional en septiembre, siempre supeditado a la inspección del Proceso Kimberley. Cualquier exportación posterior estará vinculada a "mejoras cuantificables" en las condiciones de las minas.

El gobierno de Zimbabue ha estado acosando a compañías mineras con derechos legítimos sobre las minas de Marange. La empresa African Consolidated Resources, que cotiza en la Bolsa de Londres, ha sido una de sus víctimas más notorias.

Paralelamente, dos compañías con poca experiencia en minería pero encabezadas por militares zimbabuenses retirados, se han hecho con el monopolio virtual de la actividad de extracción de diamantes en el país a través de sus vínculos con corporaciones controladas por el gobierno. Uno de esos militares testificó contra el líder de la oposición Morgan Tsvangirai en el juicio por traición que se celebró contra él hace siete años.

Muchas personas consideran que las concesiones a las nuevas compañías mineras no fueron otorgadas de forma transparente.

 "Este acuerdo dista mucho de ser perfecto", dice Nadim Kara, de Partnership Africa Canada. "Requerirá esfuerzos considerables de todas las partes implicadas en el Proceso Kimberley, especialmente Zimbabue, para que funcione".

Algunos observadores han apuntado que muchas compañías asentadas en el sector han acabado sufriendo el mismo destino que los granjeros comerciales. Dichas empresas han visto cómo sus derechos legítimos de explotación de minas de diamantes han sido suspendidos de forma sumaria o sus minas eran ocupadas por los amigos de Mugabe.

El periódico Zimbabwe Independent publicó recientemente un dosier difundido por la nueva ministra de Interior, Theresa Makone (del partido Movimiento para el Cambio Democrático, de Tsvangirai), en el que se detallan casos en los que individuos poderosos, incluidos oficiales del Ejército, se han negado a acatar órdenes del Tribunal Supremo mandándoles abandonar las granjas que han ocupado. La policía, a su vez, se niega a intervenir.

"Siguen el mismo patrón" que con las granjas, asegura Shadreck Dube, que ha sido testigo directo de la ocupación de tierras. "Simplemente toman lo que quieren. Es criminal".

Según las investigaciones de Chikane, Zimbabue ha exportado más de 23 millones de euros en diamantes, pero el Tesoro nacional no tiene contabilizado dicho dinero.

A este respecto, el ministro de Finanzas de Zimbabue, Tendai Biti, ha asegurado en el Parlamento que ese dinero tendrá que ser contabilizado según marca la legislación. "Eso evitará la opacidad y sospecha que hay sobre la calidad y el valor real de los recursos que se generan con las actuales operaciones de extracción de diamantes en Marange", afirmó.

Dado el historial del régimen de Mugabe de seguir adelante en cualquier actividad provechosa, el futuro del sector de los diamantes parece que se anuncia turbulento.