El Gobierno italiano ha anunciado la retirada el inicio del trámite para retirar la concesión a Autostrade, filial de Atlantia. El Ejecutivo ha acusado directamente a la empresa Autostrade per l'Italia, responsable del mantenimiento del puente Morandi, que se vino abajo este martes en Génova, dejando al menos 38 víctimas mortales. El ministro de Transportes, Danilo Toninelli, ha anunciado que ha activado "los procedimientos para la eventual revocación de las concesiones, y para comenzar multas de hasta 150 millones de euros". En los mismos términos se ha pronunciado el viceprimer ministro, Matteo Salvini. "La revocación de las concesiones es lo mínimo que se puede esperar tras lo sucedido", ha declarado.
Entretanto, según el último balance ofrecido por el ministro del Interior, Matteo Salvini, son ya 38 los fallecidos por el derrumbe del puente, entre ellos tres niños de 8, 12 y 13 años. Además, hay 16 heridos, doce de los cuales se encuentran en estado crítico. Las labores de rescate, en las que participan un millar de efectivos, han continuado durante toda la noche.
"Lo primero de todo los directivos de Autostrade per l'Italia deben dimitir", ha sostenido Toninelli en un mensaje publicado en su perfil de Facebook, tras expresar su "rabia porque en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba". El ministro, miembro del partido antisistema Movimiento 5 Estrellas, ha recalcado que quienes sean responsables de "esta tragedia injustificable deben ser castigados" y ha arremetido contra las empresas que gestionan las autopistas italianas, "a las que desembolsamos los peajes más caros de Europa mientras ellos pagan concesiones a precios vergonzosos".
"Recaudan miles de millones, pagan en impuestos unos pocos millones y no realizan ni siquiera el mantenimiento que sería necesario en puentes y ejes viarios", ha lamentado el titular de Transportes. "Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, lo hará el Estado", ha asegurado Toninelli. El ministro de Transporte ha prometido además que el Gobierno de coalición pondrá en marcha "un verdadero 'Plan Marshall' para asegurar las infraestructuras, muchas de las cuales fueron construidas en los años 60 y 70".
En el mismo sentido se ha pronunciado el viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini que ha pedido además que se identifique a los responsables. "Alguien no hizo lo que debía", ha subrayado, denunciando que se trata de una de las autopistas más caras de Italia y poniendo en duda que no hubiera indicios de que algo así podría suceder. Asimismo, en declaraciones a la cadena Sky, ha sostenido que el "Gobierno tiene la obligación de radiografiar y controlar todas las obras públicas en el país", incluidas las de gestión privada, e invertir en hacerlas seguras.
Por su parte, el también viceprimer ministro y líder del M5S, Luigi di Maio, ha defendido que el derrumbe "se podía evitar" puesto que "no se realizó el mantenimiento". "Los responsables tienen nombre y apellido y son Autostrade per l'Italia", ha subrayado Di Maio, en declaraciones a Radio Radical. En este sentido, ha considerado que puesto que Autostrade no realizó el mantenimiento "hay que retirar las concesiones y pagar multas". Además, al igual que Toninelli, ha sostenido que si una empresa privada no es capaz de cumplir con su cometido, "lo gestionará el Estado".
Un contrato 'a dedo'
La concesionaria adquirió un contrato de mantenimiento por 20 millones de euros, a través de un sistema "restringido". Por el mismo, las autoridades se otorgaban la capacidad de seleccionar e invitar a las empresas que decidieran sin ningún requisito previo. Ahora, una vez que el desastre es irreversible el ministro de Infraestructuras pide responsabilidades.
Una de las claves del contrato que ganó Autostrade, el pasado mes de mayo, es su característica de acuerdo restringido ("procedura ristretta"), según reza en la propia página de la compañía. El procedimiento restringido está regulado por el artículo 61 del Código de Contratos de Obras Públicas en Italia, y da completa libertad a las autoridades para otorgar contratos. De hecho, mientras el punto uno del artículo señala que todos los agentes económicos pueden presentarse, en el número tres da total potestad a la Administración para decidir qué compañías pueden presentarse a la fase final de elección. Es más, en ningún punto de la ley se reconoce o se dan indicaciones de que la elección debe tener una base económica o de cualquier otro tipo.
Otra de las claves del contrato es que supone un flujo continuo de ingresos, dado que "los costes de mantenimiento son muy altos", según explicó el profesor de infraestructuras en hormigón armado en la Facultad de Ingeniería de Génova, Antonio Brencich. Además, el docente recalcaba que el coste del mantenimiento era "incluso superior que derrumbarlo y volverlo a construirlo", por lo que los ingresos para la constructora eran así más continuos y seguros que derribando el puente, como señalaban distintos informes.
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