Las autoridades rusas, dirigidas por Vladimir Putin, han iniciado una contraofensiva para aplacar las mayores protestas opositoras de los últimos años. Las acciones para sofocar a la disidencia del Gobierno ruso, incluye encarcelamientos, persecución penal, registros y denuncias de injerencia extranjera en la vida política.
Serguéi Boiko, líder del Partido Libertario y uno de los 'cabecillas' de las manifestaciones, aseguró el jueves a la agencia Efe que las protestas antigubernamentales "han sido pacíficas" y achaca al actual Gobierno de estar "criando radicales" a través de la represión policial: "El que busca el conflicto es el Kremlin", sentenció.
Tras varias semanas a la defensiva, las autoridades han retomado la iniciativa con una campaña que busca acallar a los líderes de la protesta, que se encuentran casi todos bajo arresto, e intimidar a sus partidarios, en su mayoría jóvenes que solo han conocido a un inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, en el poder desde 1999.
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el arma de investigación judicial del Kremlin, tiró la primera piedra al incoar un caso penal por "disturbios masivos", que defensores de los derechos humanos consideran fabricado, ya que son decenas de civiles los que resultaron heridos por el desproporcionado uso de la fuerza por la policía.
Las universidades: la cuna de las protestas
Ya son diez los jóvenes que han sido imputados en dicho caso por acciones como arrebatar el casco a un efectivo antidisturbios, lanzar un vaso o botella de plástico contra la policía, o simplemente, hacer indicaciones con la mano para dirigir a la multitud. Esos manifestantes, jóvenes de entre 21 y 25 años contra los que la Justicia rusa ha dictado dos meses de prisión preventiva, podrían ser condenados a hasta ocho años de cárcel, lo que ha causado gran indignación en Moscú, especialmente entre la comunidad universitaria.
"No hubo ningún disturbio. Fue la policía la que utilizó una violencia sin precedentes contra los manifestantes. La ley dice que disturbios es cuando se vuelcan autobuses, se queman coches, se lanzan piedras. Nada de eso ocurrió. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) quiere una revolución, un Maidán, para recibir nuevas privilegios", consideró Boiko en referencia a la revuelta en la que fue derrocado el entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, en 2014.
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