Las acusaciones sobre Rusia no dejan de aumentar, de hecho ya durante la cumbre del G20 de este fin de semana las autoridades internacionales dirigieron sus críticas contra Vladimir Putin por el tema de la crisis en Ucrania, un conflicto que, según las organizaciones de derechos humanos alcanzan más de 3.600 muertos.
"Las autoridades han acosado a los medios de comunicación tártaros y pro-ucranianos, han cerrado oficinas y han sometido a acoso y han amenazado con cerrar otras", cita este documento, el último informe de Human Rights Watch ("Derechos Humanos en retirada, abusos en Crimea"), que se basa en 42 entrevistas con actitvistas, abogados, miembros de las comunidades tártaras y otros colectivos.
La organización ha contado con numerosos testimonios de los crimeanos que denuncian desapariciones de activistas defensores de derechos humanos. Cuentan el caso de Edem Asanov, un activista que trabajaba en las redes sociales pero no políticamente activo que desapareció en una zona próxima a Simferopol, la capital de la "perla del mar Negro". Este desapareció el 29 de septiembre y su cuerpo fue encontrado días más tarde colgado, en una localidad llamada Evpatoria.
Pero este no es el único. Hay casos como el de Eskender Apeslyamov, de 23 años, que dejó su apartamento para ir a trabajar y al que no se le volvió a ver. Sus progenitores y familiares le dijeron a Human Rights Watch que intentaron localizarle, pero estos esfuerzos no obtuvieron su fruto.Acoso a los miembros de la comunidad tártara
La organización se hace eco de los sucesivos acosos a los que están siendo sometidos los miembros de la comunidad tártara. Esta minoría étnica está sufriendo el peso de la ocupación rusa, de hecho les impiden manifestarse de manera pacífica cuando hacen las conmemoraciones del aniversario de las deportaciones masivas, que tuvieron lugar en 1944.
La ONG ha asegurado que las autoridades de Crimea han obligado a los residentes de la península que son ucranianos a convertirse en rusos o, si rechazan la ciudadanía rusa, les consideran extranjeros y "les quitan cualquier garantía que impida su futura expulsión".
Uno de los líderes de la comunidad de los Mejlis, crimeanos, fue acusado de llevar a cabo acciones extremistas y le llegaron a prohibir entrar en la península durante 15 años.
Los musulmanes también están siendo sometidos a abusos de todo tipo, de hecho el día de la conmemoración masiva de los tártaros, en el setenta aniversario, cientos de hogares fueron registrados de arriba a abajo y muchos de ellos fueron acusados de llevar a cabo actos terroristas.
De hecho las autoridades rusas, según HRW, han llevado a miembros de la comunidad musulmana a las comisarías de policía para tomarles las huellas dactilares y para interrogarles sobre sus creencias religiosas.
Uno de los miembros de la comunidad de los Mejlis, Eskender Bariev, dijo que con motivo de la celebración de las elecciones, del pasado 14 de septiembre, una quincena de hombres se presentaron en su apartamento para hacer un registro porque supuestamente tenía drogas, "literatura prohibida" y otros objetos ilegales.
HRW ha hecho hincapié en que la comunidad internacional y las organizaciones multilaterales no deben olvidar el declive en materia de Derechos Humanos que está sufriendo Crimea. En este sentido, ha reclamado a los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aprueben una resolución para exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones que ha realizado sobre Crimea la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania.
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