Las maras ya reinan en el 90% de El Salvador y causan pérdidas por 4.000 millones

El Salvador se desangra por la violencia de sus pandillas salvajes. Las muertes, secuestros y extorsiones son moneda corriente en sus entrañas. Pero más allá de esta dramática situación cotidiana, que se cobra día a día las vidas de inocentes a un ritmo voraz y obviamente es el tema que más alarma, el Banco Central de Reservas del país latinoamericano ha realizado un estudio para traducir en cifras las acciones vandálicas de las temidas 'Maras'.

El estudio, titulado 'Estimación del Costo Económico de la Violencia en El Salvador', ha tenido como objetivo medir el coste económico de la violencia, en proporción con su PBI. Las cifras, que fueron confeccionadas en abril pasado pero que acaban de tomar estado público al ser reproducidas por The New York Times y el periódico salvadoreño El Faro (quienes han realizado una minuciosa investigación sobre el tema), establecen que a El Salvador le cuestan cada año 4.000 millones de dólares (más de 3.700 millones de euros) los hechos criminales que se suceden en su territorio.

Esto se traduce en el impacto por la merma en las actividades de los comerciantes (en su gran mayoría extorsionados por las mafias), en los pagos de rescates solventados por familiares de víctimas de secuestros, en el gasto ocasionado por las fuerzas de seguridad para intentar atajar el problema de las bandas cada vez más numerosas, en las personas que deciden escapar cada día de una nación devastada por la sangre y en los efectos colaterales de una economía sumergida y clandestina, ya que las pandillas controlan innumerables negocios en las sombras, como prostíbulos, bares, moteles y hasta concesionarios de coches.

El Salvador no tiene comparaciones en el planeta a la hora de cuantificar las muertes por homicidios y asesinatos. Lidera el triste ranking de estados violentos, si no se tienen en cuenta las naciones que albergan muertes no naturales. La tasa actual es de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. En un país pequeño, de apenas de 6,5 millones de habitantes, más de 60.000 están enrolados en las dos pandillas más importantes: Mara Salvatrucha y Barrio 18, con dos ramificaciones muy marcadas: las facciones 'Sureños' y 'Revolucionarios'.

Éstas extorsionan hoy a siete de cada diez comerciantes y se han apoderado de 247 de los 262 municipios del país, lo que supone casi el 90% del territorio. Obligan al desplazamiento de comunidades enteras y fuerzan a miles de salvadoreños cada mes a intentar fugarse clandestinamente a Estados Unidos, en busca de paz y de mejores condiciones de vida.

A la Mara S-13 (con unas 40.000 personas en sus filas) se la compara en grado de salvajismo y violencia con los peores grupos del mundo, como las bandas narcos Jalisco Nueva Generación y Zetas mexicanas, la japonesa Yakuza, y las mafias Círculo de la Hermandad rusa y Camorra italiana. No están organizadas desde el punto de vista económico ni poseen la logística impresionante de esas otras organizaciones, pero en número y fuerza están en la misma escala, según las cataloga la CIA. Nunca en las historia las pandillas callejeras de ningún país habían alcanzado semejante 'estatus'.

En realidad se trata de "ejércitos de pobres. El salvador ha sido puesto de rodillas por un ejército de moscas", han señalado El Faro y The New York Times en su investigación conjunta.

En su 'modus operandi' tan particular, además de la extorsión a comerciantes las maras se ceban principalmente con el sector del transporte. Los pandilleros han asesinado a 692 conductores o trabajadores de autobuses y a 93 policías en el último lustro (según los datos recogidos por El Faro, que ha accedido a registros policiales internos para publicar esa cifra).

The New York Times cita como ejemplo para graficar la situación el caso de Genaro Ramírez, un exdiputado del Partido de Conciliación Nacional y dueño de una importante flota de buses salvadoreños, quien ha desembolsado 500.000 dólares en pagos de extorsión a las maras en los últimos 19 años.

Las denuncias por extorsiones han superado las 7.500 en los últimos dos años. Los pandilleros cobran cuotas a empresarios y tambíén a pequeños emprendedores, a cambio de 'protección' y de no atentar contra ellos o sus familiares. También para delimitar áreas 'libres de robos', si es que las víctimas del chantaje 'colaboran' y ceden ante sus coacciones.

Los dueños de pymes se llevan la peor parte. Muchos de ellos residen en los mismos barrios humildes y marginales que los integrantes de las maras. Deben cruzarse con ellos a diario. Muchos ni se animan a denunciar, por miedo, lo que torna aún más sombrío el problema.