El ex candidato presidencial, líder de Fuerza Solidaria, presidente de la ONG UnoAmérica y conocido luchador contra el gobierno de Hugo Chávez, pudiera se condenado de 6 a 10 años de cárcel por terrorismo.
El 12 de julio de 2010, Peña Esclusa fue detenido en su casa por una unidad de inteligencia, e inmediatamente se le acusó de estar preparando un magnicidio contra el jefe del Estado venezolano, en compañía de Francisco Chávez Abarca, un salvadoreño apresado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía unos días antes, al que se le conoce como lugartiente de Luis Posada Carriles, destacado opositor contra el régimen castrista y autor de una serie de atentados en La Habana en los años 90, y juzgado ahora en Estados Unidos.
Posada Carriles, de 82 años, enfrenta 11 cargos de perjurio, obstrucción de justicia y fraude migratorio, por presuntamente haber mentido al declarar sobre cómo llegó a Estados Unidos.
Por su parte Francisco Antonio Chávez Abarca, a las pocas horas de llegar a Venezuela, y sin ser presentado ante un juez para corroborar las acusaciones contra Peña Esclusa, fue enviado a La Habana donde está siendo juzgado.
Los explosivos
En una entrevista que Esclusa concedió desde su lugar reclusión a lainformacion.com , a la pregunta sobre las armas y explosivos hallados por los agentes de inteligencia en su hogar, lo negó con vehemencia: "Ellos no encontraron el explosivo, sino que lo colocaron allí. Los mismos funcionarios los 'sembraron' la noche del allanamiento y después alegaron haberlos hallado".
Irrumpieron alrededor de veinte comandos policiales en la vivienda, muchos de ellos con bolsos (tipo koala); me esposaron de inmediato y ocuparon simultáneamente todos los ambientes de la casa; por eso mi esposa no pudo supervisar su actuación.
Ella estaba retenida en una habitación con tres funcionarios, quienes le exigían, bajo amenaza, permanecer junto con ellos y con los dos supuestos testigos traídos por la policía.
Por no conocer mi casa, cometieron el error de sembrar los explosivos en el escritorio de mi hija de ocho años, lo cual restó credibilidad al operativo y a las acusaciones del gobierno. ¿Quién va ser tan insensato de guardar explosivos en el mueble de su propia hijita?"
Montaje político
Con esas supuestas pruebas, el Tribunal Sexto de Caracas admitió la acusación presentada por los fiscales, y, en consecuencia, ordenó el enjuiciamiento.
La Fiscalía General de la República ha dicho que los agentes que allanaron su apartamento encontraron 100 detonadores y 900 gramos de explosivos C-4.
El director de contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), David Colmenares, dijo que los agentes allanaron el apartamento del dirigente de Fuerza Solidaria, sobre la base de la información que les dio el salvadoreño Francisco Chávez Abarca.
La oposición venezolana considera el caso como un "montaje político" y diversas organizaciones de los Derechos Humanos de Europa y Estados Unidos han pedido al gobierno de Hugo Chávez la libertad plena del detenido.
Declaraciones
El dirigente político venezolano, Alejandro Peña Esclusa, ha respondido a la decisión del Tribunal Sexto de Caracas, de ordenar un juicio en su contra por la presunta comisión de los delitos de "tráfico de arma de guerra bajo la modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir".
Peña Esclusa declaró al salir de los tribunales:
"Es obvio que esto es un montaje, y así lo demostraron mis abogados defensores durante la audiencia preliminar. Soy víctima de un complot del gobierno venezolano por las graves denuncias que vengo haciendo sobre los nexos de Hugo Chávez con las FARC. Al momento de mi detención estaba al frente de un equipo internacional de juristas para acusar a Chávez ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad".
Ha asegurado que "el complot cuenta con tres factores, primero, el Director de Inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), David Colmenares, quien inventó una falsa declaración de Chávez Abarca en mi contra para justificar una allanamiento a mi casa para sembrar los explosivos; segundo, el fiscal Didier Rojas, quien se prestó para esta maniobra ilegal, por su incondicionalidad con el Régimen; y tercero, el juez Luis Cabrera, quien está al servicio del gobierno; así se lo reclamé directamente en su cara, durante mi exposición en la audiencia, justo antes de recusarlo, pero fue tan descarado que él mismo decidió sobre su propia recusación, al declararla inadmisible".
El presidente de UnoAmérica ha añadido que "mi caso demuestra que en Venezuela no hay justicia, y que la persecución política está a la orden del día, como lo señalaron recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, y muchas otras organizaciones internacionales".
Alejandro Peña Esclusa ha dicho que, durante el juicio, utilizará su caso como herramienta "para mostrar al mundo la corrupción del sistema judicial venezolano. Un sistema que encarcela gente inocente, persigue a los opositores, convalida las confiscaciones ilegales del gobierno, y que está plagada de funcionarios corruptos, testigos falsos, y extorsionadores profesionales".
El caso de Alejandro Peña Esclusa se está convirtiendo en un escándalo internacional. Parlamentarios de Europa y de América Latina han señalado públicamente que se trata de una persecución política. El Vice Gobernador de Sao Paulo y el Gobernador de Alabama escribieron cartas a Chávez exigiendo su liberación. Y el Cardenal Jorge Urosa considera que Peña Esclusa es inocente.
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