Luz verde a la reforma de la financiación autonómica... ¿y la local?

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ara quienes seguimos los avatares de las cuentas públicas la noticia de la semana pasada fue la tramitación urgente de la Ley de Cupo y, para calmar a muchos, la promesa de alcanzar pronto un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Parece que todo el mundo se ha olvidado de la financiación de los ayuntamientos, las diputaciones y los consejos y cabildos insulares, como si no tuvieran problemas.

Cierto es que desde 2012 las administraciones locales presentan en su conjunto superávit, por lo que, a diferencia de las CCAA, no necesitan en principio más dinero. Sin embargo, los recursos que ahora transfiere el Gobierno Central a ayuntamientos y diputaciones (algo más de 18.000 millones de euros, según la liquidación de 2015) adolecen de serios problemas de equidad interterritorial que deberían corregirse. Además, los tributos locales se regulan por Ley estatal y requieren una puesta al día.

El pasado jueves Fedea organizó un seminario en el que pudimos conocer y debatir en profundidad el informe para la revisión del modelo de financiación local. Contiene un conjunto de recomendaciones sobre la base del consenso y la viabilidad práctica, según nos explicó la profesora Ana Muñoz Merino, que presidió la comisión de expertos autores del citado informe. No cabe aquí glosar todos los debates que allí tuvimos, pero me gustaría destacar dos aspectos que requieren soluciones globales, o sea que deberían reformarse conjuntamente con la financiación autonómica.

Empecemos por lo más urgente, el impuesto llamado de plusvalías. El Tribunal Constitucional ha declarado que no se puede exigir en caso de pérdidas. Esto crea serios problemas a los contribuyentes que han tenido minusvalías en la venta de vivienda, y también perjudica a los ayuntamientos que aplican este impuesto potestativo. Los primeros porque tienen que pagar un impuesto ilegal para solicitar luego su devolución, y los segundos porque soportan incertidumbre y riesgos judiciales sobre sus ingresos. Todo ello requiere adoptar cuanto antes alguna decisión legislativa.

Para ello, los expertos aconsejan sustituir el anterior por un nuevo Impuesto Municipal sobre Plusvalías Inmobiliarias, con el fin de gravar los incrementos de valor de los bienes inmuebles. Para corregir la doble imposición, proponen que el nuevo tributo sea deducible de la base imponible de los distintos impuestos estatales sobre ganancias inmobiliarias. Uno de ellos es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido a las comunidades autónomas. Su reforma también apremia porque varias comunidades han desfiscalizado las herencias para los familiares más cercanos. Pues bien, una opción podría ser vincular ambas figuras y evitar así que el objetivo de no gravar en exceso a las personas de renta baja y media en un impuesto (el de sucesiones) quede desvirtuado por el otro (el de plusvalías).

En segundo lugar, la Constitución, en su artículo 142, establece que “Las Haciendas Locales (…) se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas”. La citada comisión ha concluido que la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos no se cumple más que de forma marginal. En efecto, salvo en los casos de regímenes de financiación privilegiados como el foral o el canario, solo Andalucía y Castilla y León han regulado por ley un sistema de transferencias incondicionadas ligadas a la evolución de sus propios tributos.

Para dar cumplimiento al artículo 142, a mi juicio, en la próxima reforma de la financiación autonómica podría introducirse la previsión de que parte de los 18.000 millones que el Estado aporta a las entidades locales se transfieran a las CCAA. Este traspaso tendría un coste nulo para el Estado y debería condicionarse a la promulgación de leyes autonómicas que garantizasen un reparto automático y una regla de evolución ligada a los ingresos de la comunidad. Con ello se situaría en el ámbito regional el conflicto de intereses que comporta cualquier sistema de financiación territorial. Las cámaras legislativas autonómicas se enfrentarían así al dilema de financiar sus propios servicios y los de las entidades locales y, en mi opinión, lo resolverían mejor que el Estado porque, por razones de proximidad, conocen bien ambas realidades.

He citado solo dos de los motivos que permiten sostener que la reforma de los sistemas de financiación autonómica y local debería llevarse a cabo de forma simultánea y coordinada. Para ello se requieren pactos políticos amplios en los que se impliquen los principales partidos. Los expertos han hablado, ahora nuestros representantes disponen de herramientas técnicas a las que deben dotar de sentido político para consolidar y mejorar nuestro modelo territorial. Ojalá no lo hagan por trozos, acertarán si lo hacen con perspectiva integral.