Los fondos de pensiones, el ahorro y la justicia fiscal

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ay que ahorrar más” nos pidó el presidente del Gobierno hace unos días. Lo hacía al hilo de un decreto relativo a la posibilidad de rescatar el capital de los fondos y planes de pensiones a los 10 años, sin tener que esperar forzosamente a la jubilación. No fue bien recibida esta llamada en un contexto en el que las rentas de la mayoría aún sufren los efectos de la devaluación salarial, que ha sumido a muchas familias en terribles dificultades. Para mayor desasosiego, Rajoy dice que ahorremos para complementar nuestra pensión y también para educar a nuestros hijos, en un país donde la educación obligatoria es gratuita y la superior está todavía muy subvencionada. Quizá sea un lapsus debido a lo que tiene en mente en materia educativa, pero será mejor que no lo interpretemos.

La polémica ha sido útil para poner de relieve algunos datos en relación con los fondos de pensiones. Así, hemos sabido que están obteniendo una rentabilidad inferior a la del Ibex, lo que revela una gestión muy prudente, o incluso deficiente. Si usted ahorra por esta vía, la rentabilidad económica es muy baja. Ni siquiera hay garantía de no perder poder adquisitivo. En parte, este pobre resultado se debe a que las comisiones resultan muy elevadas, por lo que parece acertada la decisión del gobierno de reducirlas.

Si la rentabilidad es baja, la pregunta es por qué las personas ahorran a largo plazo en fondos de pensiones en lugar de utilizar otras fórmulas. La respuesta está en un trato fiscal favorable, que podría compensar la baja rentabilidad económica. Supongamos un contribuyente de 47 años que aporta 8.000 euros para su plan de pensiones. Si declara ingresos totales en torno a 40.000 euros, tendrá un ahorro en su declaración de IRPF del orden de 3.000 euros, un incentivo muy fuerte a corto plazo. A cambio, los 8.000 euros invertidos más la rentabilidad que hayan generado, tributarán por una cuantía similar cuando, al jubilarse dentro de 20 años, empiece a cobrar una renta. Por tanto, el atractivo fiscal nace principalmente del hecho de pagar más tarde, aunque hay también una posible ganancia si el tipo marginal de gravamen en la jubilación es inferior al del momento presente.

Hay buenas razones económicas para fomentar el ahorro privado desde las políticas públicas. El ahorro es un factor de crecimiento en la medida que financia la inversión, de modo que su estímulo dará lugar a una mayor prosperidad de todos. Por otra parte, los individuos pueden carecer de información sobre sus necesidades futuras para tomar las decisiones más adecuadas. Por último, las pensiones públicas habrán de complementarse si se quieren mantener estándares de vida elevados en la situación de retiro. Sin embargo, cabe preguntarse si el instrumento fiscal que se viene utilizando es el más apropiado, tanto desde el punto de vista de su eficacia, como desde la perspectiva de la justicia social. Es posible que, en vez de incrementar el ahorro total, origine un simple cambio en la composición: se elige fondo de pensiones para colocar un ahorro que se produciría de todos modos.

Por otro lado, cuanto mayor es la renta declarada, mayor es el beneficio fiscal, de suerte que, con el dinero de todos, estamos ayudando a ahorrar a quienes más recursos tienen. Las rentas altas son las que más ahorran, cierto, pero no hay motivo para ayudarles proporcionalmente más en caso de que lo hagan en fondos de pensiones. Se trata de un beneficio fiscal regresivo que detrae más de 783 millones de euros al erario público (según la Memoria de beneficios fiscales de 2017).

Quizá el presidente del Gobierno, en vez de invitarnos retóricamente a ahorrar, debería impulsar una reforma más ambiciosa que la de esta semana. Las pensiones privadas no pueden ser una alternativa al sistema público de seguridad social, pero son un complemento necesario. En ese sentido, unos fondos de pensiones eficientes y con incentivos ecuánimes, contribuirán a la viabilidad de unas pensiones públicas dignas. Hay mucha tarea en este campo: por ejemplo, dar información a los ciudadanos sobre cuál será su pensión pública cuando se jubilen, de manera que puedan tomar decisiones informadas. Introducir mayor competencia para que los fondos de pensiones sean más rentables y eficientes. Otorgar un tratamiento fiscal más eficaz y más justo. Claro que, para todo esto, necesitamos un gobierno que gobierne y no un gobierno que está.