Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado sobre 2020, (Capítulo III, apartado 8.1), que Dolores Delgado presentó el pasado lunes, 6 de septiembre, con ocasión de la apertura del año judicial, en la que se destaca que “Se consolida la tendencia alcista, con un 28,69% más de procedimientos que el año anterior”.
En efecto, en 2020 se incoaron 16.914 procedimientos por delitos informáticos, frente a los 13.143 que se incoaron en 2019, que, según la Fiscalía General del Estado “además confirma la tendencia ascendente que venimos constatando en relación con los ciberdelitos desde la puesta en funcionamiento de esta área de especialización en julio del año 2011”.
Lo que no se dice en el cuerpo de la Memoria, pero sí en un anexo o compendio por especialidades, es que el número de sentencias condenatorias en 2020 por delitos informáticos fue de 1.202 (837 con conformidad del acusado y 365 sin conformidad del acusado), lo que representa el 9,14% de los procedimientos incoados en ese mismo año. En más del 90% de los casos no hay condena.
En cuanto a las modalidades delictivas, “las estafas y defraudaciones (artículos 248 y ss. CP) siguen siendo el tipo de ilícitos online que generan anualmente un volumen mayor de procedimientos judiciales”. En 2020 éstos ascendieron a 12.250, que, supone el 72,43% (es decir, casi tres cuartas partes) del volumen total de nuevos expedientes por ciberdelitos.
“Aunque esta preeminencia de las estafas y defraudaciones es una constante, en esta anualidad los resultados son aún más llamativos, si comparamos los datos obtenidos en los últimos años: 61,35% en 2016; 55,63% en 2017; 61,54% en 2018 y 65,51% en 2019, ofreciendo en este año un índice significativamente más alto: 72,43 %, que supera en casi 7 puntos porcentuales el de 2019”.
Estudio de Cibercriminalidad
Pero, aún siendo impresionante este dato de la Fiscalía, no refleja la verdadera magnitud del problema de la cibercriminalidad en España, porque, como dice la Memoria: “Son numerosísimas las denuncias o hechos presuntamente delictivos que llegan a conocimiento de los cuerpos policiales y que no son comunicados a las autoridades judiciales por falta de autor conocido” (artículo 284 LECrim).
Por eso, para tener una idea real de la situación de los ciberdelitos en España, es necesario comparar el número de procedimientos incoados por las fiscalías y el número de sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales respecto al número de ciberdelitos (hechos supuestamente delictivos) conocidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero no podemos conocer los datos exactos de 2020, porque, a estas alturas de 2021, el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior no ha publicado el correspondiente Estudio de Cibercriminalidad del año pasado, cuando, normalmente, se publicaba en los meses de mayo-junio. ¿A qué se debe este inusual retraso?
La propia Fiscalía General del Estado se queja de ello: “A falta de información sobre el año memorial (2020), citamos, a efectos indicativos, el Estudio sobre Cibercriminalidad del año 2019 del Ministerio del Interior, según el cual en dicho periodo se incoaron 218.302 investigaciones por ciberdelitos” (sin contar la ‘cifra negra’ de los ciberdelitos que no se llegan nunca a conocer / denunciar).
En espera de que se publique el informe correspondiente a 2020, sabemos que en 2019 se incoaron 13.143 procedimientos por delitos informáticos, que supone sólo el 6% de los ciberdelitos conocidos, y se dictaron 1.721 sentencias condenatorias, que supusieron el 13% de los procedimientos incoados y sólo el 0,78% de los hechos conocidos. Es decir, hay una impunidad superior al 99%.
Conclusiones
Para terminar, destaco estos dos párrafos, a modo de conclusiones, porque en modo alguno se puede achacar la situación de verdadera impunidad de los ciberdelitos en España a la encomiable labor que realizan, con los medios que tienen, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los Jueces:
“No toda la información recibida se logra materializar en investigaciones concretas, en ocasiones por falta de información suficiente para ello y, en mayor medida, debido a la carencia de recursos personales y materiales adecuados para abordar la investigación de una actividad criminal en continua expansión”.
“Esta situación demanda de una mayor concienciación social y un esfuerzo especial para dotar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –y también a los operadores jurídicos– de mayor formación y mejores medios para reforzar la respuesta ante estos graves comportamientos”. Nos jugamos mucho en ello.
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