Pérez Galdós, Podemos y los funcionarios cesantes

Se acaba de cumplir, el pasado 4 de enero, el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, y nada mejor, para homenajear a un escritor, que leer -y releer- su obra.

Son muy conocidos sus 'Episodios Nacionales' (aunque me temo que no tan leídos como deberían; sobre todo, para no repetir algunos), pero hoy me quiero referir a una pequeña novela, 'MIAU', que debería ser de obligada lectura en estos días.

Galdós la escribió en cinco semanas (la inició en diciembre de 1887 y la concluyó el 4 de febrero de 1888), dentro del ciclo de "novelas españolas contemporáneas", y el propio autor decía que era una "obra ligera y de poca piedra". Pero no es así.

En ella, el autor "satiriza el Madrid burocrático de finales del siglo XIX a partir de las vicisitudes vitales de su protagonista, Ramón Villaamil, un competente exempleado del Ministerio de Hacienda, al que una serie de intrigas han dejado cesante".

El título, 'MIAU', son las siglas del utópico proyecto profesional del cesante Villaamil: "Moralidad, Income-tax, Aduanas, Unificación de la deuda". Y la moraleja del texto, casi tan angustioso como ‘El proceso’ de Kafka, es que "morir es quedar cesante".

Las cesantías

Los que hayan leído esta novela habrán sentido en su piel el agobio de los pasillos del Ministerio de Hacienda (de la calle Alcalá 9), que todavía hoy recorren muchos funcionarios, aunque con la tranquilidad de que ahora no existen las "cesantías". La cesantía es la "situación de un funcionario que, por decisión superior es privado de su empleo, dejándole, en algunos casos, parte del sueldo".

"En la historia contemporánea de España, especialmente en el siglo XIX, era una situación generalizada que se producía con los frecuentes cambios de gobierno, especialmente a partir de 1854, para situar en los cargos a personas adeptas (redes clientelares, caciquismo), independientemente de una supuesta idoneidad para el cargo".

Por las disfunciones que producían y la necesidad creciente de la administración de tecnificar y profesionalizar al funcionariado, a finales del siglo XIX se producen debates proponiendo soluciones. "Será en el Estatuto de 1918 cuando se recogerá la idea principal de la (profesionalización e) inamovilidad de los funcionarios, una de las medidas para conseguir la independencia (política) de la Función Pública".

Galdós y Podemos

El mismo 4 de enero, Pablo Casado citó en el Congreso un párrafo de 'Fortunata y Jacinta', para dedicárselo a Pedro Sánchez: "La moral política es como una capa con tantos remiendos que no se sabe ya cuál es el paño primitivo".

A esta cita, contestó Pablo Iglesias: "Más Pérez Galdós y menos Pérez-Reverte". Y es por eso que yo recomiendo, a todos en general y al Sr. Iglesias en particular, que lea 'MIAU' estos días, en que se avecinan cambios en los Ministerios.

Sobre todo, después de leer un titular que dice: "Podemos busca expertos técnicos que asesoren su inexperiencia en el Gobierno". ¿Debe interpretarse la noticia como que Podemos busca funcionarios que sean ‘afines’ políticamente?

Todos los funcionarios son "expertos técnicos" que pueden asesorar a los cargos políticos inexpertos de cualquier partido. Son profesionales, servidores del Estado, no de los partidos, y lo ideal sería no conocer -ni preguntar por- sus ideas políticas.

Esto, que hoy nos parece lo normal porque lo hacen todos los partidos políticos, va en contra del origen y la razón de ser de la Función Pública. Conviene recordarlo para evitar la politización de la administración pública y las cesantías del siglo XIX.

Jueces y fiscales

Pero, si resulta preocupante la politización de los funcionarios en general, a los que se les supone neutralidad política, más aún la de unos funcionarios muy especiales, como son los de la Administración de Justicia; sobre todo, los jueces y fiscales.

En este sentido ha sorprendido que, en los días previos al debate de investidura, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales publicaran sendos tuits de apoyo explícito a un "Gobierno progresista".

No creo que sea bueno para el prestigio, la independencia y la neutralidad política de la Administración de Justicia que asociaciones -que se suponen ‘profesionales’- de jueces y fiscales apoyen a un gobierno concreto, sea éste del color que sea.

Tampoco se lo ha parecido a la mayoría de jueces y fiscales y de ciudadanos que han comentado dichos tuits (no me gusta mucho el término "justiciables", que suena a "ajusticiables"). E, incluso, la propia UPF optó finalmente por borrar su mensaje.

Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por funcionarios profesionales, que no sólo sean imparciales y neutrales políticamente, sino que guarden la apariencia. Y mucho más en la Administración de Justicia. Si no, volveremos a las "cesantías".