Viernes, 14.12.2018 - 12:00 h
Libertad sin cargas

El Gobierno pone en la diana a Albella (otra vez) por el boom de las socimis y los alquileres

Los ex Santander Fernando Gumuzio y Concha Osácar se preparan para solucionarse la vida, si es que no la tenían ya resuelta. Fundadores del Grupo Azora, gestora de fondos que ha lanzado al parqué socimis como Hispania, exploran ellos mismos sacar a cotizar su propio holding bajo la misma fórmula societaria, en lo que supone todo un cambio cualitativo para el sector inmobiliario. "Si hasta las propias gestoras salen a bolsa...", advertía esta misma semana un analista, sin mencionar la palabra tabú, véase, burbuja. Los números cantan, en todo caso. Ibex, Mercado Continuo y, sobre todo, Mercado Alternativo Bursátil (MAB) acogen más de 50 socimis, un escenario que no ha pasado inadvertido a conspicuos miembros del área económica del Gobierno, que ya empiezan a alertar del tema 'sotto voce' y en conversaciones privadas.

Y es que en el Ejecutivo empiezan a hilar. Los políticos, siempre receptivos a los temas que pueden hacer cambiar el voto, empiezan a recibir demasiados 'inputs' sobre la práctica imposibilidad de alquilar un piso en el centro de las grandes ciudades -en esencia Madrid y Barcelona- a un precio razonable. Y se ve con notable desconfianza que tras los nuevos grandes dueños del alquiler y, en general, del inmobiliario en España estén los Lone Star, Pimco, Soros Fund, BlackRock o Castlelake, por citar apenas algunos nombres ilustres de la pléyade de fondos que inundan los accionariados de las principales socimis o cotizadas del sector. La Administración lo tiene claro y así lo expresa: se trata de firmas que no están para quedarse, que buscan la forma de hacer caja en poco tiempo con la máxima rentabilidad y que han visto en las particularidades legales de los socimis un auténtico mirlo blanco. Punto.

En efecto, a priori las socimis son el sueño de cualquier financiero. Herederas de los denominados Reit, un vehículo de inversión nacido en Estados Unidos en los años sesenta y que después hizo fortuna en Europa, tienen como principal condición contar con una cartera de inmuebles de los que al menos el 80% se dedique al alquiler. Aunque no importa que se trate de viviendas, locales, naves, etc., sí es obligatorio que esos activos permanezcan en el acervo de la firma tres años y que el 80% de la facturación provenga del alquiler. ¿Lo mejor? La obligatoriedad de repartir elevados dividendos, la facilidad para crearlas tras la reforma de 2012 -basta con un capital mínimo de cinco millones y un inmueble- y las incomparables ventajas fiscales que ofrecen; sin ir más lejos, están exentas de Sociedades. Aunque es cierto que la mayor parte de las empresas creadas en España no han apostado por el residencial, para el Ejecutivo el escenario es más que jugoso. Sobre todo cuando se tienen cuentas que saldar y un postulado ideológico que defender.

No en vano, la pregunta que se hacen altos cargos del PP es cuál debe ser el papel del supervisor en este punto. ¿Alinearse con un capitalismo salvaje en el que tengan via libre sin apenas controles una sociedades cuyos accionistas ven el mercado inmobiliario como un bono, por mucho que su actividad afecte a derechos fundamentales? ¿O hacerlo con las necesidades de un Estado más protector y aumentar las exigencias y restricciones a aquellas inmobiliarias que caigan directamente bajo su jurisdicción, a la vista de la deriva que toma el sector? Más allá de cómo debe operarse desde la legislación, ese debate, que está abierto en el seno Gobierno, apunta a un hombre y a una institución, véase Sebastián 'Tano' Albella y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Igual que el presidente de la casa no duda en explayarse sobre las criptomonedas, sostienen algunos de sus detractores, no vendría mal al menos un pronunciamiento sobre el problema inmobiliario en ciernes.

La cuestión no es gratuita, en tanto algún miembro del Consejo de Ministros ya ha puesto la cruz al otrora socio de Linklaters. Y en esto el futuro de la vivienda y las socimis solo será uno más en la lista de agravios que recibirá, si la cuestión finalmente descarrila. El que encabezará la lista, en todo caso, será el frente de Abertis. El Ejecutivo, que hace tiempo ha decidido apostar por una 'solución española' para la concesionaria de autopistas, es decir, la toma por parte de Florentino Pérez y ACS, no entiende el enfrentamiento abierto que ha planteado la CNMV al mantener el permiso a la opa concedida a la italiana Atlantia sin autorización previa del Gobierno . De hecho, no hay corrillo en que salga el tema y miembros de la Administración no relaten con todo lujo de detalles la colección de desafecciones experimentadas por empresas españolas en Italia.

El presidente de la CNMV parece tenerlo claro. En una reciente comparecencia en el Congreso, aseguraba al ser cuestionado sobre el 'affaire Abertis' que no acepta interferencia políticas: "Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer sin dejarnos interferir y creo que todo ha sido bastante correcto". Y remachaba: "Entiendo que otras áreas de la Administración estén preocupados de otras perspectivas". Una reflexión ante la que desde el Gobierno echa en falta mayor altura de miras. Y si el tema pasa por aplicar todo el celo del mundo sobre los asuntos en liza, aplíquese en el inmobiliario. Con razón o no, lo cierto es de que de las 27 incorporaciones que consigna Bolsas y Mercados Españoles (BME) en 2017, 19 lo fueron en el segmento de socimis. Una proporción que, al menos, invita a la reflexión.

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