OPINION

Locura por colocarse: los nuevos 'ricos' a la sombra de Sánchez

Jordi Sevilla y Pedro Sánchez
Jordi Sevilla y Pedro Sánchez

Pese a que la fuerza de la costumbre debería mitigar el impacto, no deja de provocar un respingo el masivo trasvase de cargos vivido en estos días tras la moción de censura y el ascenso a La Moncloa de Pedro Sánchez. Sucedió lo mismo cuando fue Rajoy quien hizo la mudanza. De hecho, la crítica hoy a unos sirve igual para los otros si se mira por el retrovisor. Más de 500 cargos hacen la maleta cada vez que cambia el gobierno mientras otros tantos toman posesión de sus nuevos despachos. A veces son incluso los mismos quienes vuelven, tras haberse mantenido en barbecho cuatro años. La cosa, que no es nueva y ya refería Galdós cuando describía a los ‘cesantes’, es especialmente sangrante cuando afecta a las empresas en las que el Estado ostenta una participación. Y es que, en esos casos, el gabinete entrante no solo concede la lisonja del cargo a uno de los suyos, sino que también arregla la vida al agraciado, normalmente un político que no ha visto en su vida más dinero junto del que lleva aparejado un puesto de tamaña alcurnia.

Por ejemplo, esta semana el Gobierno proponía que el exministro socialista Jordi Sevilla sustituyera al exsecretario de Estado del PP José Folgado al frente de Red Eléctrica (REE). Además del prestigio que supone presidir una cotizada de ese nivel de facturación, el cargo -no ejecutivo- lleva consigo un sueldo superior al medio millón de euros. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding que atesora las participaciones empresariales del Estado y que aún controla el 20% del operador de red, propiciará el cambio sin demasiados problemas. Con el movimiento, el Ejecutivo logra dos cosas. En primer lugar, Sánchez paga favores prestados. No hace falta recordar la cercanía de Jordi Sevilla y el actual presidente del Gobierno, que no siempre ha disfrutado de los oropeles que ahora le rodean. Sevilla era uno de los que estaba cuando pocos estaban, al punto que sonó como superministro económico. Ahora bien, aceptando que deba haber empresas con participación pública -que ya es mucho aceptar-, ¿deben servir éstas para estos agradecimientos?

En segundo lugar, y más preocupante, ¿puede un gestor elegido por gracia y obra de un Gobierno oponerse a los intereses del mismo si es lo mejor para la empresa que preside? La respuesta, obvia, pone en cuestión todo el modelo. El ejemplo está en la propia REE y no hay que irse demasiado atrás en el tiempo. Basta recordar como el propio Folgado asumió con entusiasmo la adquisición de Hispasat cuando la firma de satélites era un obstáculo para que saliera adelante al gusto del Ejecutivo de Mariano Rajoy la operación de compra de Abertis por parte de la dupla ACS/Atlantia. ¿Estratégico para el operador de la red eléctrica una compañía de satélites? Busquen y verán lo fácil que es justificarlo. Tanto Folgado como Sevilla, ya que son los aludidos, han demostrado su enorme valía durante años de dilatada trayectoria profesional. Folgado no solo es un conspicuo analista macroeconómico, sino que conoce las rendijas presupuestarias como nadie. Y Sevilla marcó una antes y un después desde su ministerio con sus propuestas sobre conciliación. Pero, ¿no hay un profesional respetado en el sector que pueda gestionar la compañía al margen de los cambios políticos? Debería.

La propia SEPI se ha convertido en estos días en una auténtica jaula de grillos a resultas de los cambios en las presidencias de compañías como Correos, Navantia o Tragsa. Aquí la cuestión es si cabe peor, porque son los propios ministerios los que compiten por hacerse fuertes y ‘colocar’ a los suyos en compañías públicas que van a controlar encomiendas de gestión. De hecho, según aseguran fuentes conocedoras del proceso, el retraso del Gobierno Sánchez en afrontar los cambios en toda la estructura de SEPI ha venido en parte motivado por el interés del Ministerio de Industria que encabeza Reyes Maroto por ganar peso en una estructura que nominalmente controla Hacienda. La pretensión no era descabellada. La sociedad, concebida como un holding financiero -mero tenedor de participaciones- en la época de Aznar, ha ido convirtiéndose en un grupo industrial con las diferentes incorporaciones que ha tenido en los últimos años. Basta ver el listado de empresas participadas, con Hunosa, Enresa o las citadas Correos y Navantia a la cabeza, para entender el fondo de esa pretensión industrial.

No es casualidad que, para sofocar la revuelta y poner una pica en Flandes, la nueva inquilina de Alcala, 9, María Jesús Montero, la cuota de Susana Díaz en el Gobierno Sánchez, se apresurara a nombrar presidente de la SEPI a las primeras de cambio a uno de los suyos, Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora interventor general de la Junta de Andalucia. “No dejó opción a Sánchez”, explica uno de los implicados en la pugna. Ganada esa primera batalla y hasta la revolución en las cúpulas anunciada la semana pasada transcurrieron tres semanas de pulso en las que dio tiempo a conocer los reemplazos en Renfe o Aena. De hecho, tras los nombramientos finales en la órbita SEPI, no es difícil ver la mano de otros ministerios, como la de Fomento o la del macrodepartamento de Cambio Climático que dirige Teresa Ribera. “Todo el mundo ha querido meter la cuchara”, admitían esas fuentes para explicar los aplazamientos y, sobre todo, como constatación a las guerras intestinas que traen los cambios de gobiernos y los relevos masivos en firmas clave del Estado, que afrontarán meses de ‘impasse’ cuando no a la revocación sin rubor de los planes estratégicos.

Llama la atención, además, que todo esta carrera socialista por ‘colocarse’ se produzca en un gobierno que aterrizó en Moncloa sin pasar por las urnas y, por tanto, sin una legislatura completa para desarrollar su programa político. Visto lo visto, incluido el infame vodevil escenificado en RTVE, parece que lo más urgente no era precisamente la implementación de políticas de regeneración, como argumentó el propio Sánchez para defender su moción de censura. Al menos en lo que respecta a la toma de control de las empresas públicas, el ideario recuerda más al de Lampedusa. Es lo que tiene la fuerza de la costumbre.

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