Miércoles, 17.10.2018 - 18:54 h
Libertad sin cargas

PNV, el nuevo poder vasco y el futuro de Gamesa... Tiembla Siemens

Corría el mes de junio de 2016. Gamesa y Siemens anunciaban su integración para alumbrar un gigante eólico mundial. “Nace un líder global, con presencia en 90 países, capacidad industrial en los principales mercados eólicos y una base instalada de 75 GW”, se congratulaban los actores del vodevil, alardeando de una cartera de pedidos de 21.000 millones, 11.000 millones de facturación y un beneficio operativo de 1.100 millones. Un pareja de baile ‘made in heaven’. Al aterrizar la operación, los alemanes se quedaban con un 59% de la compañía resultante e Iberdrola, accionista histórico de Gamesa, se convertía en el principal accionista minoritario de la firma con un 8%. La CNMV, graciosamente, dispensaba el lanzamiento de una opa al asumir el “sentido industrial” del enlace. Todos felices. Entonces. Porque casi dos años después, la sombra del divorcio planea sobre el matrimonio. La conexión alemana -si es que alguna lo hizo- ya no hace palpitar a Sánchez Galán.

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José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.  / EFE

Hasta tal punto ha degenerado la relación que Iberdrola aprovechaba la última junta de accionistas de la fusionada para lanzar un órdago en toda regla. El salmantino -erigido en custodio del vasquismo de la sociedad, al punto de confiar el proceso a su yerno, David Mesonero, a la sazón director de Desarrollo Corporativo de Gamesa- planteaba la ratificación de que Siemens no se llevará de Zamudio la sede de la compañía. Todo tras deslizar el rumor de que la alemana podría haber manipulado puntos claves del pacto corporativo suscrito al rubricar la boda. Siemens, que jura y perjura que no dejará Vizcaya, prefirió no entrar en el juego de Iberdrola y tumbar la propuesta, la más polémica dentro de un paquete que incluía cambios relevantes en el gobierno corporativo de la casa. Desde entonces, calma chicha y guerra de baja intensidad. La inquietud en los cuarteles generales teutones, empero, es palpable.

El nivel de presión al que está sometiendo Iberdrola a Gamesa es enorme -explican fuentes internas de la empresa- Existe la convicción de que Iberdrola quiere salir y hacer caja. Y para eso necesita escenificar una ruptura de los compromisos alcanzados. Y Siemens no se lo va a poner fácil”. Y no por falta de ganas. En esencia, como casi todo, es una cuestión de precio. En efecto, si se certificara el citado incumplimiento, Siemens debería abonar a la española 22 euros por título o el precio de la cotización el día del ‘fallo’ más un 30% de prima. ¿Problema? Que Gamesa, que se las prometía muy felices, no termina de arrancar y la cotización se ha desplomado en 24 meses. Apenas cotiza a 14 euros. “No podemos facilitar una salida a 22 euros. Otros minoritarios vendrían detrás”, reflexionan en las filas alemanas al tiempo que Galán corteja los mil millones que le tocarían en plena pelea con Enel por tomar la distribuidora carioca Eletropaulo.

En ese estadio de guerra larvada llama la atención el último movimiento del presidente de Iberdrola, que acaba de abogar por la intervención de la CNMV después de callar en 2016 cuando la opa parecía inevitable al controlar un operador el 59% de la firma. “Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que no se cumplen los términos por los cuales fue eximida de hacer una opa, son ellos los que tienen que tomar la decisión”, reflexionaba. La invocación al supervisor, empero, no es baladí, en tanto implica ampliar el perímetro de la disputa. “Siemens gestiona la empresa como una filial más, no como un grupo industrial”, zanjó el ejecutivo castellano. Esto es, si no hay sentido industrial y Siemens sobrepasa el 30%, tiene que lanzar una opa. La reclamación de Galán no solo vuelve a incomodar al presidente de la Comisión, Sebastián Albella, que se ha tenido que abstener en todo el proceso de integración al haber trabajado desde el sector privado para la absorción en su vida anterior. También otorga al conflicto una dimensión política.

Y en esas, Galán puede encontrar un aliado quién sabe si inesperado o buscado. La jugada podría ser maestra. “¿Va a evitar el PNV catar esa salsa si se le pide, en su actual posición de fuerza? No hay charco en el que no se metan si les afecta. Y más se si pone énfasis en que la cuestión de la sede no está resuelta”, pensaba en voz alta esta semana un analista del sector. La capacidad de influencia del nacionalismo vasco ha quedado clara esta semana, tras las concesiones arrancadas al Gobierno del PP para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. De hecho y tras la exigencia de los negociadores vascos, la negativa popular a subir las pensiones más de un 0,25% se ha trocado en una subida generalizada del 1,6%, en línea con el IPC. Hasta hace apenas días, un anatema para Montoro. Los pensionistas vascos, que tienen las prestaciones más altas del país, habían sido los más beligerantes en la calle y ahora dos de cada tres verán mejorado su sueldo. Y con Siemens Gamesa la alerta del Ejecutivo vasco -que incluso ya ha puesto en marcha un fondo con dinero público para tomar participaciones en empresas estratégicas para su economía- debe ser máxima tras episodios como el final de la fábrica de producción de palas de Miranda de Ebro (Burgos), con el consiguiente impacto laboral. El vecino burgalés ya ha visto su barba rasurar.

Dicho de otro modo, si Siemens -que tiene razones de sobra para hacerse fuerte frente al oportunismo de Galán- piensa que con tirar de argumentos bastará, no puede estar más equivocada. Opera en un país en el que el ministro de Energía -con todo el Gobierno detrás- acaba de hacer campaña sin ambages para defender la españolidad de una compañía como Abertis. Hasta el punto de atraer a la causa a un caballero blanco nacional para evitar que la concesionaria de autopistas cruzara los Pirineos rumbo a Italia. Si el conflicto de Gamesa se politiza y las entrañas, el futuro o los empleos vascos de la compañía se ponen en cuestión, Siemens estará de verdad en aprietos. Iberdrola quiere salir y saldrá. Es cuestión de los implicados decidir a qué precio y cuánto tiempo se aguanta a un socio díscolo con una capacidad casi ilimitada para dificultar -y politizar- la gestión. Cuestión de cálculo.

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