Reforma laboral: cuando lo que importa no es derogarla sino quién manda aquí

“Quien siembra vientos, recoge tempestades”, arreciaba el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras anunciar Iberia un recorte de 4.500 trabajadores. Corría el año 2012 y no tenía duda alguna sobre dónde había que buscar culpables. “La reforma laboral invita a las empresas a despedir”, recalcaba. Antes de su aprobación, en la más clásica dialéctica sindical, había acusado a la patronal de enrocarse en la congelación salarial y en el abaratamiento general del despido, un temor que al menos tenía fundamento. La reforma laboral de 2012 que empezó a fraguarse en 2010, la que puede denominarse ‘reforma Bañez’, rebajaba el coste del despido improcedente a 33 días por año -desde los 45 anteriores- con un máximo de 24 mensualidades, además de contemplar salidas con 20 días y un máximo de 12 mensualidades en aquellas empresas que pudieran demostrar caída de la actividad durante tres trimestre consecutivos. Eran tiempos de crisis económica dura tras la debacle de las ‘subprime’ y el hundimiento de Lehman, con tasas de paro en el entorno del 23%. Y aunque la creación de empleo a cualquier precio fue el ‘driver’ del Gobierno, los sindicatos no dejaron de plantear una reflexión de fondo sobre el coste del despido. Como diría el castizo, nobleza obliga.

Casi diez años después y con el debate sobre la reforma laboral abierto en canal, llama la atención cómo el marketing y el cálculo político han tomado el mando de la discusión. Resulta estremecedor ver a políticos en apariencia creciditos y supuestamente bien formados apostar por derogar la norma para después reconocer que, en realidad, no se puede. O ‘montar un patín’ de proporciones isabelinas con la idea de limitar a un 15% el porcentaje de temporales en las empresas para, a continuación, aparcar la cuestión y derivarla a la negociación colectiva. Una concesión, dirán algunos. Más bien la convicción -previa consulta con los servicios jurídicos- de que es una medida inconstitucional que no puede incluirse en una ley y apenas desarrollarse por acuerdo entre las partes. Y suma y sigue. Más valdría a Yolanda Díaz, ese mirlo blanco en busca de partido que tan bien cultiva entre bambalinas las relaciones con las élites, abandonar el discurso de las dobles lecturas y la política de los ‘globo sondas’ para analizar de verdad los cambios quirúrgicos que requiere una reforma que lleva una década en vigor y precisa retoques. Y hacerlo, como corresponde a su cargo, sin medir los réditos electorales de esas enmiendas.

Hasta ahora, el juego del gato y el ratón que han escenificado patronal y sindicatos con los dos gobiernos que conviven en el Ejecutivo de Pedro Sánchez se concentra en algunas supuestos ‘casus belli’. Uno de ellos, por ejemplo, es la ultraactividad de los convenios que suspendió la reforma laboral de 2012 y que el ala morada del gabinete ha querido recuperar a toda costa desde el principio de los tiempos. Desde luego, la continuidad de los acuerdos firmados entre trabajadores y empresarios una vez vencido su plazo de vigencia incomoda a la patronal, pero no tanto como para bloquear un acuerdo. Saben las huestes de Garamendi que, además, al final del camino está la salida de un laudo arbitral, lo que dulcifica el ‘trágala’. Tampoco es insalvable en el credo de CEOE la intención gubernamental de dar prevalencia a los convenios sectoriales sobre los de empresa, ya que el planteamiento no provoca ni mucho menos un impacto masivo entre sus asociados. Solventada la cuestión de la temporalidad y si el Ejecutivo cede en las condiciones de las subcontratas -que pretende asimilar a las de la empresa contratista-, no sería una quimera pensar en un acuerdo relativamente sencillo con todas las partes implicadas posando sonrientes en los jardines de Moncloa.

Nadie reconoce, y es lo más triste, que la reforma laboral que tanto empeño ponen en denostar ha sido útil. Con el mérito para quien la diseñó de haber estado a la altura de una crisis tan devastadora como la provocada por la Covid

Claro que cuentan quienes de verdad conocen las entrañas de la ‘reforma Bañez’ que el corazón de ese ‘corpus’ normativo no se esconde en ninguno de los puntos actualmente en discusión. Ni siquiera en el coste del despido. La clave de bóveda radica en los cambios introducidos por la reforma laboral en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de los cuales la direccion de la empresa puede actualmente modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo del empleado cuando concurren razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. “Se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”, se remacha en el articulado. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no eran ajenos al potencial impacto de esta redacción tanto en los salarios como en el día a día de los trabajadores, en tanto acordaron su revisión en los compromisos suscritos entre ambos partidos. Si Sánchez cumple y su ‘derogación’ se produce “en los términos que establece el acuerdo de coalición”, incluido ‘tocar’ el artículo 41, las cañas si podrían tornarse lanzas y descabalgar del acuerdo a los empresarios, un evento indeseado por todos y de consecuencias imprevisibles.

En ese punto, aseguran fuentes al tanto de las conversaciones que son los sindicatos los primeros que han dado la voz de alarma. Más allá de los mandatos de Bruselas, ambas centrales son conscientes de cualquier reforma es papel mojado sin la patronal. Irónicamente, no sería la primera vez, además, que los propios sindicatos reclaman al Ministerio de Trabajo que rebaje sus pretensiones de máximos en aras a cerrar un acuerdo con CEOE. En efecto, no parece que ni al futuro ni a la independencia de la propia CCOO le convenga la perfecta simbiosis alcanzada entre las líneas argumentales del sindicato y la política que emerge del departamento de Yolanda Díaz. Tampoco las concomitancias entre los dirigentes de ambas instancias, aunque sea por una cuestión estética. Por ejemplo, adelantaba en este periódico Cristina Alonso cómo Carolina Vidal, secretaria de Acción Sindical y Formación en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, y a la sazón mujer del ‘número dos’ de la vicepresidenta, se incorporaba este pasado mes de octubre a la Ejecutiva de Unai Sordo. En plena negociación de la reforma laboral, no parece lo más higiénico que el árbitro del partido, a fin de cuentas quién tiene que dar validez los goles, atesore tanta afinidad con uno de los equipos. “En esta casa común me he criado y me reconozco”, arreció la ministra durante su intervención en el último Congreso de CCOO.

Con ese cóctel, no es casualidad que ni Podemos ni PSOE, ni Díaz ni Calviño, incidan en el fatídico artículo 41. Al final, todos como hermanos pondrán tres parches a la reforma laboral de 2012 y zanjarán la cuestión. Eso sí, de una forma u otra argumentarán para consumo de los más recalcitrantes que la han derogado y no han dejado de ella ni las raspas. Lo harán así porque, primero, a nadie le interesa derogarla de verdad. Sánchez no hará nada que comprometa los fondos europeos y a Díaz, que debe haber disfrutado con el ensayo general de la ruptura de la coalición de cara al año que viene, todavía le interesa más aparecer ante el electorado como la 'campeona' de los acuerdos sociales. De hecho, en la construcción de esa imagen la foto de la reforma laboral con CEOE y sindicatos no tiene precio. En ‘petit comité’, con los comensales adecuados, seguro que ninguno de ellos tiene problemas en destapar esas cartas. Lo que nunca reconocerán, y es lo más triste, es que esa reforma laboral que tanto empeño ponen en denostar ha sido útil, por mucho que ahora necesite algo de chapa y pintura. Con el mérito para quienes la diseñaron de haber estado, años después, a la altura de una crisis tan devastadora como la provocada por la Covid. Todo un logro legislativo demasiado huérfano de alabanzas.