Cuando el regulador puede convertirse en verdugo

Fue el Conde de Romanones quien pronunció la famosa frase “haga usted las leyes, que ya haré yo los reglamentos”. Pocas veces el parlamentarismo español ha sintetizado de una manera tan clara el poder que recae en las personas u organismos encargados de determinar las normas a las que debe ajustarse alguien o algo. En el fondo, regular es gobernar y gobernar no es otra cosa que mandar, tener el poder sobre todos y todo.

Adoptar una medida regulatoria siempre lleva consigo consecuencias jurídicas y económicas. Son decisiones que no siempre gustan a los actores implicados y que pueden poner en cuestión la viabilidad de un negocio concreto o de aspectos más importantes de la economía cercana, como puestos de trabajo o cierre de empresas. Aquí es cuando el regulador puede traspasar sus límites y convertirse en ejecutor, en verdugo de todo un sector.

En materia energética la cuestión se complica más. Cualquier mecanismo, norma, orden ministerial, real decreto, ley o instrucción que modifiquemos beneficiará a una u otra tecnología en detrimento del resto y afectará directamente al consumidor, sea este industrial o particular. Es una máxima esencial que hay que tener en cuenta a la hora de regular, pero puede darse el caso de que una decisión sea perjudicial para todos.

Es la situación de las siete circulares que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia presentó en julio pasado y que, poco a poco, están llegando a los despachos ministeriales y organismos consultivos del Estado. Estos deben ahora pronunciarse sobre el fondo de un asunto que ya ha ocasionado un auténtico “tsunami” en el estratégico sector gasístico español.

Bajo la administrativa fórmula de “tasa de retribución financiera de las actividades de regasificación, transporte y distribución de gas natural” se esconde un recorte de casi un 20% en el desembolso que realiza el sistema a las empresas que invierten en el mantenimiento y desarrollo de la red. No es un pago baladí. Esto hace posible que podamos tener agua caliente cuando abrimos el grifo de la ducha, nos calentemos en los fríos meses de invierno u obtengamos luz en mitad de la noche.

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Tampoco hace falta ser un gurú económico para anticipar que la medida hará que, a menor retribución, lo más previsible sea que se reduzca la inversión privada realizada. Dicho de otra manera, si recibo menos ingresos, tendré que reducir los gastos, por lo que el efecto directo de esta norma no será otro que menos inversión y por lo tanto el estancamiento y posterior quiebra del sector de la comercialización y transporte de gas en España.

En el plano empresarial los números cantan. 75.000 millones de euros es la suma de dinero invertido en nuestro país y que han permitido, entre otras cosas, crear un sistema de aprovisionamiento y suministro energético puesto en numerosas ocasiones como modelo a seguir en la Unión Europea.

Desde el punto de vista del Estado, las circulares atentan contra la soberana decisión de un gobierno, y si me apuran de todo un país, de trabajar en el cambio de modelo energético. Recortar en inversión pone en cuestión todos los objetivos en materia de transición energética y descarbonización de la economía planteados y alcanzados hasta ahora.

Curiosamente, nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, remitido a Bruselas, es el único de toda la Unión que necesita del incremento del gas en el conjunto de la disponibilidad de nuestro mix energético. Esto se debe a la recomendación de la Comisión Europea, que sitúa al gas como la fuente de energía clave para acompañar a las renovables en el objetivo de lograr una economía bajo contaminante en Europa.

Cabe preguntarse la razón por la que el Ejecutivo español apuesta por el gas en el PNIEC y esta no es otra que la realidad. Las renovables necesitan de otra energía que les sirva de respaldo cuando no brilla el sol o no sopla el viento. Unan a esto que la energía nuclear en España está sentenciada y las plantas de carbón muertas. Por esto, no nos queda otra opción que el gas para lograr una meta en la que, tanto empresas, como gobiernos y la sociedad en su conjunto estamos involucrados desde hace muchos años. Sin gas, al menos en España, no habrá transición energética alguna.

Desde este punto de vista el papel del regulador como garante del funcionamiento de los mercados está en entredicho. Es paradójico que el guardián de algo pueda convertirse en su verdugo, máxime cuando lleva el nombre de “Mercados” en su denominación.

Hay otro aspecto importante en la regulación planteada por la CNMC: la supuesta bajada del precio de la energía tanto para el consumidor final como para la industria. Plantea este organismo que, de adoptarse sus planteamientos, el precio de la factura del gas se reduciría en un 10% en los hogares y un 20% en la industria.

Ante este argumento solo cabe decir que ojalá. A todos nos gustaría pagar menos por lo mismo, pero la cuestión es si está usted dispuesto a pagar menos por un servicio o suministro peor. La siguiente derivada que nos surgirá en nuestra atribulada mente es: ¿cuánto menos? y lamentablemente es aquí donde el presunto alivio se torna en decepción. Toda esta revolución se plasmaría en un ahorro de un 0,1% en la factura final, la que pagamos todos.

Pero ni siquiera está claro este ahorro tan ridículo. Nos ha costado casi 25 años de historia económica de este país tener competencia en el sector energético. La reacción de las pequeñas empresas afectadas, no hablamos de las grandes multinacionales, ha sido tajante. Si sale adelante la regulación, cerramos. También se pueden imaginar que el efecto inmediato de esta liquidación del servicio será la subida de precios, ya que volveríamos a una situación anterior al estado actual de competencia. Consecuencia, la pueden imaginar, los precios subirán.

Por si esto fuera poco, España volvería a protagonizar la actualidad jurídica en las cortes de arbitraje internacionales. Una práctica que ya le está costando a nuestro país 800 millones de euros en casos similares que afectan a las renovables y que, adivinen, pagaremos todos en cómodos plazos en nuestras facturas de electricidad.

Unan los 50 millones que ya llevamos gastados solo en la defensa jurídica y de nuevo tendremos un caso en el que nuestro país será líder mundial, pero, en este caso, en inseguridad jurídica y en laudos perdidos.

Tampoco parece cumplir el organismo regulador con el segundo de los términos de su denominación. Al de guardián de los mercados, se le une el de protector de la competencia y puede que en este caso también ejecute indirectamente a la misma.

Como colofón a esta situación, el procedimiento no ha sido precisamente el deseado por nadie. A la “estivalidad”, alevosía y secreto en su conocimiento, se une la existencia de un regulador en funciones, un Gobierno en funciones y una sociedad en elecciones. Tres elementos imprescindibles si lo que queremos es obtener una energía bajo contaminante, asequible y segura. Un ejemplo más de la dinámica autodestructiva en la que estamos metidos.

Decía una de las personas que más admiro en el conocimiento y explicación de este “constructo” llamado energía, que, cuando hay situaciones en las que todos tienen algo de razón, hay que valorar quien tiene más para saber qué es lo mejor para todos. Cuando no aparece ninguna es fácil saberlo.

Nos hemos pasado mucho tiempo reclamando un regulador independiente, que fije reglas claras para todos los operadores que operan en España. Por supuesto que necesitamos eso, pero también un organismo que construya mercados, en lugar de destruirlos. Romanones en estado puro.