Un mal llamado bono social

Esta semana hemos conocido el interés por parte del Ministerio de Transición Ecológica de iniciar una campaña de comunicación para dar a conocer el nuevo Bono Social eléctrico. El número de consumidores, que de momento se han acogido a las condiciones para ser titular del mismo, no llega apenas a los 200.000 clientes, de los 2,5 millones que podrían beneficiarse. La ministra tiene sobradas razones para tratar de dar a conocer un mecanismo esencial en la lucha contra la pobreza energética.

Sin embargo, no deja de ser sorprendente que un nuevo Gobierno ponga más énfasis en publicitar una medida de un Ejecutivo anterior que en proponer o diseñar un sistema propio. El anterior bono social, el presentado por el ejecutivo socialista en 2010, recogía unos requisitos poco elaborados. Sin tener en cuenta la renta de los solicitantes, empleaba unos métodos de estimación objetiva basados en situaciones concretas, que no consideraba justamente las rentas de los beneficiados y que obviaba los ingresos sobre el porcentaje total de la factura energética de los hogares.

El Gobierno de Mariano Rajoy trató de establecer un sistema más justo, basado en tres requisitos básicos. En primer lugar, para ser solicitante del mismo, se necesita tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y además estar englobado en alguna de las tres categorías incluidas en su regulación: consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. A cada una de ellas le corresponderá un descuento en la factura, ascendiendo a un 25% en caso del vulnerable, un 40% para el vulnerable severo y casi el 100% para el grupo incluido en el riesgo de exclusión social.

El plazo para el registro en el nuevo sistema termina el próximo 10 de octubre, por lo que el Ministerio debe ofrecer toda la información disponible a aquellas personas y familias que puedan acogerse al nuevo bono social. En el marco del desarrollo de una política pública, la comunicación y difusión de la misma es fundamental. La acción pública debe ser concebida también como un derecho íntimamente ligado a la recepción justa y veraz de la información, como está plasmado en nuestra regulación constitucional.

Y es en el campo de la publicidad y la comunicación en el que la Administración Pública compite en condiciones más que desiguales con las empresas. Si hacemos una simple prueba en Internet y tecleamos “bono social” en nuestro navegador preferido observaremos que la información principal en primera página la ofrecen en su mayoría las compañías privadas, mientras que la administración aparece en cuarto lugar, tras las principales empresas eléctricas de este país.

Si unimos esto al hecho de que, hasta el momento, son las compañías energéticas las que asumen los gastos del bono social, podremos colegir que cuantos más beneficiarios haya mayor será el coste del sistema, que en la actualidad asciende a unos 230 millones de euros y, por lo tanto, mayor será la cantidad a sufragar por las compañías. Quizá sea ésta la razón que se esconde tras la decisión del Ministerio.

Partamos de dos hechos esenciales para entender esta paradoja. En primer lugar, es absurdo que las empresas tengan que pagar por el Bono Social. Lo es por meras cuestiones de mercado: la evidente repercusión del coste del bono social en la factura del resto de consumidores o bien la inactividad de las mismas a la hora de conceder la condición de cliente vulnerable. Además de estas cuestiones existe otra mucho más social, y es que la protección del consumidor la debe ejercer directamente el Estado. Éste no puede dejarlo en manos de la iniciativa privada. Son muchos los países que optan por un sistema mucho más racional, en el que el papel de las compañías se centra más en el aspecto técnico (ofrecer soluciones viables a sus clientes para que adopten medidas de eficiencia y ahorro energético) que en el presupuestario.

En segundo lugar, se suele eludir un asunto legal. Las empresas han ganado al Estado esta cuestión ante los tribunales y España tiene que devolver a las compañías energéticas el importe (más los intereses de demora y daños y perjuicios ocasionados) que una mala regulación genera en un aspecto tan cotidiano como la factura de la luz.

En la mayor parte de los países de la UE es el Estado o el resto de los consumidores a través de la factura quienes subvencionan a aquellos colectivos que son merecedores de una atención especial en el derecho de todos a la energía.

Por último, el gobierno socialista parece haber obviado una cuestión esencial en el tratamiento del Bono Social. En lugar de aplicar un concepto de porcentaje de ingresos sobre la factura de la electricidad, parece que continuará apreciando un criterio de renta. Siendo cierto que es más justo que el sistema pensado en 2010, el criterio de renta no tiene en consideración más que el ingreso que entra en el hogar.

De esta manera se potencian situaciones injustas como considerar consumidor vulnerable a las familias numerosas con altos ingresos, en detrimento de otras con ingresos muy inferiores a la media nacional. Por otra parte, el sistema olvida que gran parte de la doctrina continental aplica la regla del 10%, que no es otra que el porcentaje máximo que deberíamos dedicar a pagar nuestra factura energética.

Por encima de este porcentaje, sí podremos hablar de situaciones de pobreza energética o vulnerabilidad. Si consideramos que el recibo eléctrico medio en España es de 70 euros por hogar al mes, la regla es fácil. Todos aquellos que ingresen menos de 700 euros al mes deberían estar incluidos en esta consideración. En algunos casos se subvenciona el coste total que excede de este porcentaje. Es importante añadir que en este concepto se incluyen también otros gastos energéticos en función de país, como el gas o la gasolina. La gran ventaja de este sistema es que ofrece un criterio objetivo y proporcional que ofrece condiciones ventajosas en función de la proporcionalidad en el gasto.

En cualquier caso, la acción del renovado Ministerio de Transición Ecológica es loable y necesaria, puesto que tan importante es la creación de sistemas sociales justos como la información al ciudadano para que se beneficie de ellos. Ahora bien, además de publicitar, también se debe acertar con lo publicitado.