El Revés de la Trama: La solución/trampa del diálogo

La osadía de Artur Mas está en la frontera del suicidio político. Consiste en la transgresión y en la terquedad. Siendo la máxima autoridad de la Administración pública española en Cataluña, proclama su decisión de violar las leyes que un día juró cumplir y hacer cumplir, y, desafiando toda lógica, se empeña en sostener que eso es la expresión cabal de un comportamiento democrático. Nos asombramos del descaro de gentes como Nicolás Maduro, que a cada paso desmienten en la práctica los principios de los que presumen, pero tenemos ejemplos más cerca de nosotros de esa enfermedad política, a veces de consecuencias tan terribles en la historia.

Durante el largo curso de la aventura secesionista que viene protagonizando, se ha esperado un gesto de rectificación o un indicio de cansancio, pero Artur Mas ha mantenido su promesa y su voluntad de consumar el atentado. ¿Nunca le ha temblado el pulso, nunca ha sentido el vacío bajo sus pies? No ha dado indicios de ello, pero eso no significa que haya perdido la esperanza de que una mano salvadora le sujete cuando esté en el borde del precipicio y sus colegas más radicales se apresten a exigirle el último y definitivo gesto. Esto no lo digo yo, ni es una deducción de su comportamiento aunque sea una hipótesis razonable, fieramente humana, sino que es el testimonio de gentes que le sufren, le observan y le conocen.

O sea, que, según esa hipótesis, Mas tensa la cuerda con el deseo secreto de que no acabe de romperse. Sería la expectativa de quien percibe que ha llegado demasiado lejos y entiende, aunque siempre lo negará, que están fundamentados los negros pronósticos que se le envían desde todos los lados. No lo sé. Parece una posibilidad tranquilizadora pero está por comprobar. Lo que sí sé es que si Mas asomara la nariz al precipicio y pidiera ayuda en forma de pacto, encontraría mucha gente dispuesta a dársela, aunque no en su equipo de mártires secesionistas, que seguramente prefieren su sacrificio, sino en quienes insisten cada día en que el remedio a la locura separatista es el diálogo.

La reacción política frente a Mas se bifurca en dos actitudes. Una de ellas la representa el presidente del Gobierno, que se ha plantado en la defensa de la legalidad y el asedio al infractor. El argumento básico es que la democracia consiste en el sometimiento de todos a la ley, empezando por los propios responsables políticos. La otra es la de diversos partidos de la oposición, entre ellos especialmente el Partido Socialista, que lo fían todo al diálogo que conduzca a un acuerdo sobre un nuevo estatus de Cataluña en el Estado. Esta propuesta sitúa a sus promotores en la equidistancia, que le ha llevado a Pedro Sánchez, notablemente, a culpar de la situación a Mas y al presidente del Gobierno, a partes iguales.

La exigencia a Artur Mas de un comportamiento inscrito en la  legalidad tiene sus riesgos porque implica la aplicación de culpas y responsabilidades, con las tensiones a que puede dar lugar un conflicto de tales características, pero la preeminencia de la ley es la mayor garantía para elfortalecimiento del sistema. La apertura de un proceso de búsqueda de un nuevo encaje de Cataluña en España puede aplacar la tensión, pero conduce a la larga a una inestabilidad institucional que provocaría lógicas reivindicaciones igualitarias e interminables en otras Comunidades. La solución del diálogo con esas finalidades, que tanto se repite, entraña el riesgo de convertirse en todo lo contrario, en una trampa.

En España estamos viviendo en la mala suerte de que la oposición se oponga ritualmente a las políticas del Gobierno sean las que sean. Como el Gobierno exige respeto a la ley, la oposición le acusa de despreciar el diálogo, mientras, al mismo tiempo, se niega dialogar con el Gobierno. Es lícito presagiar que si el Gobierno dijera diálogo, la oposición le acusaría de despreciar la ley. Es explicable que, en éstas, Artur Mas pretenda obtener rédito. Otra cosa sería si los partidos constitucionalistas actuaran en la misma dirección. En ese caso, Artur Mas no tendría nada que pescar y el beneficio sería para España y su Constitución, que es lo que hace falta.