La falsa equidistancia del presidente del Tribunal Constitucional

Nada está escrito de antemano. Este lugar común expresa la realidad, escurridiza y enigmática pero innegable, de la libertad humana. La libertad ha hablado incluso en el foro donde menos se la esperaba. Me refiero a la polémica desatada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la declaración del estado de alarma de marzo de 2020. Todos los magistrados del TC, como si fueran mercancías de “El Corte Inglés”, llevan adherida a la toga una etiqueta, en este caso perteneciente al comercio político o, dicho con mayor precisión, al comercio partidista.

Antes de la dimisión de Fernando Valdés (octubre de 2020), los magistrados del TC vestían, debajo de la toga, uniforme militar, aunque de colores distintos para cada bando: siete de los doce hombres y mujeres sin piedad eran afines al PP y cinco al PSOE (et alii), y viceversa. Por consiguiente y en relación con el recurso interpuesto por Vox contra el Real Decreto de 14 de marzo de 2020, que declaró el estado de alarma, la bolsa política ya había descontado que “la facción azul” del TC (“los conservadores”) vencería “al ejército rojo” (“los progresistas”) y, por tanto, que el Gobierno de Sánchez saldría malparado del órdago constitucional lanzado por la ultraderecha. La renuncia al cargo por parte del eminente laboralista Fernando Valdés (“progresista”) comprometía aún ´más los intereses gubernamentales.

Sin embargo, en el Pleno del TC que debatió sobre el estado de alarma hubo una permutación inesperada y ajena a la lógica partidista. Nada menos que su presidente, el “conservador” Juan José González Rivas, “desertó” del “ejército azul” y pasó a engrosar las filas del enemigo. También siguió sus pasos un antiguo y veterano ex diputado del PP, Andrés Ollero Tassara. Pero, simultáneamente, se produjo un cambio de cromos. Porque la “progresista” Encarnación Roca Frías recorrió el camino inverso y se alineó con “los azules”. El prestigio del TC está por los suelos. Pero “incidentes” como los mencionados demuestran que algunos magistrados sienten respeto por sí mismos. ¿El resultado? Ya lo saben: el “equipo azul” metió seis goles y “los rojos” solo consiguieron cinco. La argumentación personal de Roca ha permanecido en el anonimato diluida dentro del sentir mayoritario. Mientras que, sin embargo, los motivos de don Juan José y don Andrés han cristalizado individualmente en el texto de sus respectivos votos, discrepantes, particulares y ajenos al principio de obediencia debida. Merece la pena consumir unos minutos en analizar la (o)posición presidencial.

González Rivas es un caballero que, ante el desafío al que se ha enfrentado el tribunal que preside por la novedad y la envergadura de la pandemia, y la contundente respuesta del Gobierno, reconoce que el TC ha avanzado en una senda hasta ahora desconocida. Dicho esto, don Juan José sostiene que la sentencia carece de la necesaria precisión y certeza jurídica para guiar al Gobierno en caso de que, en el futuro, deba afrontar una calamidad similar a la producida por la Covid-19. El TC –según su presidente- se habría saltado una estación intermedia que exigía una parada obligatoria antes de continuar la ruta. El derecho a la libertad deambulatoria de los ciudadanos, que el TC considera vulnerado por el Ejecutivo, demandaba –según don Juan José – una definición categórica previa al análisis del caso específico resuelto por el Tribunal.

Aparte de su querencia bizantina por la abstracción jurídica, el presidente, como otros magistrados disidentes, afirma que el estado de excepción no tiene un “valor sustantivo” y no toma cuerpo (quizás sea mejor seguir el ritmo metafísico de González Rivas y hablar en este caso de “alma”) si no es declarado “formalmente” por el Gobierno. ¡Magnífico, la forma exime al Gobierno de toda crítica por sus posibles aberraciones materiales! Pero dejemos atrás la letra pequeña del código presidencial. Vayamos, con la venia del magistrado máximo de España, a escanear el cerebro de González para conocer el porcentaje de materia gris que alberga en su interior. Porque, con el respeto debido a don Juan José, ser cómplice de sus reflexiones paradójicas puede conducirnos a un laberinto sin salida.

La puerta de acceso al laberinto es la afirmación del presidente de que su discrepancia con los fundamentos y el fallo de la mayoría es únicamente parcial. A contrario sensu: ¿dónde está la parroquia en la que González comulga con la mayoría? Silencio granítico. Tomemos ahora las curvas del laberinto para comprobar si existe vida inteligente al otro lado de la revuelta. Desde luego, al viajero jurídico que redondea la primera curva le espera una sorpresa mayúscula. Al final de su voto, González afirma: “En mi opinión [el TC) debería haber mantenido la constitucionalidad de los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7…” del Real Decreto del 14 de marzo de 2020. Digamos, antes de nada, que el citado artículo 7 fue, en todos sus apartados, objeto de impugnación por Vox. Sin embargo, el fallo de la sentencia expulsa del ordenamiento jurídico precisamente a los tres apartados que cita el presidente. Por tanto, su disidencia supone una enmienda a la totalidad de la resolución (aunque don Juan José hace un ejercicio de espiritismo para iniciados en las ciencias ocultas, porque en su voto no explicita su enigmática aceptación parcial de la resolución). ¿Dónde queda entonces su discrepancia parcial con la fundamentación y el fallo de la sentencia? Por favor, señor presidente: aclárese. La verdad es que uno, siguiendo la estela de Alfonso Guerra, se queda “pasmao” leyendo a González Rivas.

Por otra parte, abandonando en este caso las filas de los magistrados “rebeldes”, González Rivas huye del capítulo quizás más turbio del Decreto de marzo de 2020. Me refiero a un inciso del artículo 10, apartado 6, del Decreto (según la redacción aprobada tres días después de la publicación del texto original). El artículo 10 establece unas medidas de control sobre la actividad comercial, cultural y de hostelería para combatir la epidemia que no merecen ningún reproche jurídico. No obstante, el Consejo de Ministros habilita al titular de Sanidad a “modificar o ampliar” esas restricciones, lo que evidentemente le invistió del poder absoluto (un superman jurídico) liberado de cualquier control, incluidos los del Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados. Don Salvador Illa era invulnerable incluso si un camarero espía de Vox le indujera a masticar un bocadillo de criptonita (y así nos fue). El TC, nobleza obliga, no podía convalidar la aparición de un despotismo trasnochado y por eso ha borrado del Decreto los términos “modificar” y “ampliar”, como poderes exorbitante del ministro de Sanidad (FJ 9 de la sentencia). ¿Ha dicho algo al respecto don Juan José? Sí, que prefiere el silencio de los cordeos.

Regresemos por un instante al pasado, a un mundo más estable que el mundo actual, que es una vorágine desenfrenada de pandemias, ciclones y democracias con los pies de barro. Cerremos los ojos para amanecer en 1979. Ese año el Club de Roma emitió un informe sobre la necesidad imperiosa de aprender nuevas respuestas para navegar en un futuro que presagiaba los males de nuestro presente. El filósofo Juan Ramón Capella calificó las propuestas del Club como “un aprendizaje por shock”. ¿Hemos aprendido algo de la embestida furiosa de la Covid- 19? ¿Nos ha hecho mejores el sufrimiento colectivo? Creo que no. La discordia intestina del TC ha exhibido todas las vergüenzas subterráneas que el “shock” ha sacado a la superficie de la democracia española. La pandemia ha puesto de manifiesto el desajuste que existe entre una amenaza global y la respuesta de un aguerrido grupo de aldeanos. Aunque, desde luego, no somos los únicos incompetentes dentro de la “aldea global”. El que no se consuela es porque no quiere. Seguro que se apunta don Juan José. La autocompasión no entraña riesgo alguno. El salario, el coche oficial y el prestigio académico no se pierden por un exceso de amor propio.