La doble moral en la emergencia climática

A raíz de la execrable invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la Unión Europea estamos constatando nuestro grave problema de dependencia de los combustibles fósiles, como si la voluntad, siempre mencionada por la Comisión Europea, de erradicar el consumo de combustibles fósiles solo atendiera al origen territorial de estos y a la existencia de un conflicto bélico, soslayando que la mayoría de nuestros suministradores de petróleo y gas se caracterizan por no respetar los derechos humanos.

De hecho, como salvaguarda de nuestra sensibilidad, estamos orgullosos del cambio que estamos logrando, aunque este no se refiera a la fuente de energía, sino al origen del suministrador. Apostamos, para mantener en paz nuestra conciencia, por el petróleo y el gas procedentes de Estados Unidos sin que nadie haya dicho nada sobre que su producción está basada en técnicas de fracking, que son mucho más contaminantes y que están prohibidas en muchos países de la Unión Europea, entre ellos España. La técnica del fracking supone multiplicar por más de cinco veces las emisiones específicas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que las que se producen con la extracción de gas natural en yacimientos en estado libre, a lo que hay que añadir la contaminación directa de acuíferos por filtraciones en la zona de producción.

Esta doble moral, aceptada por los principales responsables políticos, ha supuesto asumir que el problema no es depender de los combustibles fósiles, con los efectos perversos sobre la salud y el medioambiente que conllevan, sino su origen territorial. Hemos antepuesto el mantenimiento del confort, que se vería afectado al prescindir de estos suministros desde Rusia, razón por la que las importaciones de gas y petróleo no se han incluido en las sanciones económicas aprobadas, aun sabiendo que estas son la fuente de financiación de la guerra desde que en junio del año pasado se iniciara el proceso de manipulación premeditada de precios al alza por parte de Rusia como segundo mayor productor de petróleo y gas del mundo y primer suministrador de la UE. En definitiva, supone anteponer, como siempre, la componente política y geoestratégica a la emergencia climática o, lo que es lo mismo, negar la existencia del cambio climático a corto plazo y poner en riesgo el futuro más cercano.

El último informe publicado por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, refleja de forma clara que el tiempo se acaba, que con las políticas actuales el aumento de la temperatura media global alcanzaría los 3°C a mitad de siglo. Para evitarlo, necesitamos reducir drásticamente la quema indiscriminada de gas, petróleo y carbón durante esta década si queremos recuperar la senda de la estabilidad perdida. Si no lo hacemos los fenómenos climatológicos catastróficos seguirán ocurriendo con mayor frecuencia y virulencia y con devastadoras consecuencias sobre la población y sobre el medioambiente.

Hablamos de desplazados por la guerra de Ucrania y nos olvidamos de que, según IDMC/ACNUR, solo en 2020 hubo más de 30,7 millones de desplazados por la emergencia climática, cifra que superó más de tres veces la de desplazados por conflictos o por violencia, o que se producen, según la ONU, más de 9 millones de muertes prematuras por la misma causa. Nuestras reacciones son siempre “contundentes” frente a sucesos inesperados, pero, desgraciadamente, hemos interiorizado y permanecemos impasibles frente a las cifras de pobreza, de refugiados y de fallecidos que causa el cambio climático.

Europa siempre parece que ejerce un liderazgo claro en cuestiones medioambientales, pero lamentablemente muchas veces es de cara a la galería; solo hay que ver la última manifestación de la Comisión Europea y su “firme” voluntad para luchar contra el greenwashing, al mismo tiempo que aprobaba una propuesta en la que el gas natural y la nuclear cumplen los requisitos exigibles para ser consideradas como inversiones sostenibles.

Hemos aceptado, y hasta nos ha parecido oportuno, que Josep Borrell, como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, nos dijera que es necesario reducir un grado la temperatura de consigna de los termostatos para la calefacción de nuestras casas, por estar dentro de una economía de guerra, obviando que también en tiempo de paz, el ahorro y el consumo responsable de energía, también deben formar parte de nuestros objetivos. A nivel nacional, en las 160 páginas del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, no hemos encontrado apuesta alguna por introducir criterios de ahorro y reducción del consumo energético para reducir nuestra exposición al petróleo y al gas, como ha recomendado la Agencia Internacional de la Energía. Más bien lo contrario, estamos manteniendo el fomento del consumo de combustibles fósiles al incluir una subvención de 20 céntimos/litro en el precio final del gasóleo y de la gasolina a todo aquel que tenga un vehículo de combustión interna, aunque su uso no sea una actividad esencial para el sistema productivo o para el transporte. Echamos de menos medidas que supongan fomentar, abaratar, mejorar y recomendar el uso del transporte público, reduciendo el precio de las tarifas, aumentando las frecuencias …, y aprovechar la situación de precios altos para que, aunque la elasticidad demanda/precio sea reducida, se introduzcan prácticas de consumo responsable más en línea con la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles que con la necesaria recuperación de la imagen de nuestros gobernantes ante la opinión pública.

Una peligrosa doble moral, cuando en nuestra ansiada y moldeada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo de 2021, se apuesta por la generación de electricidad con fuentes renovables, 74%, pero no se apuesta por la electricidad, 27%, sino por mantener el estatus de los combustibles en nuestra cobertura de la demanda de energía, dejando de forma explícita el compromiso de una mayor ambición en futuras revisiones, como si la lucha contra el cambio climático fuera una iniciativa que pudiera llevarse a cabo en cómodos plazos.

Vemos como las compañías energéticas asumen el reto de cambiar de modelo, pero fijan los objetivos para la próxima década, como si el horizonte de permanencia de sus actuales altos ejecutivos reflejara que esta pelea la llevarán a cabo quienes ejerzan esta función en el futuro y que su papel, hoy en día, es maximizar el beneficio económico y, por lo tanto, alargar al máximo el funcionamiento de sus activos y de su core business, aunque este sea el origen de la emergencia climática.

El pasado fin de semana un conocido “prescriptor de la verdad”, desde el periódico digital que fundó, llamaba “ecotontos” a los que defendemos que, tanto en tiempo de paz como de guerra, la lucha contra el cambio climático debe estar basada en la apuesta por las energías renovables, por la eficiencia energética, por el ahorro y por el consumo responsable, frente al ímpetu interesado y artificial de blanquear la nuclear, de convertirnos en el intermediario del gas natural para Europa, el famoso “España, hub de gas”, o de apostar por los combustibles producidos por fracking, aunque estos procedan de Estados Unidos. En definitiva, debemos trabajar para cambiar el estatus quo actual y dejar de convivir con esa doble moral que tantos beneficios económicos origina a unos pocos, desatendiendo a la mayoría social y aumentando su vulnerabilidad.

Siguiendo las palabras que Tancredi decía a su tío Fabricio, Príncipe de Salina, en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Y para conseguirlo el requisito principal es tener perfectamente asumido que la doble moral es un activo tangible y de alto valor estratégico.