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Las mascarillas que nos salvaron caen en el lodazal de la política

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, conversa con varios sanitarios en el interior del hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Las mascarillas que nos salvaron caen en el lodazal de la política.
EFE

Comprar mascarillas hace justo ahora dos años era una proeza, un acto heroico solo apto para gente con contactos y experiencia. Hacerlo ya a buen precio, rozaba el milagro. China, el principal proveedor, era una jungla donde cada día cotizaban al alza los lotes de material higiénico para frenar el contagio del coronavirus, en ese momento desbocado, y tener mascarillas y respiradores era salvar vidas. En ese momento era evidente que podían darse engaños, estafas, desfalcos y palos de ciego por doquier, pero cuando se acumulaban cada día medio centenar de muertos y salir a tirar la basura sin tocar el contendor era una misión de alto riesgo, cualquier situación se puede entender y hay que distinguir entre quienes se saltaron todas las reglas sin pudor y quienes hicieron lo que pudieron para ayudar.

El caso de Luceño y Medina es el mejor ejemplo que podíamos tener de lo que no se puede ni debe hacer: aprovechar la debilidad y la desgracia del momento para ganar dinero con engaños. Si finalmente se demuestra su culpabilidad, que caída sobre ellos y sobre todos los que llegaron a pasar la línea roja de la decencia todo el peso de la ley. Otra cosa es poner el ventilador de la política con meros indicios y empezar a distribuir estiércol entre partidos cuando de lo que se dice a lo que de verdad ocurrió puede haber un abismo. Las acusaciones de Casado sobre el hermano de Ayuso hicieron mucho daño y llegaron a costar un vuelco en el principal partido de la oposición, donde los que abrieron la boca fueron los primeros que se ahogaron con su propio anzuelo. Pero aplicar ahora el todo vale mientras el acusado sea de otro partido, no solo es un ejercicio soez e inconsciente de quien lo pone en marcha, sino que no es justo con todos los que ayudaron a solventar una situación como buenamente pudieron, con muchas horas de sueño perdidas y la angustia de ver como la muerte se apoderaba de la situación porque no habían podido cerrar un trato.

Como recordaba Enrique Morales en este periódico, hay más de 25.000 contratos con irregularidades de algún tipo, sobre todo burocráticas, generadas por la urgencia de la situación. Lo que vaya saliendo contrario a la ley y que sea grave, habrá que depurarlo, con rigor, discreción y profesionalidad, sin aspavientos ni reproches absurdos que de nada sirven ya. Y, por supuesto, sin tener la bajeza de usarlo como arma política arrojadiza sin las pruebas suficientes. Acusar sin ton ni son solo sirve para hacer perder el tiempo a la justicia, que de más tiene con lo que tiene.

Cargar ahora con los contratos que se hicieron en una situación tan crítica es echar por tierra la labor, en la mayor parte de los casos desinteresada, de cientos de personas que se pusieron a arrimar el hombro. Los técnicos de las oficinas comerciales españolas en el exterior en las zonas donde había mascarillas, respiradores o empresas que los podían conseguir se dejaron la piel en el empeño para doblegar la maldita curva de los contagios y los muertos. Cientos de pequeños y medianos empresarios aportaban o que tenían o cambiaban sus fábricas para hacerlo; o grandes dirigentes, como Amancio Ortega y algunos más, que no dudaron en abrir de forma gratuita sus pasillos logísticos para que los contenedores llegaran a España con la mayor rapidez y seguridad posible, en un momento en el que los cargamentos te los podían quitar en el mismo aeropuerto por un precio más alto. Se compraba sin mirar el coste, porque las vidas no tienen precio en una situación así, ni en ninguna otra.

No se nos puede olvidar tan pronto todo lo que ocurrió y el sacrificio que ha habido que hacer para salir adelante y, dos años después (tampoco es tanto) poder quitarnos las mascarillas en el portal de casa, al coger el ascensor o para bajar la misma basura que antes nos daba miedo. Claro que hay que depurar todo y ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Seguro que muy pronto saldrán irregularidades en la tramitación de los créditos ICO y de todas las medidas que sirvieron para que miles de empresas no se arruinaran; o con los ERTE, que todavía permiten sobrevivir a muchos hogares. Y ni que decir tiene que lo más prioritario de todo es aclarar lo que ocurrió en las residencias de ancianos, esas en las que los políticos más cercanos sí que tuvieron una responsabilidad clara que aún no ha sido delimitada. Empecemos por ahí, por los que murieron solos, que es lo importante y lo que más denigró la dignidad de las personas en la que se basa la Constitución y nuestra convivencia. Pero no desviemos la atención con el lodazal de la política, porque no todo vale a la hora de ver lo que pasó en la pandemia. 

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