OPINION

Las cuentas irrealizables del doctor Sánchez

Pedro Sánchez en Davos
Pedro Sánchez en Davos
EFE

El paso del Dr. Sánchez por la Moncloa es una constante huida hacia adelante, que ignora los límites impuestos por la realidad con el sueño de llegar a redefinir la realidad misma adaptada a su conveniencia.

En un primer momento el nuevo presidente convino ante la prensa en que su intención era convocar elecciones lo antes posible. Ahora ya sabemos que convocará elecciones cuando crea que le conviene. Actualmente rehúye de las urnas y los Presupuestos son un instrumento fundamental para ese objetivo.

Obviando la excepcionalidad de que hubiese prosperado por primera vez en nuestra democracia una moción de censura y de estar gobernando con 84 diputados, Sánchez ocupó la Moncloa con extraña normalidad, nombró nuevos responsables a todos los cargos de libre designación a los que echó mano, por supuesto a prácticamente todos los presidentes y directivos de las empresas públicas, colocó a todos sus amigos y potentados, y se puso a trabajar como si contase con una mayoría absoluta en el Congreso.

Uno de los primeros trámites parlamentarios, tras el asalto a RTVE, fue la presentación a las Cortes Generales del Acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Este acuerdo preveía un importante aumento del límite de gasto no financiero respecto a 2018 y una relajación de la senda de ajuste fiscal que implicaba un objetivo de déficit del 1,8% en 2019 en lugar del 1,3% en vigor. Este acuerdo fue rechazado en julio, pero en lugar de traer uno nuevo pasado el mes que establece el artículo 15.6 de la Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Sánchez ignoró este hecho y pasó a la casilla siguiente: confección de un plan presupuestario para entregarlo en Bruselas antes del 15 de octubre. Por supuesto, entre tanto ignoró la Constitución, para variar, y no envió los Presupuestos al Congreso antes del uno de octubre.

El Plan Presupuestario elaborado por el Gobierno recibió un dictamen desfavorable por parte de la Unión Europea, que ha situado a España en la categoría de "Riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019" como ya estuvimos en 2015 y que a punto estuvo de costarnos una multa de 2.000 millones de euros. Según la Comisión Europea los planes presupuestarios de Sánchez llevarían a nuestro país a cerrar 2019 con un déficit de entre 2,1 y 2,2%.

De nuevo, Sánchez, ignorando este hecho, pasó a la casilla siguiente: confección de unos Presupuestos Generales del Estado que no sólo venían fuera de fecha, sino que simplemente no cuadran por ninguna parte. Tampoco importó que en diciembre el Senado tumbase el acuerdo del Consejo de Ministros con los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que se presentaron en julio.

El Gobierno presentó a las Cortes un Proyecto de Ley, situando el techo de gasto en 125.064 millones de euros, un 4,4% más que en 2018, conforme a sus planes presupuestarios iniciales y sin otra novedad que una modificación en la normativa del IVA para contar con la recaudación de 13 meses el año que viene, lo cual aumentaría la caja en 5.000 millones pero en nada ayudaría a cuadrar el déficit, por aplicación del ajuste con el criterio de devengo.

Merece la pena detenerse en los ya famosos 5.000 millones de euros de IVA de las grandes empresas. El IVA se cobra sobre las ventas de las empresas. Si las grandes empresas venden lo mismo y aplican el mismo tipo de IVA, entonces el Estado recaudará lo mismo. Que se adelante 10 días un pago, hace que se tengan en caja a 31 de diciembre 5.000 millones más, pero a mitad de enero del año siguiente, o sea unos días más tarde, el dinero en caja será el mismo. Con ese dinero no se puede financiar gasto permanente porque el Estado no cobra más IVA. Al igual que para una empresa contabilizar un adelanto de cobro, o un descuento de una factura, como una venta es un fraude, esto no es distinto para el Gobierno de Sánchez y Montero. Eso sí, este maquillaje o fraude contable son nada menos que 5.000 millones de euros.

Esto nos deja con unas cuentas públicas que no cuadran de partida, con un agujero que excede los 10.000 millones por el lado de la previsión de ingresos y un déficit que puede llegar a superar en un punto del PIB el objetivo legal vigente que es el 1,3%.

Está claro que el Gobierno no ha hecho nada para ajustar sus Presupuestos al objetivo de déficit de 1,3% pero tampoco ha intentado ajustarse en la práctica a su objetivo del 1,8%. De hecho, como ya le ha advertido la Comisión Europea, y la Oficina Económica de Ciudadanos, su déficit se irá por encima del 2% del PIB. Malas noticias para el crecimiento económico, la creación de empleo y para el bolsillo de los ciudadanos que sólo podemos esperar más subidas de impuestos.

Por supuesto, el Gobierno tampoco aborda el problema estructural del déficit de la Seguridad Social. En este Presupuesto, por ejemplo, el préstamo del Tesoro al Sistema de Seguridad Social se incrementa desde los 13.557 millones de 2018 hasta nada menos que 15.164 millones de euros. Esto supone que una parte de las pensiones se está financiando, en la práctica, con cargo a impuestos, porque el Tesoro muy difícilmente recuperará los préstamos a la Seguridad Social.

Así, resulta irónico que las exigencias de actualización de las pensiones que sacan a las calles a miles de personas en el País Vasco y que movilizan al PNV en Madrid, se estén financiando a través de un mecanismo de préstamo del Estado en el que no participa, y por tanto le sale gratis a esta misma comunidad autónoma que goza de un régimen fiscal foral, y que una vez más en esto se demuestra privilegiado. Es muy cómodo exigir pensiones más altas, que se paguen con los impuestos que tienen que abonar los residentes en las demás autonomías, sin que se realice ningún ajuste en el cupo vasco. En esta cuestión, como en tantas otras de sentido común, Cs se quedó solo defendiendo un cálculo racional, y no interesado y opaco del cupo, el denominado, con razón, 'cuponazo'.

Estos son unos malos Presupuestos para la economía española, entre otras cuestiones, porque no cuadran. Lo peor es que los españoles van a pagar un enorme precio político para que salgan adelante en forma de: pésima distribución de inversiones; cesión de las prisiones al PNV, probablemente la noticia que los presos de ETA estaban esperando; y condiciones sobre la posición del Gobierno ante el juicio del 'procés', como ya hemos visto…

Ciudadanos presentará enmienda a la totalidad y votará en contra de las peores y más tramposas cuentas de la democracia. Los españoles no se merecen estas cuentas, ni el precio de que Sánchez siga en el sillón unos meses más. Los españoles se merecen poder elegir ya su gobierno. No es tiempo de Presupuestos ni de los sueños irrealizables de Sánchez, es tiempo de elecciones.

[Artículo firmado por Miguel Carpintero y Francisco de la Torre. Economistas, técnico parlamentario y diputado de Ciudadanos, respectivamente.]

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