La OCDE advierte: los retos de la nueva economía globalizada

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ace unos días, la OCDE ha publicado un informe bajo el título “Preventing Ageing Unequally”, donde advierte a las autoridades políticas de las economías más desarrolladas del mundo sobre las crecientes dificultades que las nuevas generaciones tendrán que afrontar como consecuencia de dos retos determinantes: el envejecimiento de la población y la inestabilidad de la vida laboral.

De este modo, una de las conclusiones clave de la OCDE es el agotamiento de los sistemas de prestaciones sociales, como es el caso de las pensiones, urgiendo a los gobiernos para que tomen conciencia de esta problemática y realicen las reformas de calado necesarias para evitar que la desigualdad de ingresos pueda, incluso, comprometer la estabilidad social.

Respecto al reto demográfico, la OCDE señala que en 1980 la población de sus economías mayor de 65 años era del 20%. Hoy en día, este porcentaje alcanza el 28%. En el caso concreto de España, el estudio realizado por el IMSERSO arroja unas perspectivas poco halagüeñas, estimando que en 2050 la población mayor de 65 años superará el 30% del total, convirtiéndose en uno de los países más envejecidos del mundo junto a Japón, Alemania e Italia.

Por otro lado, el reto laboral viene caracterizado por una coyuntura en el corto plazo de recuperación paulatina del empleo. España, tal y como acaba de publicar la Encuesta de Población Activa, presenta una tasa de paro del 16,8%, y tiene aún mucho camino que recorrer hasta llegar a la media de la OCDE, que se sitúa actualmente en el 5,8%. Sin embargo, en el medio y largo plazo el mercado laboral tiene que afrontar la realidad de dos fenómenos que están generando un impacto absolutamente radical en los trabajadores, esto es, la globalización y la digitalización de las economías. Ambos fenómenos están transformando las expectativas hacia un modelo vital basado en, como diría Zygmunt Bauman, tiempos “líquidos”, donde la incertidumbre crece en un entorno de mayor apertura comercial y de competencia en los mercados y con la entrada de nuevas tecnologías que amenazan con sustituir a la mano de obra menos cualificada.

Identificados estos retos, la agenda principal de los gobiernos debería focalizarse en dos reformas fundamentales: primero, una reforma del Estado de Bienestar, y en concreto del sistema de pensiones, y segundo, una reforma en la educación.

En España, sin embargo, ambas reformas permanecen en una discusión política que podría calificarse de bizantina y peligrosa. Esto es así debido a que, en general, todos los gobiernos de España, con independencia de su signo político, se han empeñado en decidir centralizadamente cuáles deben ser las necesidades de los ciudadanos, sin permitirles optar por otras alternativas basadas en la libertad individual.

En el caso de las pensiones, la Seguridad Social ha agotado el fondo de reservas y se ve obligada a financiarse a través del Tesoro Público, un escenario que urge al gobierno a reformar de una vez el actual sistema público de reparto hacia un modelo que combine sistemas de capitalización, tal y como ya han hecho la gran mayoría de países de la OCDE. El éxito de esta reforma se basa en devolver a los ciudadanos la responsabilidad de garantizarse una jubilación a través del ahorro previo, evitando los actuales conflictos sociales entre los trabajadores, que deben soportar una creciente cuña fiscal para financiar el sistema, y los jubilados, que han visto cómo la cuantía de sus pensiones se ha visto recortada tras las últimas medidas que han tratado de parchear el problema de sostenibilidad del sistema actual.

Respecto a la educación, es de lamentar que cada gobierno de turno haya ido tirando por la borda las reformas educativas aprobadas por el gobierno anterior sin siquiera analizar su contenido, convirtiendo este ámbito tan importante de la vida de los ciudadanos en otra batalla meramente ideológica.

La principal tarea a abordar en la educación debe consistir en un cambio de planteamiento, pasando de un modelo actual bajo el cual, es el Estado el que define el currículo o plan de estudios basándose, de nuevo, en una opinión centralizada por parte de un comité de expertos burócratas, hacia un nuevo marco formativo basado en la educación por competencias, es decir, aquellas habilidades cognitivas y no cognitivas que demanda el mercado, que es más eficiente en descubrir cuáles son las competencias necesarias que los estudiantes deben adquirir para adaptarse en un entorno tan complejo como es el de la globalización. Y para ello, es necesario que el rol del Estado quede limitado al de coordinador entre los verdaderos colectivos que han de tomar parte en este debate: los ciudadanos, los centros de estudios y las empresas.

A pesar del alarmismo por parte de algunos colectivos que demandan una mayor intervención de los Estados para garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, es preciso ser muy conscientes de los riesgos que se están dando ante un mayor peso de la clase política en este escenario.

La profunda complejidad de este contexto ha facilitado a los Estados adoptar un discurso nacionalista, cargado de un lenguaje manipulado para que los ciudadanos justifiquen mayor poder público sobre las esferas privadas. El Brexit en Reino Unido, Donald Trump en Estados Unidos y por supuesto el conflicto en Cataluña, constituyen la muestra del auge de los nacionalismos en nuestros días.

Tomemos nota de las advertencias de la OCDE en su último informe, pero seamos críticos con las respuestas que debemos tomar ante los retos identificados.