Llega la hora de la verdad para la falsa república catalana

El gran error de los independentistas fue proclamar la República en un territorio “monárquico” donde imperaba la dinastía pujoliana, la de Jordi Pujol y familia, dueños y señores absolutos de Cataluña durante 25 años, que tuvieron que abandonar el “trono” por el imperativo legal de la corrupción. Aunque si lo analizamos desde un punto de vista más racional, el cuento de la falsa República se convirtió en el salvavidas del náufrago, en la última esperanza para minimizar los desastres políticos que provocó Artur Mas, y para frenar de paso el lío judicial del clan Pujol y su gran tinglado del 3%. Fue una huida hacia adelante, un intento de aplicar la vieja estrategia de “cuanto peor mejor” para agarrarse a un clavo ardiendo y minimizar los daños de la familia “pujolone”. Pero he aquí, que todo “porky” tiene su San Martín, y todo golpe de Estado su juicio televisado.

El pasteleo judicial de los Pujol sigue ahí, como estancado, dando ligeros coletazos como un tiburón malherido para indicar que no está muerto. Pero ahora estamos en otro calvario; y tras cuatro meses, 52 sesiones y 422 testigos, hemos llegado a la penúltima estación: la del visto para sentencia. La resolución judicial llegará en el mes de octubre, cuando el verano ya sea historia y la investidura de Pedro Sánchez esté consumada, por suerte para él. Aunque ello no significa que la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, no “trabaje” a favor de una pena menor para los independentistas, en este caso de sedición.

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¿Pero qué sentencia dictará el Tribunal Supremo? De entrada se espera que el veredicto sea unánime, sin votos particulares, para tener una mayor fuerza legal ante los condenados y ante posibles reclamaciones en los tribunales internacionales. ¿Rebelión o sedición? Esta es la cuestión y esa es la pesadilla a desentrañar por los magistrados, encabezados por Manuel Marchena. La opinión pública está dividida, como en casi todo lo que sucede en España.

Los hay que se inclinan por una sentencia conciliadora, de baja intensidad, que no “castigue” demasiado a los encausados, con el objetivo de recomponer las relaciones con la Generalitat. Eso es mucho pedir y mucho soñar. Sobre todo después de que Quim Torra, el delegado presidencial de Carles Puigdemont, anunciara hace un par de días que “Lo volveremos a hacer, claro que sí, porque el país tiene claro lo que quiere: la independencia”. Lo dijo después de que el juicio quedará visto para sentencia. ¿Es una chulería? ¿Una bravuconada más’ ¿Un aviso para intimidar al Tribunal Supremo que ha de dictar sentencia?

Vaya usted a saber. Pero lo que parece seguro es que el Tribunal que ha de dictar sentencia no reparará mucho en las opiniones oídas fuera del juicio, ni en las “últimas palabras” concedidas a Junqueras, Romeva, Forn, Rull, Turull, Forcadell, Cuixart, etc. Los 12 encausados tuvieron quince minutos cada uno para explayarse a sus anchas y decir lo que pensaban. Todos coincidieron en lo mismo: que estaban sentados ante el Tribunal porque había fracasado la política. Parecía más bien que todos habían perdido el juicio, en su doble acepción.

Lo sucedido en septiembre y octubre de 2017, era, para todos ellos, un problema de orden público, de derechos civiles, de libertad de expresión y de reunión. En ningún momento se acordaron de que se habían vulnerado leyes constitucionales o se había proclamado la República, aunque sólo fuera durante doce segundos. Lo de subvertir el ordenamiento jurídico e intentar romper el Estado parece que sólo fue el sueño húmedo de una noche de verano, o un invento de la prensa.

Existe otra corriente de opinión que cree que los hechos que se juzgan son muy graves y que la Justicia debe actuar en consecuencia, al margen de consideraciones contemporizadoras y buenistas, y que la Ley es “dura lex” para todos y que dictar sentencia para contentar a los independentistas es un error que solo conduce a confundir a la sociedad y mostrar la debilidad del Estado. Y que una sentencia justa, aunque sea dura, conlleva a que todos reconozcan el valor real de la Constitución y nadie se lleva a engaño. Pensar que la injusticia, disfrazada de tolerancia gratuita, apaciguara los ánimos secesionistas, es lo mismo que creer que hay que regalarle cerillas a un pirómano para que no se frustre y así evitar que reincida en sus locuras incendiarias.

Las sentencias no son buenas o malas, duras o blandas, sino justas o injustas. Y hay que aplicar la ley con magnanimidad, con grandeza de espíritu, pero también con equidad, dando a cada uno lo que se merece, según sus méritos o delitos. Y de este modo dejar claro que las Leyes son iguales para todos, incluso para los políticos.