Con un escueto 'muchísimas gracias a todos, visto para sentencia' puso punto y final al juicio por la deriva independentista catalana el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Cuatro meses y 52 sesiones después del arranque de una de las vistas más significativas de los últimos tiempos, las posiciones no solo se mantienen intactas en lo que respecta a acusaciones y líderes del anterior Govern sino que incluso parecen haberse reforzado en ambos sentidos, pues mientras la Fiscalía elevó los hechos ya juzgados a 'golpe de Estado' los acusados respondieron ayer alegando que lo volverían a hacer porque se trató de un ejercicio de democracia.
El recorrido jurídico de esta causa que arrancó en octubre de 2017 en la Audiencia Nacional tampoco parece haber suavizado la tensión social en Cataluña, de acuerdo con la tesis que defienden los doce acusados por rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. En su turno de última palabra, del que hicieron uso todos y cada uno de ellos, insistieron en que la solución al conflicto catalán pasa por la vía de la política y del diálogo y negaron que se apelara a ningún tipo de violencia en los llamamientos a movilizaciones y a la jornada del referéndum del 1-O. "Estoy convencido de que lo volveremos a hacer", sentenció Jordi Cuixart.
Visiblemente afectados, los acusados denunciaron la situación de prisión provisional en la que se encuentran nueve de ellos e insistieron en que la sociedad independentista de Cataluña seguirá buscando vías para hacer efectiva la desconexión del territorio español. "Los fuertes pactan, los débiles imponen", "la urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado" o "es una desobediencia civil en toda regla" fueron algunas de las frases que se escucharon en las últimas horas de un juicio que terminó justo cuatro meses después de su comienzo el 12 de febrero.
Estos alegatos quedan ya a disposición de los siete magistrados de la Sala de lo Penal que han integrado el tribunal y que ahora estudiarán los pormenores de cara a una futura resolución que se espera para el próximo otoño. Sin embargo, los magistrados tienen ahora la dura tarea de estudiar no solo los informes finales de las partes sino también el contenido de las periciales practicadas así como el testimonio de los más de 420 testigos que han desfilado por el salón de actos del alto tribunal. La tarea es doblemente ardua porque de las conclusiones que obtengan se despejará la cuestión central de este procedimiento y es si los doce acusados cometieron o no el delito de rebelión con la deriva independentista sin olvidar que las vistas de muchos de ellos están fijadas en la Justicia europea incluso desde el mismo momento del inicio del procedimiento.
Los cuatro fiscales al frente del caso -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal- no solo no variaron su percepción inicial de los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de esos meses sino que la reforzaron a tenor de las conclusiones plasmadas en sus informes finales en los que mantuvieron su acusación por delito de rebelión para nueve de ellos y cifraron en cerca de 3 millones de euros la cuantía de dinero público que habría malversado el equipo de Carles Puigdemont con la preparación del 1-O.
La versión de Trapero
Entre las ligeras modificaciones que incluyó la principal acusación de la causa destaca la mención especial a una de las testificales más reveladoras de la vista; la protagonizada por el mayor Josep Lluis Trapero. El que fuera jefe de los Mossos, que será juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional por la presunta inacción del cuerpo policial en el 1-O, reconoció para sorpresa de muchos que tenían un plan preparado para detener a Carles Puigdemont y el resto de su equipo si así lo acordaba la Justicia.
Los fiscales no solo dieron por buena su versión sino que concluyeron que de las declaraciones prestadas por la cúpula de los Mossos y la Guardia Civil queda patente que advirtieron expresamente a Puigdemont y Junqueras en las reuniones que tuvieron lugar a finales de septiembre de ese año de que se podían producir "situaciones violentas" si seguían adelante con su intención de celebrar la jornada de referéndum prohibido por el TC a tenor de la gran afluencia de catalanes que se esperaba para esa jornada. Todas estas revelaciones sirvieron al Ministerio Fiscal para concluir que el intento de desconexión de España de los acusados fue "claramente insurreccional".
Por ese motivo la Fiscalía mantiene su esquema de acusación -en el que sitúa a Junqueras como 'principal motor de la rebelión' y pide para él la pena más alta de 25 años de prisión mientras que le siguen el entonces líder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para los que solicita 17 años de prisión también por el delito de rebelión; los mismos que pide para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tampoco se ha movido en estos cuatro meses de juicio la postura de la Abogacía del Estado, representada por Rosa María Seoane tras la polémica salida de la causa de Edmundo Bal. A diferencia de la Fiscalía, los servicios jurídicos del Gobierno no ven un ataque al orden constitucional sino al orden público, de ahí que su acusación sea por sedición y, consecuentemente, la petición de penas de cárcel ligeramente inferior.
Tras el rastro de la Moleskine
Aunque la gran causa por la deriva independentista toca a su fin en el alto tribunal, las investigaciones paralelas siguen. Es el caso de la que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción número 13 de Cataluña por la logística del 1-O y los pormenores de la celebración de esta consulta que tiene como principal imputado al exsecretario de Vicepresidencia Josep María Jové. Precisamente su nombre ha salido a relucir en innumerables ocasiones a lo largo del procedimiento por ser el autor de la famosa hoja de ruta del procés -Enfocats- y de la agenda Moleskine. Los doce acusados impugnaron en bloque ambos documentos (considerados como prueba de cargo por la Fiscalía) desvinculándose por completo de los mismos y llegándolos a tildar de "extravagantes" y apócrifos".
Las maratonianas sesiones de juicio dejan también anécdotas ocurridas delante y detrás de las cámaras que lo han grabado en su totalidad y retransmitido en directo a petición expresa del tribunal. Es el caso de las ya famosas frases pronunciadas por el magistrado Marchena a lo largo de todo este tiempo y que quedan ya para la posteridad tales como 'No empezamos bien', 'Su opinión no nos importa' o su ya famosa muletilla 'Vamos a ver'. El tiempo no ha suavizado las posturas de las partes pero sí ha reforzado los vínculos entre los actores internos y externos del juicio como es el caso de periodistas, abogados, juristas o policías. Tanto es así que el punto y final de la vista oral este miércoles vino sucedido por abrazos y despidos cariñosos en los pasillos del alto tribunal, antes de que a las 21.00 horas los agentes cerraran sus puertas, como venían haciendo todos y cada uno de los 52 días que ha acogido el juicio por la deriva independentista en Cataluña.
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