¿Qué expedientes financieros van a llegar a la presidencia española del Consejo UE?

Reglas fiscales, autonomía estratégica de la UE, Ucrania, profundización de las relaciones con América Latina… Hay muchos expedientes clave que tendrán que ser debatidos durante la presidencia española del Consejo de la UE. Pero aunque no están acaparando los focos mediáticos, no hay que olvidar los expedientes financieros. Un sistema financiero sólido, estable y bien regulado es clave para la salud de cualquier economía. Por ello, conviene hacer un repaso de qué habrá sobre la mesa de las instituciones UE en los próximos meses.

Antes de repasar los expedientes, es recomendable recordar los distintos momentos en que pueden encontrarse desde el punto de vista de la tramitación normativa. Tras la formulación por la Comisión Europea de una propuesta normativa, es el turno de los colegisladores (Consejo de la UE y Parlamento Europeo) de debatir y adoptar una posición institucional al respecto. Una vez que Consejo de la UE y Parlamento Europeo han definido sus posiciones de manera individual, llega el momento de las negociaciones interinstitucionales o trílogos, de las que debe salir un acuerdo sobre el texto definitivo a adoptar. Pues bien, como se explicará a continuación, la presidencia española del Consejo de la UE va a recibir expedientes en prácticamente todas las fases de tramitación.

Comenzando con la Unión Bancaria, la Comisión Europea formuló su propuesta normativa para un Fondo de Garantía de Depósitos Único (conocido como EDIS, por sus siglas en inglés), la gran pieza pendiente para completar la Unión Bancaria, en noviembre de 2015. La propuesta normativa sigue siendo válida, pero está totalmente estancada, ante la falta de acuerdo entre Estados miembros y partidos políticos. Por tanto, es altamente improbable que este expediente vaya a poder ser impulsado durante la presidencia española. Destaca también en materia de Unión Bancaria la reciente propuesta de abril de 2023 de la Comisión Europea sobre Gestión de Crisis y Seguro de Depósitos (CMDI, por sus siglas en inglés), que pretende armonizar las medidas de intervención temprana, el análisis de interés público en los procedimientos de resolución y el de menor coste en el uso de los Fondos de Garantía de Depósitos, para evitar situaciones de falta de trato equivalente como las vividas en el pasado en la Unión Bancaria. La CMDI también pretende facilitar el uso de fondos de los Fondos de Garantía de Depósitos Nacionales e incluso del Fondo Único de Resolución para facilitar el traspaso de pasivos (básicamente, depósitos) cuando en un proceso de resolución la estrategia sea la venta a otra entidad. Aunque menos polémica que el EDIS, es bastante probable que esta propuesta también vaya a encontrar resistencia, por lo que será complicado que el Consejo consiga llegar a un Acuerdo General en el segundo semestre del año.

En segundo lugar, las instituciones de la UE han conseguido llevar a cabo un importante progreso en materia de normativa prudencial bancaria. En efecto, tras la presentación de la propuesta normativa del Paquete Bancario por la Comisión Europea en octubre de 2021 y la adopción de las respectivas posiciones por Consejo y Parlamento Europeo, las negociaciones interinstitucionales en trílogos comenzaron el pasado mes de marzo. La expectativa es que durante la presidencia española se cierren todos los detalles técnicos del Paquete Bancario, que constituye la transposición a la normativa UE del acuerdo de 2017 de Basilea III. Se trata de una normativa particularmente importante, en la medida en que persigue aumentar la comparabilidad de las ratios de capital de las distintas entidades y mitigar el uso oportunista de los modelos de riesgo interno por parte de las entidades en el cálculo de los activos ponderados por riesgo. Es una iniciativa relevante para el sector bancario español, que trimestre tras trimestre aparece como uno de los sectores bancarios con menores ratios de capital, pero no por ser menos solvente que el resto, sino por la elevada densidad de sus activos ponderados por riesgo y el uso ventajista de los modelos internos por parte de bancos de otras jurisdicciones.

En tercer lugar, hay tres expedientes que forman parte de la Unión de los Mercados de Capitales que están siendo debatidos en estos momentos en las negociaciones interinstitucionales o trílogos y que por tanto, deberían concluirse próximamente. Se trata de (1) la revisión a la normativa sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID/MiFIR), con una propuesta presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2021, con los objetivos de mejorar la transparencia y la disponibilidad de los datos de mercado, mejorar la igualdad de condiciones de competencia de los centros de ejecución y garantizar que las infraestructuras de mercado de la UE siguen siendo competitivas; (2) la revisión a la Directiva de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD), sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea de noviembre de 2021, para armonizar las reglas de los fondos de deuda y facilitar que llega el crédito a la economía; y (3) la revisión del Reglamento de los Depositarios Centrales de Valores, con una propuesta presentada por la Comisión Europea en marzo de 2022, con el fin de hacer más segura y eficaz la liquidación de valores en la UE modificando la disciplina de liquidación, la prestación transfronteriza de servicios, la cooperación en materia de supervisión, la prestación de servicios auxiliares de tipo bancario y los requisitos aplicables a los depositarios centrales de valores de terceros países. También en el ámbito de la Unión de los Mercados de Capitales se espera que hacia el otoño comiencen las negociaciones interinstitucionales sobre el denominado “Listing Act”, propuesto por la Comisión Europea en diciembre de 2022 y que modifica numerosas normas como MiFID, MiFIR, el Reglamento de Abuso de Mercado o la Directiva de Folletos, para racionalizar las reglas aplicables a las empresas que van a salir a mercado o que ya se encuentran en mercado, reduciendo cargas burocráticas y facilitando la captación de financiación en mercado por pymes.

En cuarto lugar, en lo que a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se refiere, en julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete legislativo compuesto de dos propuestas de Directiva y tres propuestas de Reglamento con el fin de reforzar el marco normativo en la materia. Los colegisladores han alcanzado ya un acuerdo provisional sobre la actualización del Reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos. No obstante, durante la presidencia española continuarán las negociaciones interinstitucionales sobre el Reglamento y la Directiva sobre prevención del uso del sistema financiero para el propósito del blanqueo de capitales (AMLR y AMLD6, por sus siglas en inglés) y el Reglamento para establecer la Autoridad de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLAR, por sus siglas en inglés). Por cierto, la ciudad de Madrid es una de las candidatas a albergar la sede de la Autoridad de Prevención del Blanqueo y desde aquí, aprovecho para expresar mi apoyo por la que probablemente sea la candidatura más fuerte de todas.

En quinto lugar, en materia de pagos y digitalización, destaca el Reglamento de Pagos Instantáneos, que modifica el Reglamento SEPA y el Reglamento sobre pagos transfronterizos, y que pretende garantizar que los pagos instantáneos en euros son asequibles, seguros y se procesan sin trabas. La propuesta normativa de la Comisión Europea fue presentada en octubre de 2022 y los trílogos comenzarán probablemente en el otoño. Y cómo no, en el ámbito de los pagos y la digitalización, no hay que olvidar la propuesta normativa sobre el Euro Digital, estando prevista su presentación por la Comisión Europea para el próximo 28 de junio, aunque ha habido algunas dudas al respecto, tras haber desaparecido de la agenda del Colegio de Comisarios. En cualquier caso, será altamente complicado cerrar este expediente bajo presidencia española, en la medida en que en primer lugar, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deberán fijar sus respectivas posiciones.

Sexto, en lo que a las finanzas sostenibles se refiere, hay que mencionar el Reglamento de ratings ESG, propuesto por la Comisión Europea este mismo mes de junio, y que persigue aumentar la calidad de la información sobre las calificaciones ESG, mejorando la transparencia de las características y metodologías de estas calificaciones y garantizando una mayor claridad sobre las operaciones de los proveedores de calificaciones ESG, así como la prevención de riesgos de conflictos de interés de estos proveedores. En la medida en que la propuesta de la Comisión Europea se presentó muy recientemente, es poco probable que la tramitación normativa íntegra de este proyecto pueda finalizar bajo presidencia española.

Algo similar en términos procedimentales ocurre con la Directiva y el Reglamento de Inversión Minorista, que la Comisión Europea presentó el pasado mes de mayo, con el objetivo de garantizar que el marco jurídico protege lo suficiente a los inversores minoristas, creando así las condiciones necesarias para aumentar su participación en los mercados de capitales.

Y ya por último, pero no por ello menos importante, en el ámbito de los seguros, en septiembre de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta de modificación de la Directiva de Solvencia para actualizar el marco jurídico en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la información, las medidas a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronteriza. También en septiembre de 2021 la Comisión Europea propuso la Directiva de Recuperación y Resolución de seguros, con el propósito de introducir un marco de recuperación y resolución en el ámbito asegurador. Lo esperable es que los trílogos se desarrollen durante la presidencia española.

En definitiva, todavía queda pendiente mucho trabajo regulatorio a nivel europeo en materia financiera. Aunque haya otros expedientes que vayan a acaparar los focos durante estos meses, no hay que minusvalorar la importancia de este trabajo en términos de estabilidad financiera, fomento del desarrollo de los mercados de capitales europeos, acceso a una diversidad de fuentes de financiación, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, protección del inversor y el consumidor de servicios financieros y sostenibilidad.