Un pacto de Estado para la industria... ¿Dónde están políticos y sindicatos?

El pasado 18 de enero, el Club Diálogos para la Democracia, junto con Ibercaja, organizó un debate sobre 'Una nueva política industrial para España'. Un acto que tuve el honor de moderar, y en el que participaron dos personas muy solventes y con opiniones muy formadas sobre la necesidad de retomar lo antes posible una política industrial para nuestro país. Por un lado, Teresa Santero, exsecretaria general de Industria en el Gobierno de España (2008-2011) y artífice del Plan Integral de Política Industrial (PIN 2020) y, por otro, Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de ANFAC y expresidente de General Electric para España y Portugal. En el acto no sólo se debatió el diagnóstico de la industria en España, sino que se ofreció una serie de recomendaciones de política para todos los agentes implicados (Estado, Comunidades Autónomas, Unión Europea, agentes sociales y sector privado). Como no puede ser de otra forma, hubo puntos de acuerdo y de desacuerdo, aunque predominaron más los primeros que los segundos.

Los puntos de acuerdo

En el diagnóstico no hubo prácticamente ninguna discrepancia, más allá de la diferencia en las fuentes estadísticas para evaluar la pérdida de peso del sector manufacturero en España en los últimos 20 años. Si tomamos los datos del INE, y nos fijamos en el peso del Valor Añadido Industrial sobre el total del PIB (véase Gráfico 1), se comprueba que desde 1995 el sector manufacturero ha perdido unos 4 puntos. Buena parte de esa pérdida tiene lugar durante los años de la “Falsa Bonanza” (1998-2008). De hecho, durante la crisis, la caída se ha frenado e incluso ha habido una cierta recuperación desde 2009 en adelante, tendencia que se frena, de nuevo, a partir de 2015, cuando la economía española en su conjunto crece con más fuerza.

Para la comparación internacional podemos acudir a diferentes fuentes. Una de ellas es Eurostat. Pero, para ampliar el rango de los países, he preferido escoger los datos del Banco Mundial, cuyo resumen se refleja en la Tabla a continuación.

Salvo en Irlanda, en todos los países de la OCDE el sector industrial ha perdido peso relativo. Pero en algunos ha sido poco significativo (Corea, Noruega, Dinamarca, Alemania) y, en otros, muy llamativo. Ese es, desgraciadamente, el caso de España que, junto con Reino Unido, encabeza el ranking de desindustrialización. Nótese que he seleccionado el período que empieza en 1995 precisamente para evitar los datos de finales de los 80, en los que se produjo la reconversión industrial. Los países que mejor desempeño han tenido son, sin duda, los que han puesto en práctica una política industrial, incluyendo entre ellos a los EE.UU.

Y Europa tiene un problema relativamente más serio que el resto de la OCDE. Como señaló Mario Armero, “sin industria no hay futuro, ni para España ni para Europa, pues es la actividad que genera mayor productividad y mayor valor añadido”. Por este motivo propuso un pacto de Estado por la Industria que permita desarrollar una política industrial sostenida en el tiempo y que aborde los retos derivados de la robotización y digitalización. Y puso en valor, como todos los asistentes, la contribución de los sindicatos a través de la Declaración por la Industria.

Sin poner en cuestión la necesidad de dicho pacto de Estado, Teresa Santero afirmó que el primer pacto tiene que ocurrir en el seno del propio gobierno, algo que no está ocurriendo en la actualidad. Porque la política industrial no es sólo competencia de un departamento ministerial sino que incumbe a casi todos los Ministerios: Trabajo (marco laboral), Hacienda (entorno fiscal), Fomento (infraestructuras y logística), Energía (costes energéticos), Educación (Formación dual), Justicia (creación de empresas y seguridad jurídica), Medio Ambiente, Asuntos Exteriores (acuerdos comerciales), etc. Es cierto que el PIN 2020, que aprobamos a finales de 2010, involucró a nueve Ministerios del Gobierno de España. Pero nunca hubo un Consejo de Ministros monográfico sobre la Industria, como sí lo hubo para el Turismo, aunque fue criticado por la oposición. Visualizar la unidad de acción de todo el gobierno en torno a este tema, e involucrar directamente al Presidente del Gobierno, pueden resultar determinantes.

Santero defendió que “la clave es la fijación de prioridades cuando la política industrial y la medioambiental entran en conflicto”. También afirmó que el pacto de Estado debe involucrar a las CCAA y a los agentes sociales, y criticó la desaparición de los Observatorios sectoriales que pusimos en marcha en nuestra etapa de Gobierno. Mario Armero también defendió una mayor colaboración público-privada, así como un enfoque industrial integral, con una política energética estable, medidas de logística y transporte buscando la conectividad exterior y la intermodalidad, una gestión de la I+D+i que potencie la actividad innovadora de las empresas y una formación dual que combine la educación con la inserción en centros de trabajo. Todos consideramos un error el haber abandonado los contratos de aprendiz que existían en la dictadura. Y también apoyamos un programa razonable de compras públicas (procurement) que no se dirija a empresas nacionales sino a europeas. Ello requiere que la Comisión también considere la Política Industrial como una prioridad en la agenda europea.

Los puntos de desacuerdo

Las principales discrepancias se centraron en el papel de los planes de reindustrialización y en el apoyo o no a unos sectores estratégicos. En mi opinión, los primeros tuvieron un escaso retorno y los segundos fueron exitosos. Algo que compartió Armero, sobre todo en lo que se refiere al automóvil, pero no tanto Santero, que opinaba que era difícil definir qué es un sector estratégico y puede causar agravios comparativos de los sectores no considerados como tales. Todos coincidimos en que la existencia de sectores estrategicos no debe excluir que el grueso de la política industrial debe ser transversal.

También hubo debate sobre el papel del sector financiero como motor de financiación de la inversión. Utilizar la banca pública, que ya tenemos, como ariete para señalar al resto de la banca el camino de la financiación del capital riesgo y de proyectos innovadores, de expansión internacional o de crecimiento empresarial, no tuvo una acogida entusiasta por parte de los asistentes. También hubo alguna discrepancia en cuanto a la duración de los programas de apoyo. Santero abogaba por programas cortos, “no eternos”, mientras que Armero defendía programas sostenidos en el tiempo.

La CEOE mueve ficha

A los pocos días de este debate, la CEOE ha publicado un interesante documento: “La industria, motor de crecimiento. Análisis y recomendaciones”, con una esquemática pero exhaustiva lista de propuestas, a escala nacional y europea, para llevar a cabo una política industrial firme. Incluye diversos ámbitos, como el de la política energética, logística y transporte, política comercial y de infraestructuras, de innovación, desarrollo tecnológico y digitalización, de formación y empleo, redimensionamiento empresarial, regulación medioambiental y de consumo, y de política fiscal.

El documento aboga por “un pacto de Estado que propicie un aumento del peso de la industria”. Y ese mismo documento puede ser la base de dicho acuerdo, o al menos el punto de partida para alcanzarlo en un horizonte temporal de meses. Los sindicatos y las fuerzas políticas tienen la palabra.