Opinión

El Plan de Recuperación ante la crisis de Ucrania y su impacto en la economía

Sánchez, Calviño y Díaz
Sánchez, Calviño y Díaz
Europa Press

La invasión rusa de Ucrania ha centrado nuestra atención en donde debe estar: en la ayuda a los ciudadanos que lamentablemente salen de su país y la respuesta sancionadora de la Unión Europea y Estados Unidos, con un apoyo ciudadano sin precedentes. Inevitablemente, la atención también está en el análisis del impacto económico inmediato del conflicto y las propias medidas sancionadoras, comenzando por los precios de una energía dependiente del gas que llega de Rusia. Pero los efectos irán más allá y se dejarán sentir a medio plazo, no sólo en una inflación que ya no tendrá solo causas coyunturales sino más estables, sino también en las prioridades de inversión y reforma que los distintos gobiernos y las empresas deberán acometer para ganar en autonomía estratégica y energética.

Un momento complejo que ha hecho que pasara desapercibido el primer informe comparado de la Comisión Europea respecto de los progresos en la ejecución de los Planes de Recuperación de los distintos Estados miembro, y en el que España sale bien parada. Nuestro país fue el único que consiguió cumplir los requisitos para recibir en diciembre de 2021 el primero de los pagos previstos en el acuerdo suscrito con la Comisión en las Disposiciones Operativas. Llama la atención que sólo ocho países de 27 hayan firmado estos acuerdos preceptivos, que España selló en noviembre de 2021. En segundo lugar, según el análisis de la Comisión, están Francia, Grecia, Italia y Portugal, conformando un grupo de países del sur de Europa que, a diferencia de la Gran Recesión de 2008, están ahora en la vanguardia. Los países del norte y el centro de Europa, en este caso, tendrían menos incentivos al contar con menos fondos asignados, aunque se trata de un retraso que no deja de sorprender dada su importancia política, especialmente en el caso de Alemania y Países Bajos.

En este contexto, cabe preguntarse qué pasará con los Planes de Recuperación, diseñados y comenzados a ejecutar en contextos geopolíticos distintos. Italia, por ejemplo, ya ha confirmado que se plantea modificar su Plan de Recuperación de 191.000 millones de euros procedentes del Fondo Next Generation EU precisamente por los precios de la energía y su alta dependencia de Rusia en esta materia. En el caso de España, de los 69.500 millones de euros en subvenciones destinados a España del programa Next Generation EU, un 40,29 % (28.000 millones de euros) están destinados a actuaciones relacionadas con la transición ecológica y la sostenibilidad. Las inversiones, alineadas con Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) tienen por objetivo: una reducción de emisiones GEI del 23 % respecto de 1990 (equivalente al 38 % de las de 2010); una participación de las renovables del 42 % sobre el uso final de la energía; una mejora de la eficiencia energética del 39,5 %; y una presencia del 74 % de la energía renovable sobre el total de la generación eléctrica. Además, el 100 % de las inversiones deben cumplir con el principio de no hacer daño al medioambiente.

Por eso, en el caso de España el foco no estará tanto en revisar el Plan existente como en orientar el diseño de los planes pendientes. ¿Cuáles son estos planes y recursos? Los asociados en primer lugar a los 80.000 millones de euros en préstamos a los que España tiene acceso en el marco de Next Generation y en segundo lugar, a los fondos de subvención adicionales que resulten del cálculo del impacto de la pandemia en 2021 y que podrían superar los 4.000 millones de euros. El destino de dichos recursos estará condicionado por las nuevas prioridades que está desvelando la acción bélica rusa, como son la transición energética o la autonomía estratégica (con el consiguiente reforzamiento de la capacidad industrial).

En un entorno cada vez más complejo, con un escenario incierto en cuanto al nivel de precios general y de la energía en particular, España deberá afinar muy bien en qué, cómo y a qué velocidad desea invertir los nuevos recursos que aún debe asignar. La Comisión ya ha manifestado su determinación para reducir la dependencia energética en 2030, recuperando el tiempo perdido, con fuertes inversiones en renovables, biogás e hidrógeno verde. España tiene la oportunidad de jugar un papel importante en este escenario, y contará con recursos adicionales para hacerlo. Todo ello sin olvidar avanzar y acelerar la ejecución del PRTR, no sólo para seguir encabezando el ranking europeo en el próximo informe comparado, sino para cumplir con sus ambiciosos objetivos iniciales que son hoy más relevantes todavía.

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