A vueltas con el amianto... 35 años después

En agosto de 1983, la ciudadana británica Jill F. Drower viajaba en tren desde Madrid a Algeciras cuando se percató de que el techo del vagón desprendía polvo blanco cada vez que el convoy sufría una sacudida. La turista estaba muy sensibilizada por las noticias que entonces corrían en Reino Unido acerca del polvo de asbesto (amianto azul); recogió muestras y las hizo analizar en un laboratorio. Resultado: 95% Crocidolita, amianto, un producto aislante versátil, barato...y cancerígeno.

La historia de Jill Drower la recogió la prensa de la época junto con las explicaciones de directivos de Renfe y llamamientos a la calma. Según explicaban, la concentración de asbesto en los vagones eran muy inferior a los valores legalmente admitidos y sólo 45 coches de fabricación alemana de los 1.500 en servicio estaban afectados.

Desde aquel lejano viaje de la turista británica han pasado 35 años, pero la amenaza del amianto sigue presente. Y hay que preguntarse por qué. En 1983, Renfe limitaba a 45 los vagones afectados por el producto cancerígeno. Este mismo mes, Metro de Madrid acaba de remitir a los miembros del Comité de Salud Laboral del suburbano una relación de más de 90 coches del modelo 2000 que pueden contener esta sustancia cancerígena para conocimiento de los empleados, según detallaron fuentes sindicales y del suburbano.

Autorizado hasta 2001

Parece increíble que un problema tan grave persista después de tres décadas. El amianto fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta el 2001, cuando se prohibió el uso en España de la última modalidad autorizada, el amianto blanco. Previamente, en los años 80, se habían prohibido las versiones más peligrosas del producto.

El uso abundante en la siderurgia, las acerías, la industria naval, la construcción de trenes, los talleres de reparación de coches y la construcción ha provocado, según las cifras más aceptadas, 4.000 muertes directamente relacionadas con el amianto entre los años 1994 y 2008. Pero no hay una cifra cerrada y la previsión es que durante los próximos 20 años los casos sigan en aumento.

En el libro "Cuatro Lunas. El drama del amianto en Euskal Herria", el periodista Juanjo Basterra sostiene que sólo en el País Vasco, hasta 40.000 trabajadores estuvieron expuestos al amianto. En la comunidad autonóma, sostiene el periodista, desde 1993 a 2016 han fallecido por asbesto 1.463 personas entre trabajadores y familiares.

Son muertes anunciadas en otra época; una época caracterizada por la permisividad con un producto cuyos efectos no se conocían tan en profundidad como ahora. Hasta ahí la comprensión. Porque en torno al amianto hay mucho silencio.

Un centenar de sentencias

Más de un centenar de sentencias avalan que muchas compañías engañaron a los trabajadores y les hicieron trabajar sin medidas de seguridad y prevención. Basterra aporta datos de un despacho de abogados especializado en reclamaciones por amianto. El bufete de Nuria Busto y Blanca Ruiz de Eguino ha tramitado 113 procesos con sentencias firmes. De ellas,80 fueron favorables a los demandantes y 16 se cerraron con acuerdos judiciales.

La verdad, como los vagones del Metro de Madrid contaminados, no puede permanecer oculta para siempre. Gracias a las reclamaciones individuales y sin apoyo de la Administración, poco a poco sale a la luz el drama del asbesto. En España, sólo a partir de 2016 se han registrado iniciativas políticas para intentar arreglar el desaguisado causado por el mineral cancerígeno. En mayo de 2016, la primera institución del Estado que exigió la creación de un fondo para compensar a los miles de afectados y sus familias fue el Parlamento Vasco. Pero la proposición de ley aprobada entonces no pudo ser tramitada ante las Cortes porque la Mesa del Congreso la rechazó.

Más recientemente, en octubre de 2017, el Congreso aprobó por fin una proposición de ley que, entre otras cosas, contempla la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Como en tantos otros asuntos, las iniciativas políticas llegan con retraso. Francia, Bélgica y Holanda aprobaron medidas para compensar a los afectados hace años.

España es diferente. Mientras se tramita la ley, las víctimas recorren un camino largo y tortuoso para que se les reconozca el origen de sus enfermedades. Mutualidades, Seguridad Social e Inspección de Trabajo se convierten en obstáculos, a veces insalvables, para probar que las empresas incumplieron normas de seguridad de higiene en el trabajo que estaban vigentes y cuya ausencia provocó enfermedad y muerte.

En memoria de Santiago Carcar Luquin, fallecido el 4 de marzo de 2018 y víctima del amianto.