Martes, 18.06.2019 - 07:33 h
En la frontera

El control horario y cómo el kilo de pan llegó a pesar 800 gramos

El patio está revolucionado. El empresarial y el político.Todo porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha atrevido a aprobar un decreto para que en el mercado laboral, un contrato sea un contrato y que lo firmado obligue a las partes a cumplir lo acordado. La norma intenta asegurar que el empresario paga por las horas que pacta con el empleado y que el empleado cumple. Si el contratado trabaja más de las horas firmadas, tiene derecho a cobrar el exceso. Si trabaja menos –bajas, reducciones de horario o incumplimiento- el empresario tiene derecho a pagar menos. Parece sencillo. Pero no lo es. No lo es al menos en el mercado laboral español, cocido en el microondas de las reformas laborales desde 2012 y sazonado con mitos hasta la náusea.

​Los datos provocan sonrojo. En España se trabajan 6,8 millones de horas extraordinarias a la semana, según datos de los sindicatos basados en el INE. Tres millones no se pagan. Equivalen a 74.700 empleos. Un escamoteo de salarios, impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social intolerable, delictivo. Organizaciones empresariales, asociaciones de autónomos y partidos políticos, con el PP en vanguardia, han cargado contra el decreto del Gobierno. Sostienen que no casa ni con la modernidad, ni con el trabajo del siglo XXI. El mantra es la flexibilidad. Como si flexibilidad y legalidad fueran términos antagónicos.

En un mundo plagado de innovaciones técnicas, aplicaciones informáticas que miden pasos, respiraciones, inspiraciones, latidos del corazón, localizaciones y hasta el grado de humedad en cada calle, hay quejas por la dificultad que supone registrar los tiempos de trabajo de los empleados. Las preguntas surgen solas: si en una empresa no ha habido hasta fecha control de los tiempos de trabajo ¿con qué criterios ha pagado al trabajador hasta la entrada en vigor del decreto? ¿El de la confianza? No parece probable. El anónimo autor del Lazarillo lo explicó muy bien allá por el siglo XVI. Y desde entonces, el Tormes ha movido mucha agua.

Apariencia de legalidad

En España, la capacidad de ajuste a la apariencia de legalidad y no a la legalidad misma está probada. Hay muchos ejemplos, pero hay uno especialmente llamativo. A principios del XIX en plena Primera Guerra Mundial, los precios de los cereales se dispararon. Cosas del libre mercado. El pan subió mucho. Hubo protestas y el ruido llegó hasta lo más alto. Hasta el Gobierno presidido por el conservador Antonio Maura.

Trabajadores en una cadena de montaje.
Trabajadores en una cadena de montaje. / EFE

El Ejecutivo, incapaz de cortar la especulación y hacer aflorar el trigo y la harina que estaban ocultos a la espera de mayores precios, aceptó subir el pan. Impuso el mismo precio en todas las tahonas. Como era impopular admitir que el kilo de pan había pasado de 36 céntimos a 54 céntimos el kilo, el decreto de Maura estableció que el kilo de pan pesara a partir de ese momento 800 gramos. El kilo de 800 gramos. Al mismo precio.Todo arreglado. En la época, un cronista escribió: “por no frenar una ilegalidad, el Gobierno legalizó una inmoralidad”.

Golpes como granizo

Los tiempos han cambiado. Ha pasado un siglo. Pero la incapacidad de los Gobiernos para frenar las ilegalidades o para legalizar las inmoralidades  se mantiene. Cuando alguno lo intenta, los golpes caen como el granizo. Menos mal que, como en otras ocasiones –véase lo sucedido en mercado hipotecario- los tribunales europeos de justicia ponen un poco de racionalidad en el debate. En el caso del control horario, el Tribunal de Justicia de la UE, ha dado la razón a Sánchez y a la ministra Valerio: los Estados miembros de la UE deben obligar a las empresas a llevar un registro de jornada para garantizar los derechos de los trabajadores respecto a su horario habitual y a las horas extra que realizan.

El pataleo por cumplir con la legalidad forma parte del enredo habitual. Todo lo relacionado con los derechos en el trabajo es controvertido. La ecuación es simple: mantener los derechos adquiridos, no ya mejorarlos, equivale a socavar la productividad, la estabilidad de las empresas y el futuro mismo del país. Así de crudo; así de simple. Por eso hay intentos de imponer el borrón y cuenta nueva. Los mismos derechos para todos, pero a la baja. En ese campo florecen propuestas como la del contrato único. Una forma de despedir a los empleados con poca antigüedad sin demasiado coste y sin control judicial. A discreción.

El decreto que fijó la jornada máxima de trabajo en 40 horas se firmó el 3 de abril de 1919. Han pasado 100 años. Un siglo después, hay quien defiende que romper lo que fue gran avance social es una necesidad en la economía global. En el nombre de la flexibilidad, de la modernidad, del ciego de Tormes y de los panaderos de Maura. Ya sabe usted: en cada kilo, 800 gramos... de inmoralidad.

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