El grupo italiano Enel, propietario de Endesa, que un día fue la joya del sector empresarial público, ha reabierto el debate sobre el apagón nuclear en España. Es una bofetada a protocolo abierto para la vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la transición energética, Teresa Ribera. No es el primer encontronazo entre la vicepresidenta y Enel-Endesa, pero ha causado sorpresa porque hace apenas 14 meses que el Gobierno de Pedro Sánchez, con Ribera a la cabeza, cerró un acuerdo con las compañías propietarias de instalaciones nucleares –Iberdrola, Endesa y Naturgy y EDP- para apagar las cinco centrales y siete reactores en operación entre los años 2027 y 2035.
El encargado de poner públicamente entre paréntesis el protocolo de cierre armado trabajosamente por Ribera ha sido el consejero delegado de Endesa, José Bogas, hombre afable, correoso en lo suyo y elegido por los italianos para pilotar el giro de la eléctrica desde el podium de las empresas más contaminantes hacia la energía verde. Bogas compareció ante la prensa para explicar por qué la eléctrica ha decidido mantener en su balance la amortización a 50 años de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós, ambas en Tarragona. Justificó la decisión en un confuso criterio técnico y de gestión. Se trata, dijo,de “ir ajustando” la política de amortización de sus participaciones en estas centrales nucleares según se vayan acercando las fechas de cierre pactadas con el Gobierno y con el resto de empresas.”Estamos abiertos a todo” admitió el directivo.
La explicación de Bogas no es completa. Endesa no comparte los mismos intereses que Iberdrola y Naturgy en el sector nuclear. En su contabilidad amortizaba todas las centrales nucleares a 50 años. Sus rivales lo hacen a 40 y a Endesa le interesa que las centrales funcionen el mayor tiempo posible, más allá de los 40 años de la vida de diseño. Esas diferencias ya hicieron saltar chispas con Iberdrola en la central compartida de Almaraz (Cáceres) hasta el punto de amenazar el plan de cierres. En este caso hubo acuerdo. Pero otra cosa distinta son las centrales catalanas que Endesa controla con mayoría -Ascó I (100%), Ascó II (85%) y Vandellós II (78%), localizadas en Tarragona-.
El pacto de cierre con el Gobierno incluía una reforma normativa para que la clausura de centrales no exigiera la unanimidad de los accionistas. La consecuencia es que allí donde Endesa manda, se ha puesto el paréntesis al apagón. Bogas no ha explicado por qué. No puede porque supondría un enfrentamiento abierto con el Gobierno y con Ribera. Pero la clave está en que Endesa y sus propietarios italianos consideran muy difícil que el Gobierno cumpla con los objetivos a 2030 de reducción de emisiones y promoción de renovables contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): 23% de reducción de gases respecto a 1990 y 42% de renovables sobre el uso final de la energía.
“Siempre he dicho que el objetivo fundamental es el PNIEC y la consecución del objetivo de reducción de emisiones; hay una serie de condiciones en esa 'hoja de ruta' que, de cumplirse, llevarían al cierre (de las nucleares)” aseguró Bogas esta semana. Si se le da la vuelta a la frase, se entiende mejor. Si los objetivos del PNIEC encallan, las nucleares serán necesarias para generar electricidad porque no emiten gases de efecto invernadero. Y Endesa quiere estar preparada porque ve difícil que el PNIEC alcance todos los objetivos adelantados.
Lo que no se puede negar es que Endesa ha sido coherente en sus planteamientos. La compañía se resistió durante meses a firmar cualquier documento que consolidara un calendario de cierre de nucleares. Abogó siempre por aprobar un documento "orientativo", flexible, de mínimos, y con el menor peso legal específico posible. Su última finta consolida la estrategia de esperar acontecimientos sin descartar ninguna opción. Quince años son muchos años y ningún Gobierno ha superado la marca. Ni siquiera el PSOE de Felipe González. Para Endesa, el calendario del apagón nuclear puede estar escrito. Pero no en piedra.
Los recelos de la eléctrica frente a los planes del Ejecutivo de Sánchez coinciden con la indefinición que rodea a otra de las piezas clave del apagón nuclear: el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que debe sustituir al vigente desde el año 2006 y de cuyo borrador sólo lo conoce la empresa (pública) que lo ha elaborado: Enresa. A falta de más detalles, lo único que se conoce es que Enresa ha puesto fin al concurso que abrió en 2014 para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), donde iban a ir a parar los residuos más peligrosos de las centrales.
Las dudas sobre un futuro ATC se mantienen. En el proyecto se han invertido 90 millones desde 2012 , pero ha ganado puntos la idea de gestionar los residuos nucleares "a la japonesa", con almacenes individuales (ATI) para cada instalación que se desmantele. En estos momentos ya funcionan en España cinco ATI. La realidad es que las piscinas y los ATI en los que se mantienen los residuos de las centrales están cerca de la saturación. Según Foro Nuclear, solo en 2017 se produjeron 757,48 metros cúbicos de residuos. Todo un problema.
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