Nadal propina un puntapié medido al sector eléctrico

El sector de la energía y en particular el sector eléctrico es un inmenso y complejo mecano. El ministro de Energía Álvaro Nadal le ha dado un puntapié. Medido. Suficiente para hacerlo tambalear, pero sin voluntad de derribo. Ha anunciado recortes en la retribución de las redes de trasporte y distribución de gas y electricidad de 220 millones anuales.

Nadal discute los pagos a las eléctricas, algo siempre popular, pero pasa de puntillas sobre el espinoso asunto del almacén de gas Castor, un fracaso nunca bien explicado que acabó con una indemnización de 1.350 millones para la constructora ACS y sus socios de Canadá en el proyecto. Quizá porque no todas las empresas, ni tampoco todos los empresarios, son lo mismo.

El correoso Nadal devuelve a las grandes compañías los pelotazos que recibe la Administración con cada reforma que se aprueba en el sector. Quiere, dice, agilizar los procedimientos para cortar abusos reales o supuestos. Porque las eléctricas, bien surtidas de abogados y asesores, recurren automáticamente cada medida que aparece en el BOE y que afecta a su cuenta de resultados. Habitualmente ganan y el consumidor paga.

El antiguo responsable de la oficina económica de Rajoy asegura que quiere - y debe- poner coto a negocios redondos, seguros y retribuidos a tipos de interés exagerados para los tiempos que corren. Competencia, en un documento de septiembre de 2017, lo expresó de forma contundente: "Las distribuidoras de gas tienen ratios de rentabilidad holgados para una actividad de bajo riesgo y son superiores a los de otras actividades reguladas comparables". Lo dijo del gas, pero Nadal lo ha extendido al sector eléctrico, en el que quiere "podar" cargas por importe de 170 millones .

Cuando se acaba la fuerza

Pero toda la combatividad y la fuerza que el titular de Energía aplica en las referencias a las eléctricas en el Congreso desaparecen cuando se trata de afrontar el asunto Castor. El Tribunal Constitucional tumbó en diciembre el decreto por el que se indemnizó a ACS y a sus socios en 2013 por el cierre de una instalación que provocaba terremotos. En este punto, Nadal se ha puesto de perfil. Se limita a señalar que se han paralizado los pagos anuales a los bancos que asumieron la deuda generada por el fracaso del proyecto. Augura, eso sí, un rosario de pleitos por el caso.

Tanta prudencia pone sobre el tablero la pregunta de por qué ciertas empresas y ciertas actividades parecen estar blindadas al riesgo y hasta a la crítica. Y con el Estado convertido, además, en su gran avalista. Así ha sucedido con el Castor, un caso que no es excepcional.

Como si fuera un relato de despropósitos, el Boletín Oficial del Estado del 27 de diciembre recogía en la orden ministerial de peajes para 2018 la sucesión de negocios fallidos y mal calculados que han acabado pesando en el bolsillo de todos en forma de recargos de más de 300 millones al año. Por mencionar algunos de esos negocios, además de Castor, figuran la ampliación de las regasificadoras de Cartagena y de Huelva; el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia o la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).

La polémica en el sector energético por Castor forma parte de un problema mayor. Durante décadas, los grandes grupos han logrado firmar con la Administración -gestionada por diferentes Gobiernos- convenios y concesiones que, a través de cláusulas discutibles, planes económicos financieros irreales y estimaciones de negocio hinchadas, aseguraban el negocio -si iba bien- y la recuperación de la inversión si iba mal.

El rescate de las radiales de Madrid

El actual Ejecutivo de Rajoy sostiene que la polémica del almacén de gas y la indemnización a ACS cae de lado socialista. Porque fue un Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero el que lo autorizó. Pero olvida que contratos tan polémicos o más afectan a Gobiernos del PP. Basta mirar a las carreteras radiales de Madrid, pendientes de rescate, o la liquidación de la empresa mixta ACS-Eiffage encargada del túnel del AVE bajo los Pirineos y cuyos administradores reclaman a España y a Francia 500 millones de deuda.

La palanca para reclamar al Estado compensaciones por proyectos fracasados es la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, en vigor hasta la aprobación de la Ley 40/2015, hace tres años.

El catedrático de Teoría Económica Carlos Sebastián, autor del libro España estancada resumió así la cláusula que se convirtió en un chollo para algunos empresarios: en caso de negocio fallido, obliga a la Administración -o lo que es lo mismo, a todos los contribuyentes- a hacerse cargo de la parte no amortizada de la inversión, a no ser que el fracaso de la misma sea imputable al concesionario. Y casi nunca lo es. Todo forma parte de una holgada forma de entender los negocios. Como bien sabe el ministro Nadal.