Sábado, 20.10.2018 - 11:23 h
En la frontera

¿Pero quién frenó las renovables?

El descontrol de los precios de la electricidad ha alarmado a los consumidores, a las empresas y al Gobierno. Ningún papel contiene tanta pólvora política como el recibo de la luz. La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comido el sapo de las subidas de precios récord en septiembre. Pero el sapo ya saltaba, alegre, desde mucho antes de que Sánchez y sus 84 diputados reventaran la fiesta. Los siete años de Gobiernos del PP han sido años perdidos en el desarrollo de las energías renovables. Ahora se echan de menos. Porque en otros países, que también consumen petróleo, carbón y cuyas empresas pagan por emitir Co2, las renovables y el autoconsumo están siendo fundamentales para contener los precios.

Ha llegado el momento de los reproches. Ribera lo hizo en el Congreso. Aseguró que las dificultades para frenar la escalada de los precios en este momento se deben al parón de las renovables con el “cese de los pagos” en 2012. En una de las novelas negras de Michael Connelly, el protagonista considera indispensable para un investigador tener un “trolómetro” -de trola- bien calibrado para detectar mentiras. En España es fundamental para cualquier analista u observador. Proliferan las verdades a medias.

Con los “trolómetros” ajustados, la afirmación de Ribera no se sostiene. El PP, efectivamente, frenó el desarrollo de las renovables desde su llegada al poder en 2011. Lo justificó en el monstruoso déficit del sector eléctrico que se encontró, por encima del 2,5% del PIB, aunque no dijo que la bola del déficit la puso a rodar Rodrigo Rato (2002).

Hachazos a la retribución

Pero el parón renovable había empezado mucho antes, con el establecimiento de cupos en 2008 y hachazos a la retribución en 2010, siendo ministro Miguel Sebastián. La explosión fotovoltaica, sorprendió al Gobierno entonces y abrió la puerta a una moratoria que ha retrasado a España muchos puestos en la carrera renovable. En 2012, el dimitido ministro José Manuel Soria (PP) remató la faena.

Fotografía planta solar en Almería
Planta solar en Almería./ EFE

En el largo proceso hasta el frenazo de 2012, es fácil encontrar medias verdades y mentiras. Un ejemplo: aunque el descontrol fotovoltaico se atribuyó al Gobierno Zapatero que, por supuesto, alguna responsabilidad tuvo, pocos recuerdan que quien autorizó las primas a los proyectos fotovoltaicos –y los denostados huertos solares- fue el Gobierno de José María Aznar (PP) en uno de los últimos consejos de ministros (12 de marzo) del año 2004. Fue en un decreto -el RD436/2004- con el que se pretendía actualizar y sistematizar el régimen jurídico y económico de producción eléctrica en régimen especial. Acabó en desastre.

El Gobierno de Rajoy no admitió hasta 2017 que la corriente internacional obligaba al país a volver a la senda de las energías limpias. Convocó subastas a toda prisa para instalar 8.700 nuevos MW eólicos y fotovoltaicos para cumplir con los objetivos en 2020. Pero el mal está hecho. El país ha perdido el tren en tecnologías concretas y se resiente la actividad industrial y el empleo. Un ejemplo, Vestas, la multinacional danesa que ha decidido probar negocio en otros lares. Hay cálculos que cifran en 70.000 los empleos perdidos por la inseguridad creada en el sector renovable en los últimos ocho años.

Deslocalización de empresas

La deslocalización de empresas y la pérdida de empleo son asuntos graves para cualquier país. Pero la verdadera dimensión del desastre la proporcionó también con datos la ministra de Transición Ecológica en su tercera comparecencia en dos meses en el Congreso: las demandas a consecuencia de los recortes a la retribución renovable ascienden a 15.000 millones de euros. Un punto y medio del Producto Interior Bruto (PIB). Del total, 10.000 millones corresponden a 42 demandas internacionales.

En el sector de la energía, las medias verdades proliferan como las setas. Algunas llegan a organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía Atómica. El organismo con sede en Viena ha recibido el informe cuatrienal de España sobre la gestión de residuos nucleares. En el documento recurre a las dificultades políticas para justificar la incapacidad de elaborar un plan de residuos coherente y sustituir al que está vigente desde 2006. Pero no es verdad. La empresa pública ENRESA elaboró y entregó un plan de residuos al Gobierno del PP en 2014. Pero de él no hay noticia.

El peso del informe a la OIEA lo llevó el antiguo Ministerio de Energía de Álvaro Nadal, un experto en medias verdades que defiende ahora la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica como si hubiera sido una brillante idea del nuevo PP de Pablo Casado para bajar el recibo de la luz... sin comentar que el impuesto lo aprobó en 2012 el Gobierno del PP. El "trolómetro" no es sólo necesario, es indispensable.

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