Dice un proverbio chino que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del globo. Puede ser cierto. Lo seguro es que el vuelo de un solo dron puede agitar el mundo. El ataque de drones voladores a dos refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco, en Abqaiq y Khurais, ha provocado un tsunami en el mercado internacional del crudo. Por su repercusión sobre los precios, el escalofrío no tiene igual en los últimos 30 años, desde la primera Guerra del Golfo. Como todo el mundo, España se ha estremecido. Han pasado 46 años desde la gran crisis del petróleo (1973) y el país sigue silbando.
La dependencia energética y del petróleo sigue siendo el flanco más débil y desprotegido de una economía como la española, basada en los servicios. España supera en más de 20 puntos la tasa de dependencia energética de la UE. El porcentaje se sitúa en el 76%, según el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2017 mientras que la media de la UE ronda el 53%. Es un lastre. España carece de hidrocarburos y el desarrollo de su sistema energético ha sido espasmódico.
Durante años, los responsables del sector energético, encuadrados en poderosas patronales, defendieron que las apuestas por diferentes tecnologías de generación de electricidad -hidroeléctricas en la dictadura, nucleares en la transición, gas en los últimos años- habían sido al fin un gran acierto. Con planificaciones un tanto atropelladas e interesadas, el país habría logrado cubrir sus necesidades energéticas con fuentes diversificadas. Todo al viejo estilo. Con su poquito de improvisación y de influencias, su pizca de ingenio y su cucharada de buena suerte. Como capas de cebolla bien encajadas.
Por supuesto, hay otra lectura. Es la que sostiene que el sector energético se ha desarrollado de burbuja en burbuja sin intentar corregir el grave lastre que supone la dependencia energética. Según este análisis, un puñado de empresarios acostumbrados a meter la mano en el Boletín Oficial del Estado (BOE) habrían utilizado un mercado cautivo para aumentar sus beneficios dejando un rastro que aún se ve en la economía: energía cara y dependencia extrema del exterior.
Se puede hacer un repaso burbuja a burbuja. La más lejana en el tiempo, la de los pantanos y las hidroeléctricas dejó importantísimos beneficios a las eléctricas que pagaron cánones por el uso del agua reducidísimos y aún cobran a precio de oro por producir en centrales ya amortizadas. Entre 1950 y la década de los 70, las empresas cobraron compensaciones por encima de los costes registrados según facturas, dentro del sistema denominado OFILE –Oficina Liquidadora de la Energía Eléctrica-; posteriormente, cobraron también parte de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC).
Trato de favor
Asegurado el beneficio, las empresas aún obtuvieron un trato de favor en 2000 para extender la vida útil de las concesiones obtenidas en el franquismo. Mediante el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD 606/2003), las empresas que modificaron la altura o el caudal en las presas para contener más agua lograron ampliar automáticamente el límite temporal de las concesiones.
La siguiente burbuja fue la nuclear. Se proyectaron decenas de instalaciones -más de una treintena-, se cerraron algunas cuya construcción estaba muy adelantada, caso de Lemóniz en Vizcaya, y el Estado tuvo que acudir presto al rescate financiero de las compañías. El mecano se venía abajo. El Gobierno socialista de Felipe González suspendió el programa nuclear en 1982 y en 1994 y 1995 se aprobaron los mecanismos de compensación a las empresas por la moratoria. Durante los siguientes 20 años, hasta 2015, los usuarios hemos pagado el roto con 6.000 millones de euros.
Hubo más. Con el horizonte del nuevo siglo, las empresas se lanzaron en tromba a construir centrales de gas. Tenían viento en las velas. Había facilidades para financiar, los costes de construcción eran baratos y los plazos para su puesta en funcionamiento eran relativamente cortos. Apoyadas en la planificación -orientativa, no impuesta- del Gobierno de turno y en una demanda pujante, las empresas se lanzaron a la piscina. Las cifras de la jugada marean todavía hoy. Se construyeron 70 instalaciones con 26.000 MW de potencia –la cuarta parte de la total del país-; invirtieron en torno a 15.000 millones y, hoy por hoy, el porcentaje de utilización no llega al 15%.
De burbuja en burbuja y un poco a la deriva, el sector energético sigue siendo muy vulnerable. En los últimos años se han producido avances. El desarrollo renovable ha sido importante y la generación eléctrica con fuentes no contaminantes supera ya el 43%. Además, los planes de descarbonización -Gobierno mediante- pueden dar un espaldarazo al desarrollo sostenible del sector y del conjunto de la economía. Con permiso de los drones, de sus dueños y de las mariposas.
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