Es difícil no caer en el “España es diferente”. Vivimos en un país que es la cuarta economía de la zona euro, con un sistema sanitario envidiado y con la tasa de mortalidad anual más baja de la UE; un país que se cuenta entre los más seguros del mundo y con una ciudadanía sufrida que ha aguantado sin grandes protestas un brutal ajuste de salarios y de condiciones de trabajo; un país, en suma, que merece la pena, pero al que convierten en diferente las estrechas relaciones entre políticos, empresas y bancos que desgastan las instituciones. En ese terreno resbaladizo, reino del gris, se arma la diferencia.
Bastan tres ejemplos recientes para demostrar la necesidad de ventilar el sistema: el apoyo del Consejo de Estado a las reclamaciones de la banca en el fiasco del almacén de gas Castor; la voladura controlada de las restricciones de tráfico en Madrid por la alianza de PP y Ciudadanos y la renuncia de los mismos aliados a seguir investigando la operación de venta de1.860 viviendas públicas en el año 2013 a un fondo buitre por parte de la anterior alcaldesa, Ana Botella. Las tres decisiones son tres secretos a voces, tres movimientos cantados que van acompañados de facturas a la ciudadanía.
Nadie había preguntado
El Consejo de Estado es el “supremo órgano consultivo” del Gobierno y se ha pronunciado sobre el caso del almacén de gas Castor, un proyecto fracasado que construyeron y cobraron ACS y la canadiense Dundee Energy, con una factura para los ciudadanos de 1.350 millones de euros. La consulta al Consejo trataba de determinar si la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) hizo bien en anular los pagos relacionados con el almacén dado que el Tribunal Constitucional tumbó en 2017 el decreto que los amparaba. La respuesta del Consejo de Estado ha sido afirmativa. La CNMC hizo bien. Pero ha añadido una consideración sobre la que nadie le había preguntado: la banca, que adelantó los 1.350 millones de compensación a las constructoras a cambio de recuperarlos con intereses en 30 años (un buen negocio), deben cobrar cuanto antes. Más aún: el Gobierno debe legislar con urgencia para cubrir el desembolso.
No todos los consejeros han estado de acuerdo con romper la lanza a favor de la banca aprovechando la pregunta a una cuestión concreta. El exjefe de la Casa Real con el Rey emérito Juan Carlos I, Alberto Aza, miembro del Consejo, ha emitido un voto particular al dictamen que es una carga de profundidad en el caso y la prueba de que los secretos corren a voces por los pasillos del poder. Aza sostiene que la recomendación para que la banca cobre cuanto antes la deuda es “una cuestión no debatida en el expediente, ni planteada por la CNMC- y que se excede de los límites del procedimiento de revisión de oficio”. Un exceso a favor de los bancos. Un secreto a voces.
Tan secreto como la decisión del nuevo Ayuntamiento de Madrid (PP-Ciudadanos) de tumbar las iniciativas del anterior equipo de Manuela Carmena para restringir el tráfico en el centro de la ciudad. El alcalde José Luis Martínez Almeida lo ha hecho en cuanto ha podido. Antes de junio de 2020 desaparecerán las restricciones a los vehículos con etiqueta C con dos ocupantes –alta ocupación le llaman-, se reducirán las limitaciones horarias a las motos y se tratará a los comerciantes como residentes. Menos restricciones, más coches, más contaminación. Son medidas apañadas entre protestas de comerciantes y empresas del automóvil, que van a tener un coste elevado para la ciudadanía. En dinero y en salud.
Hay más. Almeida tampoco ha dudado sobre la decisión a tomar en el controvertido asunto de la venta de 1.860 viviendas públicas al fondo Blackstone en 2013 por la anterior alcaldesa del PP, Ana Botella. El Tribunal de Cuentas, primero condenó y luego absolvió al equipo que autorizó la operación. Según la primera sentencia, Botella y su equipo malvendieron los bienes públicos, por lo que Botella y sus ediles debían pagar 22,7 millones. Medio año después, la Sala de Enjuiciamiento del mismo Tribunal absolvió a los acusados por dos votos a uno. El pleno del Ayuntamiento de Madrid, celebrado a finales de julio, aprobó recurrir la decisión. Almeida ha decidido ignorar el acuerdo. Fin del caso. Limpio y rápido.
Los tres asuntos mencionados han tenido un desenlace previsto. El Consejo de Estado ha apoyado al sector financiero aunque nadie le había pedido opinión; el Ayuntamiento de Madrid de PP y Ciudadanos ha mantenido la apuesta por el vehículo privado pese a las advertencias de la Unión Europea y el nuevo alcalde de la capital ha sofocado uno de los casos más bochornosos relacionados con la administración municipal y los fondos públicos de los últimos años. No hay espacio para la sorpresa. Si acaso, lo hay para los secretos a voces, los que desgastan y degradan a las instituciones.
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