Un Gobierno en clave de (Puerta del) Sol

Cuando ocurre algo inesperado y tan grande como para conmover una sociedad, el recuerdo se graba a fuego. Quienes se movieron en las plazas de las grandes ciudades en mayo de 2011 lo saben. Miles de personas mostrando su indignación y su rechazo contra un sistema en crisis, con la economía a punto de derrumbe y los derechos sociales resquebrajándose por tensiones mal gestionadas y peor explicadas. El estremecimiento social, aquel 15 M, tardó cinco años en tomar forma política y llegar al Congreso. Cuatro años después de su entrada en el Parlamento, el movimiento de los indignados ha cuajado en el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia.

Aquellos que asistieron a la explosión de malestar en la Puerta del Sol de Madrid hace una década recordarán las fachadas de los edificios emblemáticos del centro forradas de pancartas reivindicativas. Algunas eran ingeniosas, otras simplemente destilaban rabia. Convivivían cartelones publicitarios de grandes constructoras con exigencias de “democracia real” o llamamientos a la revolución. El sistema asistió a las protestas con una mezcla de asombro, incomprensión y escepticismo. Tiempos en los que María Dolores de Cospedal (PP) desafiaba a los movimientos sociales a presentarse a las elecciones.

Algunas de aquellas pancartas forman parte de los cimientos de la etapa política que se ha abierto esta semana. “Si acabas una carrera en España -rezaba uno de los carteles- tienes tres salidas: por tierra, mar o aire”. Fue el grito de los jóvenes, conscientes de que eran el fusible de una economía cortocircuitada. El tiempo les dio la razón. La reforma laboral de 2012 desequilibró las relaciones entre trabajadores y empresarios, pero sobre todo, condenó a una generación a convivir con la precariedad y la pobreza de una forma que es urgente corregir. Diez años después, los datos son demoledores. La tasa de desempleo de los menores de 25 años en España roza el 33%. Entre las economías desarrolladas, sólo Sudáfrica muestra peores cifras. 

Especuladores

En el número 1 de la Puerta del Sol también convivieron en aquellos días dos carteles. Uno de una conocida constructora; otro, por encima del primero, con una sola palabra: “especuladores”. La cuestión de la vivienda, convertida en un activo financiero más, se colgó del andamio. Fue el apunte de un problema que no ha dejado de crecer y que no afecta sólo a los jóvenes, sino a las capas de la sociedad más golpeadas por la crisis. Aquella pancarta fue premonitoria. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió dos años después, en 2013, 18 promociones inmobiliarias, con 1.860 viviendas públicas, a dos fondos buitre. Un escándalo que todavía pesa sobre la exalcaldesa. Aquel cartel también está en los cimientos del acuerdo PSOE-UP.

Como lo está el lema que encabezó una de las manifestaciones de aquellos días -"Adiós Mafia, Hola democracia"- que torció el gesto de muchos analistas al considerar las movilizaciones un exceso de estudiantes y profesores de ciencia política, ahítos de lecturas mal asimiladas. La realidad ha demostrado que era una crítica fundada. En 2011, las cloacas del Estado ya tenían accesos directos a lo más alto del poder económico. El escándalo Villarejo prueba que buena parte de la élite empresarial del país ha trabajado con criterios muy alejados de la transparencia, la legalidad y la decencia. Algo que el nuevo Gobierno tiene que garantizar a toda costa.

Precariedad, jóvenes y vivienda

Precariedad, jóvenes, vivienda y transparencia empresarial. Los problemas más graves de la España del siglo XXI se identificaron perfectamente hace diez años. Luego se hicieron quiste. La recuperación económica -con crecimientos por encima del 2% y del 3% desde 2014- no se ha traducido en menos desigualdad. Tampoco en más justicia social. Ni siquiera ha servido para mejorar los desequilibrios macro de la economía; tampoco para que una parte de sociedad acepte de buen grado pagar los impuestos necesarios para mantener la sanidad o la educación públicas.

El programa adelantado por la coalición de izquierdas de PSOE y UP no ha inquietado ni a los inversores internacionales, ni a las grandes empresas. Los gritos de rigor en contra han partido de las organizaciones empresariales habituales y con la pobreza argumental de siempre, confrontando el buen funcionamiento de la economía con los derechos laborales y sociales.

El nuevo Gobierno de coalición no va a tener 10 días de tregua. Está obligado a actuar con rapidez. Lo demandan las organizaciones sociales y sindicales que han empujado a favor de la coalición, pero también amplios sectores empresariales e industriales que exigen medidas urgentes –por ejemplo en materia energética- tras demasiados meses de parálisis. Sánchez e Iglesias tendrán que aguantar las presiones para que el Gobierno nacido en clave de Sol no desafine.