Amnistía Internacional sitúa a Irán entre los cinco países con mayor número de ejecuciones del mundo, la mayor parte de las cuales son declaradas por delito de narcotráfico.
Las nuevas condiciones de la ley, pendiente de aprobación por el Consejo de los Guardianes, el máximo estamento clerical de la república islámica, estipulan que solo se planteará la pena de muerte si el sospechoso lleva un arma o la emplea contra los agentes, si es el líder o el mecenas de una banda criminal o si emplea menores para mover la droga.
Pero lo más destacado es el cambio de las cantidades incautadas por las que la pena de muerte podría aplicarse. Heroína, cocaína y anfetamina pasan de 30 gramos a dos kilos. Sustancias naturales como el opio y el cannabis pasan de cinco kilos a 50.
Es tal el impacto de la enmienda, que además se aplicará de forma retroactiva, que afectará a gran parte de los 5.300 presos que esperan en el corredor de la muerte por tráfico de drogas. Quienes cumplan las condiciones fijadas en la enmienda, verán su pena sustituida por un máximo de 30 años de cárcel.
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