El fraude de los cursos de formación en Andalucía, que indaga la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía, comenzó a ser rastreado después de permanecer cerca de dos años en un cajón de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, el mismo departamento que hoy dirige las pesquisas. Quizá el vértigo ante la complejidad de los trabajos que se derivaban de la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, quizá las repercusiones políticas, quizá la falta de efectivos, quizá todo ello junto, lo cierto es que durante todo ese tiempo la Policía no comenzó a desarrollar un análisis exhaustivo de la documentación y dejó pasar los meses.
La delegación en Málaga de la Tesorería General de la Seguridad Social había enviado ya los datos que hacían sospechar de una posible trama de clientelismo en torno a los curso de formación subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta, pero cualquiera de las razones citadas pudo haber paralizado el inicio de las indagaciones.
Tuvo que ser el actual jefe de la Sección, Miguel Ángel Gómez, quien pusiera patas a las diligencias y comenzara a rastrear en la información aportada por la Tesorería. Tras más de un año de trabajo (y van tres si sumamos los casi dos que pasaron desde que surgieron las primeras informaciones) a cargo de uno de los tres grupos que compone la Sección, comenzaron las primeras declaraciones de los alumnos. Fueron llamados a prestar testimonio 280 personas que presumiblemente habrían asistido a los cursos de formación para luego aspirar a conseguir un trabajo.
No todos los llamados a declarar acudieron a dependencias policiales, ya que algunos de ellos –cerca de 40– no fueron localizados, bien por encontrarse en el extranjero, bien por estar en paradero desconocido, bien porque la Policía no pudo identificar su domicilio o número de contacto. Entre los que sí ofrecieron su testimonio, que fue la mayoría, hubo muchos que revelaron distintas irregularidades que pudieron haberse cometido en la adjudicación de las subvenciones procedentes del Servicio Andaluz de Empleo y entregadas a las empresas que impartían los seminarios.
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La Policía tenía la obligación de confirmar si esas anomalías se produjeron realmente y por eso decidió continuar con la investigación. De ahí que semanas después llamara a declarar a algunos de los profesores que dieron clase en los cursos de formación. Estos, en su mayoría, también ratificaron algunos de los aspectos puestos en evidencia por los alumnos.
Desde que la información de la Seguridad Social saliera del cajón policial, el interés del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ido creciendo. También el de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, de quien depende la Tesorería General. De hecho, durante algo más de un año, tiempo que lleva vigente la investigación, representantes de ambos departamentos se han reunido en diversas ocasiones para tratar el asunto de los cursos de formación.Más policías y más espacio para trabajar
Sobre la mesa de esos encuentros ha estado varias veces la necesidad de dotar de más personal a la Sección policial que dirige las pesquisas, así como habilitar unas instalaciones más amplias para que estos agentes puedan realizar mejor su trabajo y tengan espacio para acoger los refuerzos. Por el momento, parece estar más avanzada la entrega de un lugar con el doble de metros cuadrados que el que actualmente utilizan los funcionarios, gestión que le toca realizar al Ministerio de Trabajo. La segunda parte, la de dotar de más personal a la Sección, depende de Interior y aún no termina de concretarse.
El interés por parte del departamento dirigido por Fernández Díaz es claro, a pesar de retrasar el envío de refuerzos, aunque también ha ido in crescendo conforme tomaban forma las pesquisas. Por el momento, los agentes remiten informes periódicos al departamento dirigido por Fernández Díaz y la Comisaría General de Policía Judicial sigue muy de cerca todos los movimientos que se producen tanto en la Sección de la Seguridad Social como en las dependencias policiales de Málaga, donde se están recogiendo las declaraciones de los testigos.
Los investigadores indagan las irregularidades que han podido cometerse en la concesión de las ayudas otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo entre 2009 y 2012. Las pesquisas han comenzado por una de las adjudicaciones que tuvieron lugar en 2010 en Málaga, donde los agentes dependientes de la UCDEF han encontrado indicios de posibles irregularidades, entre las que destacan el hecho de que algunas ayudas se concedieron a empresas que aún no habían sido constituidas.
La idea de los investigadores es ampliar sus pesquisas a todo el territorio andaluz conforme vayan completando pasos. No en vano, ya algunos de los análisis que están realizando sobre la citada adjudicación de Málaga abren el camino a otras provincias y otros años. Las diligencias, por lo tanto, se tornan complejas y largas. El fiscal Anticorrupción que las dirige, Juan Carlos López Caballero, se ha hecho cargo de ellas personalmente, aunque mantiene el secreto sobre las mismas.
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