La gestión de Puigdemont en 'la trama del agua': contratos leoninos y obras de arte

Prorrogó un contrato leonino que los gerundenses pagaron con sus recibos del agua. Utilizó a la empresa mixta de suministro de esa capital para comprar para el municipio una colección de arte. Con su actuación habría beneficiado al socio privado del Ayuntamiento que, durante años, habría desfalcado esa compañía. Esas son las tres decisiones que señalarían al presidente de la Generalitat y exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, en el caso Agissa, la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de esa capital a denuncia de la CUP que ayer llevó a la Guardia Civil a registrar varias empresas y a requerir documentación al propio consistorio.Las irregularidades en la gestión del agua de Girona que han llevado a la Operación Aquarium nacen en 1998 cuando el alcalde era Joaquim Nadal (PSC). El Ayuntamiento prorrogó entonces la concesión del servicio de aguas a Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa), una empresa mixta cuyo capital se dividía en el 20% correspondiente a esos tres municipios y el 80% que manejaba la sociedad privada Girona SA, esta última propiedad de Aguas de Barcelona, Caixabank y FCC.Esa prórroga incluía una cláusula abusiva que perjudicaba a todos los consumidores, según un informe de Hacienda que obra en el caso. El reparto del dividendo no se hacía respecto al beneficio de la empresa mixta, sino del margen bruto de negocio, es decir, de los ingresos que obtenía la compañía -básicamente con el recibo del agua- sin descontar los gastos de explotación, los ingresos… Esa irregularidad, que generó un desvío de unos 10 millones al socio privado, Girona SA, dejó a la compañía de suministro en pérdidas millonarias.Pese al saqueo, ya con Puigdemont en la alcaldía, el contrato con Agissa (y por tanto con su máxima accionista y beneficiaria, Girona SA) se vuelve a prorrogar en 2013. Se trata de algo difícil de entender, dado que el actual presidente catalán, como regidor de Girona, formaba parte del consejo de administración primero como presidente y luego como consejero. La decisión incluyó ciertos controles para frenar el desbarajuste de gastos anterior: previó auditorías en la empresa y le obligó a subcontratar mediante concurso público y no a dedo,como hasta entonces.Sin embargo, esa nueva prórroga aprobada por el Ayuntamiento también incluye otro movimiento sospechoso. La deficiente situación económica en la que se encontraba Agissa impedía de hecho que pudiera pagar a los ayuntamientos (Girona, Salt y Sarrià de Ter) el canon por la utilización de las instalaciones municipales, por lo que el acuerdo del municipio incluyó un mecanismo cuando menos sorprendente para que pudiera abonarlo.La máxima beneficiaria del supuesto desfalco perpetrado hasta entonces, Girona SA, tendría que hacer un préstamo a Agissa de 3,74 millones de euros para que pudiera pagar ese canon entre 2013 y 2020. A cambio, la gran beneficiada del supuesto fraude recibiría de la concesionaria de aguas todavía más dinero: el correspondiente a un interés del 12%. Todo ello a costa de aumentar aún más la deuda de Agissa.Una colección de arte con dinero del aguaEsos 3,74 millones prestados por Girona SA a la empresa de aguas para que pagara el canon municipal y que sufragan con sus facturas de agua todos los vecinos de Girona tendría que haberse empleado en la mejora de las canalizaciones y el aparataje de la red de aguas. Pero, según fuentes de la investigación, el gobierno local de Puigdemont los habría empleado para algo muy distinto: la compra de una colección de arte.Cuando todavía era alcalde, en febrero de 2014, el President de la Generalitat anunció que el Ayuntamiento adquiriría el fondo del crítico de arte Rafael Santos Torroella. La operación, según el entonces regidor, no supondría un incremento de gasto para el municipio ya que se sufragaría con el canon del agua, lo que sublevó a toda la oposición. Mientras, el boleto que Agissa enviaba a cada familia se iba incrementando año tras año para hacer frente a ese pago.   La mecánica del fraude y el expolio de Agissa por parte de Girona SA (Agbar, Caixabank y FCC) con la presunta complicidad de dirigentes municipales parece acreditada por los indicios acumulados hasta el momento. Pero queda una incógnita por descifrar. ¿Se enriquecieron estos últimos con ese dinero? ¿Lo dedicaron a la financiación ilegal de sus partidos? Hasta el momento, en el caso Agissa están imputados dos exconcejales del PSC, el exconsejero delegado de Assisa, Narcís Piferrer y su ex director técnico, dos empresarios y un abogado. Todos ellos responden de los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos. Por el momento, ni Joaquim Nadal y Carles Puigdemont, han sido señalados por Anticorrupción o el juez. Los avances en la investigación demostrarán si hay razones para ello.