Por su parte, Gustavo Ardúan, abogado que ejerce la acusación particular de la familia de los fallecidos, ha calificado este anuncio de "buena noticia", ya que, según ha remarcado en declaraciones a los periodistas, después de la intervención de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) "puede que haya visto disminuidas las posibilidades de defensa de su representación ante la contudencia de las pruebas que hay".
A su juicio, "esto es un mecanismo de tener que anular la prueba de ADN como consecuencia de un paso adelante, aún en contra de los informes de sus propios peritos". Por tanto, lo considera "una buena noticia y pone de manifiesto la desesperación de la defensa".
Del mismo modo, entiende que esta petición atiende a una estrategia porque la defensa, ejercida por Francisco Baena Bocanegra, partía de la base de la transferencia para justificar la llegada del ADN a las toallas que estaban en la vivienda de los fallecidos, de manera que "daban por bueno ese ADN" y "ahora no le cuadran las cosas tras la declaración de los agentes de la UCO y dan marcha atrás".
Por último, según ha explicado, "plantean ahora algo que tendrían que haber planteado antes que es la nulidad de la obtención del ADN" de F.J.M. Cuestionado por si hay alguna prueba que certifique que no se ha roto cadena de custodia, ha respondido que "de momento" se remite a "lo que dice su propio perito que es una obtención impoluta, perfecta tanto del comportamento de la Guardia Civil como del Instituto de Toxicología".
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