Defensa dice que exalcalde de Alcaucín no tenía formación y la norma urbanística no estaba clara

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha acogido una nueva sesión del juicio del caso 'Arcos', en el que la Fiscalía acusa finalmente a 33 personas, tras retirar la acusación para once de los procesados inicialmente. La vista oral se encuentra ya en fase de informes finales.

José María Ramírez Pedrosa, letrado de Martín Alba, basa su defensa en una causa formal y otra de fondo. En cuanto a la primera, se centra en que "se han vulnerado derechos que afectan a las garantías del proceso", como son los principios de intervención mínima y, sobre todo, el acusatorio, porque "hay diez delitos por los que nunca se ha interrogado a mi cliente" en la fase de instrucción.

Además, alega la prescripción de una parte importante de delitos. En cuanto al fondo, entiende que su cliente "no ha prevaricado porque para eso hace falta que la autoridad actúe sabiendo la injusticia y es materialmente imposible que un alcalde lego en derecho, sin formación alguna conozca que las normas subsidiarias no tienen aplicación efectiva".

Al respecto, ha indicado que eso era algo que "ni siquiera sabían los técnicos, los notarios, los registradores ni la Diputación, e, incluso, la Junta de Andalucía no lo ha sabido hasta que se ha desarrollado este juicio", apuntando que los propios profesionales de dicha administración "realizaron informes sobre la base de normas que no son eficaces".

"Es imposible a nivel material que se pueda tener conocimiento de que se actúa a sabiendas de la injusticia de una resolución cuando se desconoce la norma", ha manifestado el letrado, quien, además, ha apuntado que la forma de actuar de todos "era la misma". "No es que hubiera un comportamiento impune, es que todo el mundo pensaban que las actuaciones que desarrollaban no eran contrarias a derecho", ha dicho.

Asimismo, la defensa se opone también al delito de falsedad de documentos, ya que la intervención del exregidor respecto de los emitidos por el que era secretario municipal "ha sido siempre y a los solos efectos de dar el visto bueno". La responsabilidad administrativa, ha apuntado, según todas las normativas existentes, es de dicho funcionario.

Además, ha apuntado que de los certificados supuestamente firmados por el entonces regidor "la mayoría son falsos, como se ha acreditado no sólo por la pericial de la Guardia Civil sino por la de parte que ha presentado esta defensa".

La Fiscalía considera que todos los acusados "han contribuido al daño que ha ocurrido en esta zona de la Axarquía con la construcción incontrolada de viviendas", pero ha señalado al exalcalde como el que "alimentó" el proceso y sin el que "nada de esto hubiera pasado", asegurando que "no es ningún ignorante".