El Supremo revisará el próximo día 24 a puerta cerrada la condena a los responsables de la macrosestafa CPV

  • La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo día 24 a puerta cerrada los recursos presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en enero de 2008 que condenó con penas de entre dos y diez años de cárcel a cinco responsables de la macroestafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV).

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo día 24 a puerta cerrada los recursos presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en enero de 2008 que condenó con penas de entre dos y diez años de cárcel a cinco responsables de la macroestafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). Esta promotora cerró en octubre de 2002 sus oficinas dejando a casi 2.000 personas sin piso en los PAUs de los barrios del norte de Madrid pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas. El ponente de la sentencia que dictará el Tribunal Supremo al respecto será el magistrado Joaquín Giménez. la Sección Decimoquinta de la Audiencia de Madrid impuso la mayor condena, de diez años de prisión, al director general de CPV, Francisco García Moreno, por un delito de estafa agravada, mientras a sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel, y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, les condenó a 8 años y medio de cárcel por la misma infracción penal. La sentencia recurrida condenó también a los testaferros de la sociedad Adelina Erlés y Alfredo Vázquez, a tres años y dos años de prisión, respectivamente, por un delito de estafa. Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió y concluyó con la condena de los responsables de la promotora.

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