Denuncian a dos jueces argentinos que excarcelaron a represores y piden su remoción

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- Abogados y víctimas de la última dictadura argentina denunciaron penalmente y pidieron la remoción de sus cargos de dos jueces del máximo tribunal penal del país que concedieron la excarcelación a acusados de delitos de lesa humanidad, informaron hoy fuentes judiciales.

La ofensiva contra los jueces Luis García y Guillermo Yacobucci fue encabezada por los abogados María González Vivero y Rodolfo Yanzón, así como por ex prisioneros políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina de 1976 a 1983.

Los magistrados cuestionados integran la Cámara Nacional de Casación Penal, tribunal que, por el voto de la mayoría de sus miembros, otorgó a fines del año pasado la excarcelación a 17 represores, entre ellos a los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, finalmente suspendida por un recurso de la Fiscalía.

La semana pasada estos mismos jueces dictaron idéntica medida en favor de los represores Daniel Cuomo, procesado por 81 casos de tormentos y 102 secuestros, y Miguel Clements, quienes actuaron en la órbita de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), de Buenos Aires, la mayor cárcel clandestina de la dictadura.

En dos presentaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones, los denunciantes pidieron que se abra una causa penal contra Yacobucci y García por "prevaricato" (dictar fallos contrarios a derecho) y por "abuso de autoridad".

La andanada de acciones judiciales incluye un pedido al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de designar y destituir a los jueces, para que separe "de inmediato" de sus cargos a los magistrados denunciados.

Aquella decisión judicial de la Cámara Nacional de Casación Penal fue considerada una "vergüenza" por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien la atribuyó a "cierta perversidad" del sistema judicial.

Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la llamada "guerra sucia", aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.