La Fiscalía pide hasta 11 años de cárcel para la junta que debe organizar el 1-O

La sindicatura electoral de Cataluña, nombrada por el Parlamento de Cataluña tras la aprobación de la ley del referéndum y suspendida por el Tribunal Constitucional, pidió a las asociaciones interesadas en participar en la consulta independentista del 1-O que le enviaran información “encriptada”.

Así consta en la querella que la Fiscalía de Barcelona ha presentado contra cinco de sus miembros por los delitos de usurpación de funciones y malversación de caudales públicos, lo que podría comportar una pena de hasta 11 años de prisión.

La querella relata cómo el pasado 8 de septiembre, ese órgano, llamado a organizar el referéndum con las funciones equivalentes a una junta electoral, publicó un comunicado en el que daba las instrucciones a las organizaciones que quisieran colaborar con la consulta, para acreditarse y mostrar su apoyo a la convocatoria.

Opcionalmente, les daba la posibilidad de enviar un pliego de firmas con los nombres de sus miembros que quisieran participar en los espacios de propaganda electoral reservados para esas asociaciones en los medios de comunicación.

La sindicatura también publicó otro acuerdo en el que prorrogaba el plazo para presentar sus acreditaciones y daba las instrucciones para enviar ese pliego de firmas. En él se solicitaba que, “preferentemente”, ese pliego se enviara a una dirección de correo electrónico de forma digitalizada “en un archivo encriptado, de forma que no pueda se descifrado salvo por la propia organización que lo transmita”.

Y añadía: “La sindicatura electoral requerirá que un representante de la organización interesada facilite personalmente el acceso al referido archivo, en el lugar y hora que se le indique, y que esté presente en las actuaciones que se puedan practicar de validación, cancelación y/o devolución de la información transmitida”.

El otro acto presuntamente ilegal que habrían cometido los miembros de la sindicatura es nombrar a los componentes de los organismos homónimos de las cuatro provincias catalanas y del Valle de Arán. Esa resolución se adoptó al día siguiente de que el Tribunal Constitucional, a solicitud del Gobierno de Mariano Rajoy, suspendiera el decreto por el que fue nombrado ese órgano, y por tanto desoyéndola.

La Fiscalía considera que esos dos actos de la sindicatura constituyen un delito de usurpación de funciones, que castiga con penas de entre 1 y 3 años de cárcel al que “ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial”. Esos actos, según el Ministerio Público, se ejecutaron “amparándose en un nombramiento suspendido constitucionalmente, careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen”.

También un delito de desobediencia cometido por particular -ya que sus cargos formalmente no existen al haber sido su nombramiento suspendido- que castiga con penas dentre tres meses y un año o multa a quienes “desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, en este caso al Constitucional. Su actuación, mantiene Fiscalía, supone “una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado” por el alto tribunal.

Por último, considera que los síndicos, con su actuación, habrían cometido también malversación de caudales públicos, castigada con hasta 8 años de cárcel. Y se justifica por sus retribuciones. Además, según la querella, serían cómplices del Govern, al colaborar con este “con actos necesarios e imprescindibles” para que “disponga ilícitamente de fondos para llevar a cabo su plan secesionista”. En total, los tres delitos inicialmente imputados podrían comportar penas de hasta 11 años de cárcel.