La Fiscalía anuncia una querella contra los miembros de la Mesa del Parlament

La Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que esta mañana han aprobado la admisión a trámite del proyecto de ley de referéndum, según fuentes de la Fiscalía General del Estado. El texto que estará listo entre hoy y mañana, apreciará los delitos de desobediencia y prevaricación. La admisión a trámite implica obviar las órdenes que el Tribunal Constitucional dio a la Generalitat y la Cámara catalana de no dar ningún paso más en el proceso hacia la consulta del 1-O y la independencia. Es el primer paso del Estado contra lo acordado hoy en el Parlament a la espera de que el Gobierno presente su recurso.

La admisión a trámite se ha acordado en la Mesa con los votos a favor de Junts pel Sí, el apoyo de Catalunya Sí Que Es Pot y los votos en contra de Ciudadanos y el PSC. Los diputados pertenecientes a los grupos que han sustentado la propuesta son la presidenta de la Camara, Carme Forcadell (ya denunciada por prevaricación y desobediencia al Constitucional), Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Por su parte, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, se ha negado a firmar la admisión, un trámite necesario para darle validez.

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El propio Muro y los servicios jurídicos de la Cámara, encabezados por el letrado mayor, Antoni Bayona, han presentado esta misma mañana un informe a la Mesa en el que avisan de que tanto la admisión a trámite como la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad “pueden dar lugar a la existencia de responsabilidades penales”, advertidas en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Así lo ha entendido la fiscalía, que ha decidido presentar querella contra todos ellos.

El escrito se presentará a lo largo del día de hoy o mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano al que están aforados todos los diputados implicados. La Sala de lo Civil y Penal deberá decidir ahora si la admite a trámite y, en ese caso, nombrará un instructor que se encargará de la investigación de los hechos y las posibles responsabilidades derivadas. Después será esa Sala la que tome la decisión de condenarlos o, en su caso, absolverlos.