Ciudadanos podría verse obligado a reintegrar todas las subvenciones de sus grupos

  • El partido debería devolver las subvenciones si se demuestra que no fueron empleadas para gastos de sus grupos municipales. 

    El Tribunal de Cuentas podría fiscalizar todo el dinero recibido y exigir las facturas. Según una denuncia presentada por un grupo de afiliados, el dinero se desviaba a una cuenta del partido. 

Rivera apoyaría un gobierno de consenso PP-PSOE-Ciudadanos pero sin sus líderes y presidido por un independiente
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EUROPA PRESS

Ciudadanos podría verse obligado a reintegrar todo el dinero recibido de las subvenciones a sus grupos municipales si prospera la denuncia presentada por afiliados del partido por un presunto caso de financiación irregular.

La denuncia fue presentada el pasado 2 de marzo ante Fiscalía Anticorrupción. El sector crítico considera que la carta ética y financiera que Ciudadanos exige firmar a todos sus candidatos podría suponer una “posible ilegalidad sobre la forma de financiación del partido”. Se refieren en ello a la financiación del propio partido a través de las subvenciones asignadas a los grupos políticos de los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos autonómicos.

La denuncia se basa en la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos políticos, así como en la Ley reguladora de las Bases del Régimen local.

Pese a que la primera reconoce como recursos de los partidos las aportaciones de los grupos de entes locales, los expertos consultados señalan que, al interpretarse con la segunda, se desprende que estas asignaciones no podrán destinarse en ningún caso a otros fines más allá de los gastos de funcionamiento del grupo (material, gastos corrientes, campañas publicitarias o gastos de representación).Escaso control

Así, señalan las mismas fuentes, la asignación de un grupo no podría transferirse a la cuenta del partido. De la misma manera, esas partidas no podrían servir para financiar a fundaciones ni a otras entidades vinculadas al partido.

El control del destino de estas subvenciones es, no obstante, escasísimo y deriva en la práctica en situaciones de ilegalidad generalizadas. La realidad es que los grupos sólo responden de sus cuentas cuando se lo requiere el pleno, algo que no resulta habitual, y el Tribunal de Cuentas sólo actúa cuando media una acción legal por parte de otros grupos o de la propia corporación. La consecuencia es un nulo control del destino de este dinero municipal.Existen precedentes

Aún así, existen precedentes. Hace dos años, el Tribunal de Cuentas fiscalizó todo el dinero procedente de subvenciones de los grupos municipales del Ayuntamiento de Torrevieja, que no justificaron el gasto de sus subvenciones municipales. Algunas fuentes apuntan a que podría suponerse en estos casos un delito de malversación de fondos públicos.

Según la denuncia ante Fiscalía Anticorrupción, “las asignaciones a los distintos grupos municipales y autonómicos del partido son controladas no por los propios grupos, a través de sus miembros, sino por la dirección nacional, siendo éstos quienes deciden el destino y fin de dichas asignaciones.En concreto, figuran como apoderados de las cuentas de ingresos Carlos Cuadrado y José Manuel Villegas, miembros de la Ejecutiva. Son las cuentas donde, según el protocolo de apertura de cuentas bancarias y gestión de grupos de Ciudadanos, se ingresan todas las cantidades en concepto de subvención de dichos grupos -en las de gasto no se pueden hacer ingresos y solo se usan para gestionar los pagos de personal y gastos en general de los dichos grupos"

Según los denunciantes, el partido habría podido utilizar estas cantidades para el pago de las campañas electorales.Ciudadanos niega financiación ilegal 

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado este lunes que

"no hay financiación ilegal ni un traspaso ilícito. No ha salido ni un euro ni un céntimo hacia las cuentas del partido".

Según Villegas, la carta ética es un mecanismo de “vigilancia” y control con el dinero público que recibe ciudadanos. El partido destituyó al delegado territorial de Murcia por pagar de forma irregular facturas de la campaña electoral a través de grupo parlamentario y no a través del partido.

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